viernes, 28 de diciembre de 2012

Modificaron los reglamentos para la selección y la acusación de los jueces

Luego de la polémica por la Ley de Medios y el pedido de democratización del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura votó cambios en la última sesión del año. Estas reformas fueron formalizadas este jueves en el Boletín Oficial
El Consejo de la Magistratura dispuso numerosas modificaciones para sus sistemas de funcionamiento en lo que hace a la elección de jueces, su acusación para remoción y los tiempos máximos para el tratamiento de expedientes.

La decisión de impulsar estas reformas se tomó en medio de los cuestionamientos que el gobierno nacional realizó a la Justicia en general y a dicho órgano en particular luego de distintos reveses, demoras y chicanas judiciales en la causa impulsada por el grupo Clarín contra la desinversión dispuesta por la Ley de Medios.

En lo que respecta al concurso de magistrados, la nueva modificación establece la utilización de un concurso múltiple para cuando "exista más de una y hasta cinco vacantes para la misma función, sede y especialidad".

"Una vez producidas nuevas vacantes con posterioridad al llamado a concurso, la Comisión resolverá la acumulación a un concurso en trámite con el límite previsto en el párrafo anterior. Excepcionalmente, la Comisión determinará por resolución fundada la acumulación de vacantes que excedan el máximo señalado. En el caso de acumulación de cargos, el número de postulantes que participarán en la entrevista personal con la Comisión, según lo establecido en el artículo 40, se ampliará en al menos uno (1) por cada vacante adicional a cubrir", establece la resolución 181.

De darse esta situación, el Consejo deberá definir una terna de candidatos y elevársela al Poder Ejecutivo con otra "lista complementaria integrada por un número de postulantes igual al de vacantes adicionales".

Por otra parte, la resolución 196 dispone modificar el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación de magistrados. De acuerdo a la nueva reforma, "en caso que a un magistrado denunciado se le acepte la renuncia al cargo, tanto en condición de juez titular como de subrogante, convocado o como juez ad hoc, la Comisión, mediante dictamen circunstanciado, declarará abstractas las actuaciones y recomendará su archivo".

Además, se cambió el reglamento general de funcionamiento del Consejo de la Magistratura para establecer un plazo máximo de cuatro meses "sin posibilidad de postergación" para la consideración de dictámenes.

"En caso contrario, si no hubiera dictámenes para su consideración, o si los mismos no reunieran la cantidad de votos requeridos legalmente para su aprobación, el Plenario resolverá el archivo de las actuaciones", aclara la resolución 181.

Según se publica este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Manuel Urriza, las reformas fueron decididas en la reunión que mantuvieron los integrantes del Consejo de la Magistratura el jueves pasado. Sin embargo, en la síntesis oficial de prensa de ese día nada se informó al respecto.
Fuente: INFOBAE Profesional

miércoles, 26 de diciembre de 2012

“La Justicia está pasando por un momento difícil”

Se refirió a la relación entre poderes y al fallo del caso Marita Verón • Opinó sobre las propuestas del Gobierno para “democratizar la justicia” •

ASUNCIÓN DE AYALA. De Felipe asistió a la ceremonia en Posadas.
POSADAS. Con motivo de asumir la nueva comisión directiva del Colegio de Abogados de Misiones encabezada por el posadeño Martin Ayala, visitó esta ciudad el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Ricardo De Felipe.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, opinó sobre temas de actualidad vinculados a la justicia, ante situaciones que generaron fuertes debates públicos como la “democratización de la justicia” propuesta por la presidente Cristina Fernández de Kirchner; la elección de jueces por voto popular propuesta por la diputada kirchnerista Diana Conti; la independencia judicial en las provincias; el caso Martita Verón; la crisis del Consejo de la Magistratura; y hasta el presupuesto judicial.

¿Qué opinión tiene de la “democratización de la Justicia”?
En primer lugar habría que saber de qué se trata, qué implica “democratizar la Justicia. Eso puede tener distintas interpretaciones. Desde la FACA estuvimos analizando y quedamos a la espera de ver en primer lugar cuál sería la idea o proyecto que tenga el gobierno para analizarlo.
Si democratizar la justicia implica que la justicia sirva a todos los ciudadanos del país, que todos tengan acceso a la justicia con un servicio de justicia pleno, como corresponde para un gobierno democrático, por supuesto que vamos a estar de acuerdo.

Ahora si implica decir que la gente tiene que elegir quién va a hacer justicia es otra cuestión. Habrá que analizarlo, puesto que nuestra Constitución establece un sistema determinado para el poder Judicial lo cual implicaría una reforma.
Si se quiere hablar de Juicios por Jurado, bueno, podemos analizarlo y debatirlo, no estamos en contra porque los Juicios por Jurados están en la Constitución. Pero habría que hacer un debate abierto y público en el sentido de cuáles aspectos (pro y contras) que tienen.

Aparecieron dos proyectos: Conti sobre jueces electos por voto y los exámenes periódicos para jueces. ¿Qué postura tienen?
Hay que analizarlos en detalle y en concreto. ¿Cómo es el voto y en qué condiciones? Si fuera por el voto de los ciudadanos hay que reformar la Constitución, un proceso más complejo que no se determina ahora.
La capacitación de los jueces está perfecto, pero hay que ver si esto no implica una presión del poder político para que los jueces fallen de una determinada manera. Hay que estudiarlo muy detenidamente.
No tenemos inconvenientes en que el debate se haga y la FACA estará abierta a debatir, pero no nos olvidemos que es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y resurge ahora en un contexto donde la justicia tiene algunos fallos que están siendo no aceptados o bien vistos por el Gobierno y viene a surgir este tema. Cuando hubo otros fallos que favorecieron al gobierno y nunca se habló de democratizar la justicia o elegir los jueces.
Hay que ser muy cuidadosos y muy cautos para interpretar o analizar estas cuestiones.

Tras los duros términos en que el Jefe de Gabinete se refirió a una Cámara Federal ¿existe respeto institucional entre Poderes?

De hecho, no. Las manifestaciones que se hicieron públicas por parte de gente de altos cargos, fueron muy directas y la Federación se expresó en rechazo a esas manifestaciones porque implicaban amenazar y tratar de incidir o amedrentar al poder Judicial y eso afecta la independencia que debe tener el poder Judicial de la Nación. Indudablemente no vemos con buen tino que gente tan importante haga esas manifestaciones hacia otro poder del Estado.
La única manera que se garantiza la República en este país, es a rajatabla con la independencia de Poderes que deben existir.

El caso Marita Veron puso las justicias provinciales en el debate. ¿Qué pasa en el país con esa justicia provincial? ¿Hay jueces más presionados?

El contexto es general, es igual en todas las provincias y siempre se esta hablando de que cuando hay fallos que no satisfacen al poder político, se ataca a la justicia. Cuando no es así, no se dice absolutamente nada.
Indudablemente la justicia está pasando por un momento difícil, pero también es un problema presupuestario. El 2 o 3% de los presupuestos provinciales o nacional se destina a Justicia. Indudablemente no es visceral para los gobiernos políticos que tienen otras prioridades, hay otras cuestiones que tienen mayor importancia quizás. Y que la justicia se demore, no en materia penal, pero en materia laboral, jubilados y civiles que duran años y años no los afecta, no tiene un costo político importante por eso se destina menos dinero.

En esto tenemos que trabajar conjuntamente con el Poder Judicial y el poder político porque somos una pata de este complejo, porque los abogados somos una herramienta, en el sentido de poder agilizar y destinar más recursos para que haya más juzgados y personal.

Hay provincias con tribunales de competencias múltiples. Hoy con la especialización que hay en cada materia, es muy difícil que el juez pueda resolver cuestiones laborales, civiles, minería, todo. Merece un debate más ampliado y no a la ligera en un contexto político en el que estamos.

¿Hace falta una ley que establezca un piso mínimo para la Justicia en materia presupuestaria?
Por supuesto, debe ser una política de Estado. Sería lo ideal. Lo hablamos con el presidente de la Corte Suprema, (Ricardo) Lorenzetti, para que perdure en el tiempo más allá del color político de los gobernantes de turno.
La FACA en lo institucional tomó posición por el juicio político al tribunal de Caso Verón?
No. La FACA hizo un acompañamiento a la señora Susana Trimarco. Recuerdo que la FACA a principio de año en soledad. Y la postuló cuando nadie o pocos se referían a Susana Trimarco, como premio Nobel de la Paz del año que viene. Siempre estuvimos a disposición y hasta el día de hoy, luego del fallo, hemos estado en contacto con ella.

Vamos a esperar una lectura pormenorizada y detallada. Pero, por supuesto, nos duele profundamente que no se hayan encontrado los culpables de este delito y situación. En la medida que veamos que jurídicamente y legalmente corresponde una acción, por supuesto que la instamos a ella a que siga estos canales institucionales que correspondan para hacer valer si el fallo ha estado afectado de algún vicio, algún defecto, para que se corrija.

El juez Zaffaroni dijo en estos días que el Consejo de la Magistratura Nacional está en crisis. ¿Cómo ve la FACA al Consejo?

Lamento que lo haya dicho recién ayer. La FACA lo dijo en 2006 que no iba a funcionar con la composición y la forma con la que se organizó este Consejo de la Magistratura nacional. Compartimos que hay una deficiencia total y lo hicimos saber. Desde 2006 se inició una acción de inconstitucionalidad por la conformación del Consejo como esta funcionando en la actualidad.

En gestiones anteriores a la mía, la FACA viene pronunciándose. No se respeta el equilibrio que debe mantenerse entre los distintos estamentos y afecta su funciones.

¿La solución es volver al modelo anterior?
No tanto. Hay proyectos de ley donde se respeta a rajatabla el equilibrio que establece la Constitución Nacional, que no era exactamente como era el modelo anterior.
Hemos elaborado un proyecto donde se respeta la equidistancia.
Siempre estamos dispuestos a recuperar ese equilibrio para recuperar un Consejo de la Magistratura nacional como lo prevé la Constitución Nacional.

Fuente: www.primeraedicionweb.com.ar

Colegios de abogados evalúan el carné único



Alistan cónclave nacional para uniformizar criterios de elección
Esperan aprobar código de ética para mejorar el control deontológico

Por primera vez, los representantes de los 31 colegios de abogados del país se reunirán en un congreso nacional para buscar la unificación de sus estatutos y posiblemente establecer un carné único para los profesionales del derecho.

El encuentro se realizará entre el 26 y 28 de setiembre del próximo año en Lima, informó el presidente de la junta de decanos de estos gremios, Raúl Chanamé Orbe, quien agregó que ésta será también la ocasión para que el nuevo Código de Ética Profesional del Abogado sea por fin aprobado por el colegio a su cargo.
Sostuvo que la junta de decanos se reúne permanentemente y viene compatibilizando los estatutos de cada una de las órdenes de los profesionales del derecho, a fin de unificar los criterios para la elección de las autoridades gremiales y la admisión de los miembros.
"En algunos colegios -por ejemplo- se elige al decano por un año, como es el caso de Lima, pero en casi todos los demás lo hacen por dos e incluso tres años", precisó el constitucionalista, quien consideró que dicho escenario justifica la unificación de los criterios de elección de los decanos.
Por ello, anunció que se realizarán mesas de trabajo con dicho propósito. "Además, hemos elaborado un código de ética único que ya fue aprobado por 30 colegios, faltando solo la aceptación por parte del gremio capitalino", detalló.
A su juicio, la unificación de los estatutos, códigos de ética y probablemente de los carnés de los colegiados, prácticamente fortalecerá la unidad institucional de todos los abogados del Perú, hoy separados en 31 órdenes profesionales.
"Eso garantizaría, además, un control deontológico de las sanciones y de la habilidad de los abogados", dijo.
Aseguró que a fines de enero próximo la junta que preside se reunirá para fijar la agenda puntual de dicho congreso y su reglamento, teniendo en cuenta que se invitará al encuentro a juristas internacionales.

Gremio capitalinoCon relación a su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el próximo año, Chanamé informó que se tiene previsto realizar dos diplomados gratuitos de carácter internacional. "El primero corresponderá al derecho procesal penal, justamente para prepararnos para el cambio hacia el nuevo modelo que empezará aplicarse en Lima a partir del año 2014", detalló.
Además, indicó que se inaugurará la segunda maestría en esta misma especialidad y un doctorado en derecho, con lo cual se pondrá mucho mayor énfasis al área académica en el CAL.
El decano de la Orden anunció que en el 2013 se concretarán alianzas estratégicas con instituciones importantes como Editora Perú. "Queremos que mediante el diario oficial El Peruano, que imprime esta casa editora, se publique el boletín de los abogados y se difunda por la red amplia que tiene este diario para el tema jurídico", precisó.
El CAL se prepara igualmente para analizar el fallo que en su momento expedirá la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre el diferendo marítimo con Chile.
Otra actividad importante prevista para los próximos meses, será la segunda evaluación de jueces y fiscales que, a juicio del decano, tendrá un significado especial, porque si se ratifican los resultados desaprobatorios, esto obligará al Consejo Nacional de la Magistratura tomar cartas en el asunto.

Galería
Como parte del convenio que suscribirá próximamente con Editora Perú, Chanamé adelantó que este 10 de enero del 2013 inaugurará en el CAL una galería dedicada a exdecanos y grandes juristas peruanos con diez pinturas realizadas por el artista plástico Tito Piqué, que serán expuestos en un lugar preferencial
de este gremio.
Estarán perennizados en cuadros los juristas Luis Bramont Arias, José León Barandiarán y otros más.

"El decano Raúl Chanamé anunció que en el próximo año se realizará la segunda evaluación de jueces y fiscales."

Fuente: El Peruano

Una candidatura andaluza gana en el Colegio de Abogados de Madrid

La candidatura de Sonia Gumpert e Ignacio Gordillo, socio del despacho andaluz Martínez Echevarría, con sede en Córdoba, ha sido proclamada finalmente vencedora en las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid.

La comisión electoral, una vez dirimidas las impugnaciones de otros candidatos respecto de supuestas irregularidades cometidas por la candidatura ganadora, ha proclamado la victoria a la candidatura de Sonia Gumpert e Ignacio Gordillo. Los resultados, abrumadores para los vencedores, han sido los siguientes: Gumpert y Gordillo, 6.400 votos; Antonio Hernández Gil (actual decano), 3.200 votos y Javier Cremades, 2.400 votos. Según Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia y socio de Martínez Echevarría, "la decisión de la comisión no hace más que ratificar la voluntad ampliamente expresada por los abogados madrileños".

Fuente: Diario de Córdoba

miércoles, 19 de diciembre de 2012

El decano de Abogados en funciones asegura que los tribunales decidirán si ha habido fraude electoral en los comicios

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Abogados de Madrid en funciones, Antonio Hernández Gil, ha asegurado este miércoles que los tribunales tendrán que decidir si ha habido fraude electoral en los comicios celebrados ayer en el colegio para elegir nuevo decano.

Según ha explicado, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, "la mayor parte" de las candidaturas han entendido que ayer se produjo "un conjunto de irregularidades en el proceso electoral".

La "gravedad" de esta situación, ha proseguido el decano en funciones, ha sido "apreciada" por la Comisión Electoral, pues ha decidido suspender la proclamación de los resultados y, además, ha puesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia.

"Puede haber habido un fraude electoral, pero eso lo tendrá que decidir una autoridad judicial", ha considerado el decano, quien ha asegurado que "probablemente" el caso ya esté en manos de un juzgado de instrucción.

El decano, que ha asegurado contar con el apoyo de todas las candidaturas, ha apuntado que esta es una situación que afecta a un "asunto concreto"respecto a una candidatura pero que el Colegio de Abogados y la Abogacía madrileña "esta por encima" de todo esto.

Fuente: Europa Press

Sonia Gumpert denuncia el intento de anular las elecciones atribuyéndo presuntas irregularidades a su candidatura

En las próximas horas podrán ver integra la rueda de prensa de Sonia Gumpert y los miembros de su candidatura
La Candidata al decanato del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha denunciado hoy el intento de anular la voluntad de los colegiados madrileños expresada en la Jornada electoral celebrada, en el día de ayer, en la que se registró la mayor participación conocida en unas elecciones a la institución colegial madrileña.

Tras agradecer a los abogados su participación masiva, Sonia Gumpert se ha mostrado preocupada e indignada por las prácticas poco democráticas de estas candidaturas, que resultaronderrotadas en las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid. “Esta candidatura va a luchar para que prevalezca cada uno de los votos que han sido emitidos en un proceso limpio y con todas las garantías, con estricto cumplimiento de las normas electorales que rigen este proceso”, manifestó la candidata.

Gumpert, que según el recuento de las mesas es la candidatura con más respaldo de la historia colegial, doblando a la candidatura del actual Decano Antonio Hernández-Gil, segundo en número de votos, y a Javier Cremades, ha señalado que las acusaciones vertidas por otros candidatos no son más que el último capítulo de toda una campaña de infamias que ha venido sufriendo durante toda la campaña electoral y con el propósito de no dar validez a la voz de los abogados madrileños.

La aspirante a ser la primera Decana del Colegio de Abogados de Madrid, con el respaldo mayoritario de la abogacía madrileña, ha afirmado que todos los compañeros ejercieron su derecho al voto de manera secreta y libre, y sin ningún tipo de coacción, cuestionar este punto es ir en contra la inteligencia, libertad e integridad de todos los abogados que han participado en este proceso electoral.

Gumpert ha condenado las actitudes agresivas de algunos miembros pertenecientes a otras candidaturas, lamentando que el comportamiento de unos pocos ponga en entredicho el buen nombre de la abogacía madrileña.

Fuente: Informativo Jurídico

lunes, 17 de diciembre de 2012

Modificación al Código Penal - Crímenes por condición de género


Ley 26.791
Sancionada: 14 de noviembre de 2012. Promulgada: 11 de diciembre  de 2012. Fecha de Publicación: B.O. 14/12/2012
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1°
Sustitúyense los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.
4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
ARTICULO 2° 
Incorpóranse como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.
ARTICULO 3°
Sustitúyese el artículo 80 in fine del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.
ARTICULO 4°

 Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.791 -
BEATRIZ ROJKES de ALPEROVICH. - JULIAN A. DOMINGUEZ. - Gervasio Bozzano. - Juan H. Estrada.

Fuente: Redacción NotiAbogados

“Se dio nula relevancia probatoria a testimonios de otras víctimas”


Para Colombo, el fallo del tribunal tucumano podría encuadrarse como “denegación de justicia”, lo que pondría al Estado “a las puertas de una responsabilidad internacional” si el caso se mantiene con ese resultado.
Por Mariana Carbajal
Está conmovido por el veredicto del tribunal tucumano que absolvió a los 13 imputados por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita Verón. El fiscal Marcelo Colombo es, probablemente, quien más conoce sobre el delito de trata en el país. Desde hace varios años conduce la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. Desde ese lugar, realiza el seguimiento de todos los juicios que se llevan adelante en el país, y brinda asistencia y acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias prostibularias. En una extensa entrevista con Página/12, desgranó ese mundo sórdido, donde las mujeres son convertidas en esclavas sexuales, reveló los prejuicios que persisten entre jueces para escuchar a las víctimas y que terminan protegiendo a los proxenetas, lamentó las complicidades político-judicial-policiales que los amparan, precisó la cantidad de condenas y procesamientos por trata que ya hay en la Argentina y advirtió que “la denegación de justicia” en el caso de la joven tucumana “coloca al Estado Argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado”.

La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente “fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad”, señaló Colombo en diálogo con este diario. El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata “mienten”, apuntó. Para dar una idea del dinero que mueven las redes prostibularias, el fiscal dio un ejemplo concreto: “Un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos”. A su entender, en los casos de trata “sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además de un imperativo constitucional”.

–¿Cuál es su opinión del fallo que absolvió a los 13 imputados por la desaparición y la promoción de la prostitución de Marita Verón?

–El caso es en sí mismo una muestra de cómo el Estado –en este caso a través de las agencias policiales y judiciales provinciales que intervinieron– frustró el derecho a acceso a la Justicia de Susana Trimarco y su familia para averiguar lo que le pasó a su hija y sancionar a los responsables de su secuestro. Recordemos que es un caso iniciado seis años antes de la sanción de la Ley de Trata que impuso la federalización del delito y el establecimiento de dispositivos de investigación del delito y asistencia a sus víctimas.

–El caso llegó a instancias de un juicio oral luego de diez años de batallas judiciales...

–Sí, y lo primero que hay que destacar es que si hasta ahí llegó fue por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, y de los abogados que la acompañaron en esa tarea. Recordemos, además, que para ello tuvo que investigar el caso por su cuenta, enfrentando y denunciando a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas lego-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella. En lo que hace al fallo, si bien no se conoce la totalidad de sus fundamentos, las líneas argumentales adelantadas en el momento de la lectura del veredicto y que el tribunal habría tenido en cuenta para pronunciarse, sumado al frustrante resultado final alcanzado, nos muestran la nula relevancia probatoria que les dio a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas. Esas chicas, además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando el rostro inhumano del sistema prostibulario: abuso, violaciones, rotación de mujeres como objetos entre prostíbulos. Un sistema que aún hoy sigue naturalizado y visto en clave inocente y edulcorada. Desde la PGN hemos sacado un comunicado, junto a la responsable del Programa de Políticas Género creado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, en donde enfatizamos que los valientes testimonios de las mujeres prostituidas habían sido ignorados, malinterpretados o subestimados. O quizá todo a la vez. La denegación de justicia que implicó este caso, en primera medida por la gran cantidad de errores e ilicitudes sucedidas durante la instrucción, y que Trimarco detalló con el rigor de un actuario en el juicio, y en segundo término por la sesgada interpretación que luego se hace en el juicio de la prueba testimonial de las mujeres, coloca al Estado argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado.

–De su experiencia en otros juicios de trata, ¿observa que a los jueces les cuesta creerles a mujeres que han sido obligadas a prostituirse?

–La causa recurrente de ello es el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial. Eso conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un testimonio especialísimo, y que como tal precisa de recaudos también especiales para su producción e interpretación. Son personas que soportaron prácticas abusivas extremas muy lejanas a las historias vitales de quienes integran la rama judicial. El prejuicio sobre la mujer prostituida se empieza así a construir sobre la base de una nula empatía con su situación, o una improbable capacidad del juez de colocarse en el lugar de esa víctima demasiada lejana y ajena a él.

–¿Qué consecuencias tiene esa situación?

–Se traduce en el modo desaprensivo y descuidado en que se las escucha. Sin el recaudo de retirar del recinto del debate a los imputados que la sometieron, ni de limitar las preguntas de la defensa a las cuestiones que hacen estrictamente a los hechos y no a sus vidas, que sea sólo el juez el que dirige las preguntas previo análisis sobre su admisibilidad, que sea acompañada en la testimonial con un apoyo psicológico profesional, entre otras importantes cuestiones prácticas. La segunda consecuencia del prejuicio del operador se nota en la interpretación de ese testimonio.

–¿Cómo se lo escucha?

–Se lo examina como un testimonio más, sin conciencia ni registro de la problemática psicológica que enfrentan esas mujeres cada vez que intentan el recuerdo de situaciones traumáticas. Todo lo cual lleva a muchos jueces a exigir de sus relatos un grado de precisión, detalle y cronología incompatibles con aquella traumática situación vivencial. Se acuerdan lo que pueden, pero no por eso mienten. Y esto se conecta con la responsabilidad internacional que tiene el Estado para abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, exigiendo que esa violencia no quede impune, que se respalde a las víctimas y se reivindique el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –integrado por expertos internacionales que juzgan los avances y retrocesos en la implementación por parte de los países de la Convención Cedaw– así lo ha señalado en reiteradas oportunidades, explicando que la aplicación de estereotipos en el juzgamiento de hechos que involucran a la mujer como víctimas afecta el derecho a un juicio imparcial y justo.

–¿Qué obstáculos hay dentro del ámbito de la Justicia para perseguir este delito?

–En los actuales casos de trata no se podría hablar de una demora como la que se observó en el caso de Marita Verón porque la ley es de hace sólo cuatro años. Los casos de trata que más complicaciones tienen para avanzar son aquellos en los que se encuentran complicidades políticas y en las fuerzas de seguridad para amparar el delito.

–¿Qué ha sucedido en esos casos?

–Los casos de complicidad policial y política en los que mejor se ha avanzado fueron investigados, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por la Justicia de instrucción. En ellos se imputó complicidad a funcionarios que protegían el funcionamiento de prostíbulos. Hay un caso con procesamiento confirmado de la plana mayor de una comisaría que marcha hacia el juicio oral, una investigación en la que colabora la Ufase junto al fiscal Fernando Fiszer, y recientemente se dictó una condena por delitos cometidos en la comisaría con jurisdicción en Saavedra fruto de una investigación realizada por el fiscal José Campagnoli, en donde la protección a prostíbulos aparecía como uno de los rubros ilegales encubiertos.

–¿Y en el fuero federal?

–En el fuero federal existe otra investigación en la que participamos junto al fiscal Federico Delgado en la que se ha logrado imputar encubrimiento y participación de funcionarios públicos en la protección de un prostíbulo, que se encuentra demorada por una discusión de competencia en la Cámara Federal.

–¿Se ha llevado a juicio a algún personaje poderoso?

–Si bien la regla general de las condenas no refleja sanciones a grandes bandas, como señalé, el costado de la connivencia político-judicial-policial es el más difícil de los casos. Algunas últimas condenas muestran que algunos personajes condenados son poderosos o peligrosos. Un último antecedente judicial de Paraná mostró cómo uno de los después condenados llamaba por teléfono a los jueces del tribunal oral que tenía que resolver su situación para amenazarlos. Por vía indirecta esa amenaza también la sufrió nuestro fiscal federal de juicio, Candiotti. De todos modos, ése es un aspecto a mejorar, llevar a juicio a los tratantes y a los funcionarios públicos cómplices.

–¿Cómo caracterizaría a las redes de trata en el país? Son grandes o pequeñas? ¿Cuánto dinero se estima que mueven?

–En lo que hace a la trata con fin de explotación sexual, el negocio del dinero se produce en el prostíbulo. La ganancia grande la obtiene el explotador de la red prostibularia. Le doy algunos ejemplos: un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos. Eso lo acreditamos, estudio pericial mediante, en el expediente judicial. Las etapas previas a la explotación, la captación y el transporte no resultan para nada costosas en términos de inversión y de mercado ilegal, y por eso no son redituables para esos intermediarios. El precio de una persona captada es muy bajo en comparación con lo que obtiene el explotador con su explotación. Los tratantes se valen básicamente de la situación de vulnerabilidad de la víctima, que no es otra cosa que la falta de opciones de vida dignas y pobreza. También del engaño, engaño que tiene más posibilidades de éxito cuanto menos educación y acceso a derechos tenga la mujer.

–Se avanzó significativamente en estos últimos años para combatir el delito de trata: mayor visibilización del delito, una ley, dispositivos de asistencia a víctimas, divisiones de fuerzas de seguridad especializadas, cursos de capacitación a funcionarios de la Justicia, normas locales que prohíben los prostíbulos. Sin embargo, las mafias siguen operando. ¿Qué medidas se deben implementar o profundizar para que la persecución del delito sea más eficiente?

–Nuestro rol es ver el medio vaso vacío. La cantidad de procesamientos y condenas dictados en la Argentina está entre los más altos de la región. Pero eso hay que mejorarlo, llevando a juicio casos más importantes, con imputados más poderosos y logrando el decomiso del dinero obtenido por la explotación de las personas. También debe trabajarse más y mejor por fuera del caso penal, para que las víctimas tengan la posibilidad de tener asesoramiento legal gratuito también para demandar civilmente a los tratantes. El escenario judicial de un reclamo civil tiene menos dificultades que uno penal, es más sencillo obtener un reconocimiento del daño patrimonial efectuado. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener un espacio más definido para ser escuchadas, actuar y colaborar en esta materia. El proyecto de reforma a la ley –que será debatido la semana próxima a partir del llamado a sesiones extraordinarias por parte de la Presidenta– les otorga un espacio dentro de un Consejo Federal. De cualquier modo, los funcionarios tenemos que trabajar día a día en contribuir a un diálogo fluido con ellas, que representan a la sociedad no política organizada. En fin, hay mucho por hacer.

–¿Qué medidas considera más urgentes?

–Desde el punto de vista de las investigaciones, lo más urgente es cambiar el Código Procesal Penal de la Nación por un modelo acusatorio que nos otorgue a los fiscales la obligación y la facultad para investigar todos los casos de trata de personas. Hoy la investigación está en manos de un juez de instrucción federal. En los casos de trata sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además un imperativo constitucional. También establecer un sistema o dispositivo más ágil y eficaz para encontrar personas desaparecidas.

–¿Sirven las leyes que prohíben los prostíbulos? Mujeres que se definen como trabajadoras sexuales las rechazan, dicen que las empujan a la calle, donde son más vulnerables a las coimas de policías y quedan más expuestas a situaciones de violencia.

–La discusión acerca de lo que representa un prostíbulo para la ley, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres se dio en la Argentina ya en el año 1937. Se dijo por intermedio de una norma, apoyada en estudios empíricos de la Liga de las Naciones, que los prostíbulos eran terreno fértil para la esclavización de la mujer. Eso se replica en nuestros días, exactamente del mismo modo. Los prostíbulos están llenos de mujeres pobres. Es decir, el móvil es la necesidad frente a la situación desigual y no la libre elección. Respondiendo su pregunta, las reglas no escritas del prostíbulo son de por sí las más violentas. Imposibilidad de rechazar un denominado cliente por la razón que fuera, dominio de la sexualidad por la exclusividad de tener que hacer pases para el bolsillo de otro, amenazas, golpes y malos tratos del proxeneta pero también de los que clientes, “sanciones económicas por no cumplir horarios, desorden, y faltas nunca bien descriptas y siempre aplicadas”, manejo del dinero por parte de quien la explota. Hay muchos estudios realizados que muestran los daños, todavía invisibilizados de la práctica prostibularia. El consejo para la alternativa de las prostitutas en Portland, Oregon, estableció en un informe realizado a 179 mujeres que dejaron la prostitución prostibularia en la década del 90 que el 78 por ciento había sido víctima de violación, el 48 por ciento violada por sus proxenetas en un promedio de 16 veces al año.

–Si tuviera a clientes de prostíbulos delante... ¿qué les diría?

–Que son funcionales a la trata de personas, que la abrumadora mayoría de las mujeres en situación prostibularia son vulnerables, pobres, no tuvieron la posibilidad de estudiar y tener un plan de vida al igual que ellos, que están ahí por necesidad y no por placer, que la mayoría de ellas fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad, que el dinero que ellos pagan va a los bolsillos de los explotadores y los cómplices públicos. No hay nada naïf y divertido en eso.

Fuente: Página/12

El Consejo General de la Abogacía ve viable un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales

Carnicer remarca que los abogados "no están para crear litigios, sino para solucionarlos y solucionar problemas de derechos humanos"ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha manifestado este lunes en Zaragoza que ve viable que prospere un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, que ha entrado en vigor este lunes.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, sobre si los recursos de inconstitucional que se han anunciado pueden tener algún resultado, ha asegurado que "lo creo firmemente" y ha añadido que esta semana se reunirá con miembros del grupo del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados "para hacer entrega de los fundamentos jurídicos que nosotros creemos que desvirtúan totalmente esta ley de tasas absolutamente inexplicable".

Carnicer se ha pronunciado así antes de participar en la celebración del XX aniversario del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante del Colegio de Abogados de Zaragoza, en la Casa de las Culturas de la capital aragonesa.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha abogado por que "cuanto antes encontremos una vía de diálogo y entendimiento porque esto no beneficia a nadie", ante un servicio público como el de la administración de Justicia "especialmente sensible a todo esto".

En esta línea, ha precisado que siguen intentando que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "intervenga en el conflicto y podamos empezar a dialogar con razón", de forma que "nos sentemos todos los profesionales afectados, todos los que estamos todos los días con la Justicia, que creo que sabemos bastante como funciona de bien o de mal".

A su entender, "las diferencias no hacen más que ahondar el pesar de las gentes, que, necesariamente, tienen que acudir al juzgado a defender sus derechos o a que se le reconozcan sus derechos".

ENTRADA EN VIGOR

Carnicer ha apuntado que con la entrada en vigor este lunes de la ley de tasas judiciales "quien tenga que accionar accionará, si tiene el dinero de las tasas", mientras que habrá otras personas que no podrán hacerlo por no disponer del dinero. De estos últimos "va a haber muchísimos", ha vaticinado, "y eso se llama indefensión y violación del derecho fundamental que es el acceso a la justicia".

Por eso, la nueva ley es "un absoluto fracaso, un fiasco" porque "impide que los ciudadanos ejerzan varios derechos fundamentales", como el de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con garantías, que "desaparecen con las tasas", así como el de igualdad.

DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES

En relación con este último, ha enfatizado que va a haber "desigualdad entre los ricos y los pobres", entre "aquellos que tengan una situación económica desahogada" --que "van a poder seguir interponiendo" los procesos que deseen, aunque sea "a un más alto coste"-- y "los miles y miles de personas" de la clase media que "van a tener una absoluta indefensión por no poder acceder a la justicia".

Además, habrá "desigualdad" respecto al "trato" a los entes públicos, a quienes "se les ha eximido de pagar las tasas", una "preeminencia que las leyes y la Constitución no establecen".

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española se ha preguntado y ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "cuántos ciudadanos van a ir a interponer recursos contra las sanciones económicas, si la sanción es de 200 euros y la tasa que tienen que abonar previamente son 200 euros".

LOS ABOGADOS "NO ESTAN PARA GANAR DINERO"

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha subrayado que los abogados "no están para ganar dinero, ni para crear litigios, sino para solucionarlos y solucionar problemas de derechos humanos" y ha estimado que el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante del Colegio de Abogados de Zaragoza es una muestra de esto.

"Aquí los abogados y abogadas se emplean no en poner litigios para atascar la Administración de Justicia sino en defender a seres humanos y resolver problemas humanitarios que si no nadie resuelve", ha argumentado.

Carnicer ha remarcado que los integrantes de este servicio, que se creó siendo él decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, "son el ejemplo de lo que es la abogacía", que "no es lo que se está diciendo desde el Gobierno, de que somos muchos, masificados y que somos los causantes del atasco judicial".

Ha subrayado que los ocho años que estuvo dirigiendo este servicio por ser el decano del Colegio de Zaragoza "lo único que hicieron fue resolver conflictos humanitarios tremendos". Este servicio nació con 43 abogados y ahora forman parte de él unos 70, que asisten entre 5.000 y 6.000 expedientes al año.

Así lo ha explicado el presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y responsable de los servicios jurídicos de extranjería del Colegio de Abogados de Zaragoza, Pascual Aguelo.

TIPOS DE ASUNTOS

Pascual Aguelo ha apuntado que en los primeros años se atendían asuntos referidos a la libertad de las personas y los derechos fundamentales, para recordar como, por petición de este servicio y otras entidades, "fue clausurado un centro internamiento en las caballerizas de la policía nacional".

Ha añadido, igualmente, que Cáritas acudió en ese momento al Colegio de Abogados de Zaragoza porque "se dio cuenta que era el instrumento para defender los derechos de las personas inmigrantes".

Asimismo, se gestionaban regularizaciones, renovaciones, reagrupaciones familiares y documentación, mientras que ahora "se ha diversificado mucho" porque "estamos hablando de integración y de problemas comunes a otras personas", con asuntos "más complejos" y, relacionados, por ejemplo, con la libertad de circulación y residencia.

Aguelo ha comentado que la nueva ley de tasas judiciales va a afectar a los asuntos civiles y contencioso-administrativos y "encare algo un 30 por ciento el procedimiento".

Ley de Medios: el juez Alfonso rechazó el planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín


Lo dispuso este viernes. Además, el magistrado ordenó “el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”
El juez Horacio Alfonso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 1, rechazó este viernes la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín SA, Arte Radiotelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital SA contra artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Asimismo, el magistrado ordenó “el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”.

Tres alternativas para renovar el Colegio de Abogados


Más de 65.000 abogados están llamados mañana a votar para renovar la directiva de su institución
Once candidaturas concurren a la cita, tres parten con ventaja
Más de 65.000 abogados están llamados a elegir mañana al próximo decano del Colegio en Madrid y a los cargos de la Junta de Gobierno para los próximos cinco años. Una cita a la que concurren once candidaturas y que ha despertado una expectación mediática y profesional inusitada.

El trascendental momento que vive la Abogacía y la Administración de Justicia también ha ayudado a multiplicar la notoriedad de unos comicios cuyo vencedor tendrá que lidiar con cuestiones delicadas como los impagos a los abogados de turno de oficio, la integración de los jóvenes en la profesión o la oposición rotunda de este colectivo a la ley de tasas aprobada por el Gobierno.

Ha sido una campaña en la que las redes sociales han jugado un papel relevante. Este sábado, de hecho, nueve de los candidatos se dieron cita en Twitter para participar en un debate electoral a través de la red social. La obligación de colegiarse, las cuotas del Colegio, la necesidad de multiplicar los mecanismos de formación y el voto telemático fueron algunas de las cuestiones que abordaron en un máximo de 32 tweets por candidato.

La cita será en el Palacio de Congresos y, más allá de los intereses particulares de cada uno, el reto común será el de movilizar a un número de abogados mayor que en las últimas elecciones.

Hace cinco años, dos de los favoritos en la cita de mañana quedaron separados por pocos cientos de votos: Javier Cremades consiguió 3.203 votos,frente a los 3.543 votos que logró Antonio Hernández-Gil, lo que le llevó a dirigir el Decanato durante estos años. Mañana volverán a tener la palabra y poder elegir entre la continuidad y el cambio.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Tasas judiciales. Todos los candidatos al colegio de abogados de madrid critican la reforma de gallardón

Los nueve candidatos al decanato del Colegio de Abogados de Madrid en las elecciones del martes 18 se pronunciaron hoy en contra de la subida de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno y que entrará en vigor este lunes.

Lo hicieron en un debate organizado a través de la red social Twitter y moderado por el periodista y presidente del Instituto de Comunicación Empresarial (ICE) Manuel Campo Vidal, donde, dentro de la exigüidad de caracteres, expusieron sus propuestas electorales y su visión de algunos hechos de actualidad que afectan al mundo judicial.

Participaron los candidatos Ignacio Peláez, Josefa García, Begoña Trigo, Miguel Urrutia, Antonio Hernández Gil, Luis Gómez, Francisco Javier Cremades Montserrat Suárez, María Lorena Ruiz Huerta. Hernández Gil es el actual decano y aspira a la reelección. Los otros cinco candidatos fueron invitados pero no quisieron participar, según Campo Vidal.

Respecto a las tasas judiciales, Peláez fue quizá el más expresivo al denunciar que "con razón y sin dinero no podrás pedir amparo judicial", pero los otros candidatos también se mostraron inequívocamente en contra de la medida de Gallardón.

Igualmente, coincidieron en reclamar independencia y servicio al colegiado desde el decanato, mientras Hernández Gil defendió el balance de su gestión apelando al aumento de colegiados y al superávit de sus arcas, que sus rivales negaron que fuera mérito suyo y le afearon que no haya empleado en beneficio de los abogados. 

El debate se celebró en la sede del ICE en Madrid. Los candidatos estuvieron en la misma sala, cada uno acompañado de un máximo de dos asesores o miembros de su candidatura, que también emitieron tuits desde el perfil del candidato. El debate se dividió en tres bloques, un posicionamiento general, un apartado de temas colegiales y una conclusión. En cada parte cada candidato tuvo un máximo de tuits y de tiempo.
(SERVIMEDIA)

UIBA: Encuentros en Madrid 2012


Madrid 17 de noviembre de 2012
 
Distinguido Decano y compañero:
 
Los próximos días 26 y 27 de abril tendrán lugar los ENCUENTROS EN MADRID, organizados por nuestro Colegio, en los que, además de los actos institucionales, analizaremos algunos problemas de interés para nuestra profesión.
 
Como en años anteriores esta reunión se celebrará en la sede del Colegio de Abogados de Madrid. Esperamos que vuelvan a participar numerosos presidentes de colegios, consejos generales, asociaciones internacionales, así como miembros destacados de la abogacía mundial.
 
Le adjunto el programa, hoja de inscripción y reserva de hotel.
 
Esperando poder contar con ustedes entre nosotros en esos días, reciba un saludo
 
 
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

viernes, 14 de diciembre de 2012

Estado actual de la Reforma Penal: Posición del Colegio de Abogados

Ante todo queremos dejar fuera de toda duda el amplio consenso que existe entre los distintos estamentos involucrados en la reforma procesal penal, para llevar este proceso de transformación hasta la plena implementación del nuevo Código Procesal Penal. Nuestro Colegio profesional ha sido protagonista desde el primer día -allá por el mes de agosto del año 2006- en que el proceso se puso en marcha y nos encontramos profundamente comprometidos para que llegue a su plena conclusión. Sin embargo y como bien lo remarcara el Fiscal General, Dr. Julio de Olazábal, en la última reunión de la Mesa de Diálogo para la Reforma Procesal Penal, no visualizamos que se encuentren reunidas las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal o que ello pueda ocurrir en el corto plazo. Si bien el proceso de reforma ha superado importantes instancias, como por ejemplo la sanción de las principales normas: el nuevo Código, Leyes de Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Ley de transición y se han designado los principales funcionarios del nuevo sistema, es posible verificar sensibles atrasos en diversas materias, tales como dotación de recursos humanos, funcionarios, fiscales y defensores, agravado esto último por los problemas que han surgido en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura respecto de algunos pliegos remitidos. Creemos que completar la dotación de Fiscales y Defensores que requiere la integral puesta en vigencia del nuevo sistema, va a demandar un tiempo considerable Además, un adecuado funcionamiento de los Ministerio Públicos de la Acusación y de la Defensa requiere la cobertura de todos los cargos legalmente concebidos, ya que su número es la resultante de diversos estudios referidos a cantidad de delitos y gestión que demandan las causas judiciales. Según informara el Dr. De Olazábal en similar sentido se ha expresado reiteradamente el Defensor General Dr. Gabriel Ganón. Actualmente los Ministerios a su cargo no cuentan con ningún empleado o personal de servicio que se desempeñe en forma efectiva. También se visualiza un importante atraso en lo referido a infraestructura edilicia, mobiliario, parque automotor e informatización del sistema. Otro aspecto que nos preocupa y que creemos de suma importancia para que el nuevo sistema procesal penal pueda representar una efectiva superación del actual, tiene que ver con el Organismo de Investigaciones del Ministerio de la Acusación, al que debe dotarse de medios técnicos adecuados para la investigación de los hechos delictivos y sobre lo que no se visualiza ningún grado de avance. En este marco, consideramos que es preciso elaborar un cronograma a fin de establecer el tiempo en el que los requisitos y el cumplimiento de metas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema puedan ir teniendo concreción. Por lo tanto, la fecha de implementación o puesta en vigencia plena del nuevo código procesal no debe resultar de una decisión unilateral de ninguno de los poderes del Estado, sino que debe ser la resultante del cumplimiento de cada uno de los objetivos que permitan su adecuado y eficaz funcionamiento. De otro modo se corre el riesgo que la necesaria y anhelada reforma procesal penal derive en un fracaso y consiguiente frustración para toda la ciudadanía, que anhela una mejor calidad del Estado en el cumplimiento de uno de sus deberes básicos, como es administrar justicia. Si no fuese posible una implementación definitiva e integral del nuevo sistema penal en un plazo más o menos breve -lo que por las razones apuntadas, vemos de difícil concreción-, deberá evaluarse alguna alternativa o modo de implementación gradual que corrija los vicios y problemas que se verifican en esta etapa de transición, producto de la coexistencia de dos normas claramente antagónicas, como son parte del viejo Código y parte del nuevo Código. Sin que tal alternativa importe renunciar al objetivo común a todos los estamentos interesados en la problemática, como es la plena e integral implementación del Código Procesal Penal (Ley 12.734), apenas estén dadas las condiciones para su adecuado funcionamiento. Fuente: Colegio de Abogados de Santa Fe.

Quedó promulgado y listo para aplicar el Código Aduanero del Mercosur

El Poder Ejecutivo añadió las nuevas reglas para el intercambio comercial dentro del bloque económico. Recién entrará en vigencia cuando todos los países miembros lo aprueben

Argentina ya está lista para aplicar el Código Aduanero del Mercosur (CAM). Este jueves, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 26.795 que establece la incorporación de la nueva normativa a las normas nacionales.

Sin embargo, habrá que esperar a que el resto de los países integrantes del bloque económico aprueben y promulguen el código marco. Una vez que suceda esto, el Mercosur se convertirá en la tercera unión aduanera más grande del mundo, sólo por detrás de la Unión Europa y la South African Customs Union.

La Argentina fue el primer país de los estados miembros que aprobó el CAM. En la pasada reunión que el bloque latinoamericano mantuvo, la presidente Cristina Kirchner recordó este hecho y deslizó una crítica a sus compañeros por no haber avanzado con la normativa.

Al momento de su aprobación en la Cámara de Diputados, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había destacado que el CAM "permitirá fortalecer la posición del bloque regional en las negociaciones comerciales con otros bloques o países, en particular con la Unión Europea".

Fuente: INFOBAE

jueves, 13 de diciembre de 2012

TEMA CORRUPÇÃO SERÁ DEBATIDO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS


O Brasil ocupa o 69° lugar do ranking de corrupção elaborado pela ONG Transparência Internacional (TI). Além disso, no dia 09 de dezembro será o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Para falar sobre o assunto, Antenor Batista, autor do livro Corrupção: O 5° Poder – Repensando a ética, fará palestra na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) na próxima sexta (14). 
 
O advogado Antenor Batista fará palestra sobre corrupção na OAB.
 
Conforme ranking divulgado pela ONG Transparência Internacional (TI), com a análise de 176 países sobre corrupção, o Brasil aparece no 69° lugar. O País recebeu nota 4,3, contra 3,8 em 2011 quando ocupou a posição 73ª. O levantamento mostrou que o Chile e o Uruguai estão à frente do Brasil, ambos ocupando a 20ª posição. Outro dado revelado é que 117 nações estão com avaliação abaixo de 5.  No topo da lista, dos menos corruptos, estão Dinamarca, Finlândia e a Nova Zelândia com 9 pontos. Já a lanterna é dividida por Afeganistão, Coreia do Norte e Somália com 0,8 ponto.        
 
No ano marcado pelo julgamento do mensalão, no qual o STF – Supremo Tribunal Federal condenou 25 dos 38 acusados de corrupção. Como também, a inclusão da Lei da Ficha Limpa nas eleições que torna inelegível por oito anos um candidato condenado por crimes eleitorais (compra de votos, fraude, falsificação de documento público), lavagem e ocultação de bens, improbidade administrativa, entre outros.  A data, dia 09 de dezembro, em que é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção, instituído mundialmente pela Convenção das Nações Unidas em 2003 por mais de 100 países, terá um significado diferente.    
 
Para refletir sobre o tema, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) realizará palestra, no dia 14 de dezembro, às 15h, com o advogado Antenor Batista, autor do livro Corrupção: O 5° Poder – Repensando a ética. “Infelizmente, por mais paradoxal e absurdo que possa ser, a corrupção está mundialmente institucionalizada ou enraizada em todos os segmentos sociais, ainda que disfarçada em suas formas operantes. Assim é hoje e assim foi em todos os tempos”, ressalta.  
 
Segundo Batista, a discussão sobre corrupção é uma oportunidade para refletirmos sobre as suas práticas e pensarmos no seu combate. “Combater a corrupção não é uma tarefa fácil. Os riscos são muitos. Mesmo assim, não devemos abandonar esta luta. Para esse mister, a união dos incorruptíveis é por demais importante, para que formemos uma legião de pessoas afins, imbuídas de princípios éticos e elevado conceito de cidadania. Para esta cruzada, sempre que soubermos da lisura dos atos de um cidadão, devemos procurar nos unir a ele ou fazer com que ele se uma a nós, para que possamos, ainda que modestamente, contribuir em favor de uma sociedade melhor”, defende.    
 
Na palestra, Antenor vai abordar ainda o livro Corrupção: O 5° Poder. A publicação, resultado de 50 anos de pesquisa, relaciona mais de 100 espécies de corrupção ou malfeitos. Além disso, explicará porque o título da obra faz referência aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, da imprensa (4° poder) e coloca a corrupção como 5° poder. “Nosso objetivo é alertar o leitor a respeito de possíveis consequências de uma conduta perversa, enganosa e excessivamente interesseira, considerando que o sistema da humanidade é o monetário, contaminado pela corrupção, crime organizado, bem como por uma ganância infecciosa. Daí intitularmos a presente obra de ‘Corrupção: O 5° Poder’, considerando que a corrupção e o tráfico de influência, atualmente, são condições de governabilidade.”  
 
Serviço: 
Palestra: CORRUPÇÃO O 5° PODER REPENSANDO A ÉTICA
Realização: OAB-SP
Quando: 14 de dezembro (sexta)
Horário: 15 horas
Local:  Salão Nobre da OAB - SP 
Praça da Sé, 385 – 1° andar – São Paulo (SP) 
Inscrições: http://www2.oabsp.org.br/asp/cultura.asp?pg=2.3.1&pgv=a&portlet=1&id_cultural=12393 
 
Perfil do autor
 Antenor Batista é advogado formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos, nasceu na zona rural da cidade da Lapa/PR, em 23 de abril de 1925. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, atualmente aposentado. É autor de nove livros, entre eles, Corrupção: O 5° Poder – Repensando a ética, Alimentação, Ioga e Psicanálise e Posse, Possessória, Usucapião e Ação Rescisória.
 
Edipro
(www.edipro.com.br)
O selo Bazar Editorial foi criado, em 2010, pela Edipro Edições Profissionais, tradicional editora de livros de Direito, Filosofia e Ciências Sociais.
 Além do Bazar Editorial, a Edipro também é responsável pelo selo Caminho Suave, que publica livros didáticos.
Os editores Jair Lot Vieira e Maíra Lot Vieira Micales respondem pela marca Edipro e por seus selos editoriais.
Entre os títulos do Bazar Editorial estão: Globish para o Mundo; Pare - Leia Este Livro e Pare de Fumar; entre outros. 

El kirchnerismo trata de hacer pie entre los abogados

POR NICOLÁS PIZZI
Tras la seguidilla de derrotas en el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo está convencido que es el turno de los abogados. Actualmente, los dos representantes, uno de la Capital y otro del interior del país, votan sistemáticamente contra el bloque oficialista. El Gobierno ya tomó nota y puso en marcha diferentes acciones para intentar hacer pie en las elecciones internas de los abogados. Hoy se lanzará en un local porteño la agrupación “Abogados Unidos y Organizados” con la presencia de Carlos Tomada, Mariano Recalde y Guillermo Moreno.Y ya hay contactos informales con colegios de abogados del interior del país, aunque faltan casi dos años para renovar a los representantes en el organismo que elige y acusa a los jueces.
“El signo de la hora es el debate sobre si el Estado de Derecho es capaz de legislar sobre los grandes grupos económicos concentrados o si estos pueden imponer su voluntad al conjunto”, reza el mail que circula entre los abogados invitando al acto que se llevará a cabo este jueves en Unione y Benevolenza. La convocatoria, impulsada por La Cámpora, está firmada por el Frente de Abogados para la Victoria y la agrupación “Colegio para Todos”, con la que se presentaron esos sectores en las últimas elecciones del Colegio Público de Abogados, en abril pasado.
Su candidato a presidente fue Damián Loreti, otro de los oradores de hoy junto al presidente de Aerolíneas Argentinas, al ministro de Trabajo y al secretario de Comercio. En esos comicios, el kirchnerismo sumó apenas el 12% de los votos. Fue otra dura derrota que se sumó a la caída en las elecciones de la Facultad de Derecho de la UBA, donde militaban Recalde, Eduardo “Wado” De Pedro y el actual secretario de Justicia Julián Alvarez.
El joven funcionario, casualmente, encabezó hace dos semanas unas jornadas en la sede de la SIGEN, con representantes de varios colegios del interior. Participaron, según pudo saber Clarín, abogados de Rosario, Viedma, San Rafael y Tucumán, entre otros. El cierre de la jornada se hizo en el hotel Marriott, donde se alojaron todos los invitados con todos los gastos pagos. “Se habló del juicios por jurados, de la mediación comunitaria y de los representantes civiles en el Consejo de la Magistratura”, admitió uno de los participantes. “Somos los abogados los que contamos con las herramientas concretas para expandir horizontalmente a la sociedad el debate público acerca de lo jurídico”, reza el programa de aquella jornada, donde expusieron varios funcionarios del Ministerio de Justicia.
El evento despertó sospechas y todo tipo de rumores entre los abogados. “Ya empezaron a buscar alianzas y posibles alineamientos en el interior. Por ahora son tanteos, pero esto es el comienzo de una corriente afín al Gobierno”, dijeron en una entidad de abogados. El actual representante de los letrados del interior es Daniel Eduardo Ostropolsky, quien ganó las elecciones con 4.350 votos. “Las elecciones son en 2014, pero son procesos que llevan su tiempo”, explicó un abogado acostumbrado a la militancia. “No podemos tolerar que un solo consejero nos bloqué nuestra estrategia en el Consejo”, escuchó esa misma fuente de parte de uno de los organizadores. Consultado por Clarín, el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, cuestionó el espíritu del evento: “La política partidaria no se debe mezclar en las elecciones de los abogados”.
Estos movimientos se dan en paralelo al intento de reformar el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y reducir la participación de los abogados de la mano del vicegobernador Gabriel Mariotto. Su candidata en las últimas elecciones del colegio de abogados de Lomas de Zamora, donde se impuso el anti k Diego Molea, estuvo presente en las jornadas que se realizaron en la SIGEN, a metros del Ministerio de Justicia.  
Fuente:Clarin.com

martes, 11 de diciembre de 2012

Ciclo de Conferencias: El Derecho Laboral Actual

El Colegio de Abogados de San Martín (Argentina) invita a sus ciclo de conferencias.

Violación de los Derechos Humanos: La detención administrativa en Israel


Por Ricardo J. Ferrer Picado (¶)

En este momento hay 210 detenidos administrativos en las cárceles israelíes y centros de detención de los cuales 9 son mujeres y 13 son niños menores de 18 años según Martin Kobler, representante del Secretario Ban Ki Moon en la inferencia de Bagdad en Solidaridad con los palestinos y árabes detenidos por la Ocupación israelí.
El pasado mes de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas elevo el status de Palestina como Estado Observador no miembro.
La posición de la ONU siempre ha sido clara. Condenando estos mecanismos que están amarguen de la ley, en el caso que aun tienen y pelean por la vida, a diferencia de los que no han podido sobrevivir, y siquiera han sido ni detenidos ni ejercieron el derecho a un juicio justo, tras ser ejecutados por Israel en losa engominados "asesinatos selectivos", que ameritan un estudio aparte y pormenorizado.
Un independiente, democrático, y viable Estado Palestino, vecino a Israel, con fronteras establecidas es una necesidad regional y mundial por la pertenencia de la paz, definida como el acceso a los recursos para tener una vida digna. Es por tanto, una necesidad colectiva. Universal.
Israel recientemente ha quedado rehén de su gobierno reaccionario y fundamentalista, cuestión que ha remarcado el ex primer ministro Ehud Olmert, advirtiendo que la operación criminal de Gaza con la negación del reconocimiento en la ONU no tiene consistencia y boicotean la solución de dos Estados para dos Pueblos.

Israel ha interrumpido en sanción unilateral el envió de divisas acordadas por derechos aduaneros e impositivos a la Autoridad Nacional Palestina.
Asimismo, el día posterior a la decisión de la Asamblea de la ONU anuncio la obstrucción de 4700 nuevas unidades en tierra palestina, alentando a la integridad territorial y nuevamente al derecho internacional.
La Liga Árabe anuncio que brindara apoyo financiero.
La comunidad internacional e incluso quienes negaron el reconocimiento a Palestina, como los Estados Unidos condenaron los anuncios de nuevos asentamientos -ya ha agredir de medio millón de colonos, establecidas en los últimos quince años, bajo administraciones de todos los partidos-.
El tras el ataque a Gaza iniciado con el asesinato de quien medió en la liberación del soldado Guilad Shalit, quedan expuestas las urgencias humanitarias, la terrible utilización para la política domestica del ataque ya búsqueda de alentar contra la Autoridad Palestina ara prolongar sino die la ocupación.
Una de ellas, que es utilizada para castigar arbitrariamente, limitar la expresión y militancia política, se da con las detenciones militares por tiempo indeterminado, bajo la consigna de seguridad nacional por las fuerzas militares que ocupan colonialmente a Palestina. Bajo esta tipología desde su implementación se han detenido a unas 700 mil personas, y debe considerarse que entre Gaza y Cisjordania, la población es dueños 3,5 millones de habitantes. Un25 % de los palestinos estuvo en prisión durante la Ocupación.

Si bien es plenamente reprochable todo tipo de detención administrativa, según la legislación internacional, es tolerable su aplicación como instituto ante circunstancias extraordinarias y por el periodo más breve posible y resguardando los derechos de los prisioneros.
Todos los detenidos, en ausencia de cargos formales, deben ser liberados sin más demora.
Esa ha sido la recomendación de la ONU a las autoridades del Estado de Israel, país al que conminó a respetar las obligaciones y compromisos surgidos del derecho internacional humanitario, incluida la cuarta Convención de Ginebra.
Han sido arrestados varios miembros electos del Parlamento Palestino. No pueden ser visitados ni por sus familiares ni defensores.
El pedido del traslado desde Jerusalén Oriental a Ramallah en sus centros de detención es una de las implicancias en respeto a los derechos humanos para facilitar su defensa legal y visita familiar.
Se han dado casos de huelgas de hambre al solo efecto de ser visitados por sus familiares, como la de 2007, por detenidos que estaban incomunicados y confinados -en solitario- en proceso de detenciones administrativas.
Muchos son torturados dada la laxa interpretación de Israel y aplicación de este método, que luego atienden y testimonian centros de psiquiatras en Ramallah, Jenin, Jericó y Hebrón, con la solidaria cooperación internacional.
Precipita un momento político entre israelíes y palestinos frente a la solución de dos Estados es apremiante.
Como la jurisdicción internacional para velar por el cumplimiento de los derechos de un pueblo y la liberación de los detenidos, sin derecho a defensa y rehenes de negociaciones.
La ausencia de un horizonte genera cada día más incertidumbres. Creando riesgos de polarización y radicalización el conflicto. Por lo que debemos dinamitar las relaciones entre Israel y Palestina, entre israelíes y palestinos, con un enfoque centralizado en este punto, para liberar a los privados injusta e ilegalmente de su libertad.

¿Qué es la Detención Administrativa?

En este momento hay 210 detenidos administrativos en las cárceles israelíes y centros de detención de los cuales 9 son mujeres y 13 son niños menores de 18 años. No reciben visitas familiares ni de sus abogados, que deben acudir a sobrellevar un proceso en idioma hebreo en la mayoría de los casos.

* Las leyes israelíes militares y civiles relacionadas con las órdenes de detención administrativa se basan en la Ley de Emergencia del Mandato Británico del año 1945.

* La Orden Militar 1226 (1988) faculta a los comandantes del ejército israelí para detener a los residentes palestinos de Cisjordania, hasta un máximo de seis meses, si tienen "motivos razonables para suponer que la seguridad de la zona o la seguridad pública requieren la detención, tales como la entrega de panfletos, la agresión verbal a un soldado, la envión sin previo aviso de más de diez personas, entre otros de este tipo penal abierto".

* No hay una definición de "seguridad pública" y el período inicial de seis meses puede ser prorrogado, por tiempo indefinido, por períodos de seis meses adicionales. Las órdenes de detención administrativa son expedidas en el momento de la detención o en alguna fecha posterior y se basan a menudo en pruebas secretas recopiladas por la Agencia de Seguridad Israelí (ISA). Ni a los detenidos, ni a los abogados de los detenidos se les da acceso a tal evidencia secreta.

* El detenido es llevado ante el Tribunal de Detención Administrativa dentro de los ocho días de su arresto, para que la Corte decida sobre la legalidad de la detención, sin embargo, la información relativa a los motivos de la detención sigue siendo un secreto.

Marco legal: Protección contra la Detención Arbitraria

El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "nadie podrá ser sometido a arresto arbitrario o detención".
El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), también establece que "toda persona privada de su libertad por detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que el tribunal pueda decidir sin demora sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención no es legal".

* Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como las leyes de derechos humanos, proporcionan las normas jurídicas internacionales que deben aplicarse a la detención administrativa en los conflictos armados y otras situaciones de violencia. El derecho internacional permite la detención administrativa bajo determinadas y estrictamente definidas circunstancias. De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) debe haber una emergencia pública que amenaza la vida de la nación. Por otra parte, la detención administrativa sólo puede ser ordenada individualmente, caso por caso, sin discriminación de ningún tipo. Una detención no individual, de un colectivo del Estado, de toda una categoría de personas, de ninguna manera podría ser considerada como una respuesta proporcional, independientemente de cuáles puedan ser las circunstancias de la emergencia en cuestión.

* En muchos de los casos legales que observa la Asociación Addameer, los detenidos administrativos han pasado años en la prisión después de ser sentenciados por cometer violaciones, según órdenes militares. Terminado el período [de la sentencia], sin embargo, fueron puestos bajo detención administrativa, con el pretexto de que todavía representan una amenaza a la seguridad. Las autoridades israelíes no dudan en violar las normas de un juicio justo, y no cumplen en tomar en cuenta la ley internacional o la dimensión humanitaria mientras que manipulan la cuestión de la detención administrativa.

* En términos de razones para la reclusión, el Cuarto Convenio especifica que una persona protegida podrá ser recluida o puesta en residencia forzosa sólo si "la seguridad de la Potencia lo hace absolutamente necesario" (artículo 42) o, en territorio ocupado, por " imperativas razones de seguridad" (artículo 78).
Israel ha tratado de justificar su política de detención administrativa con la pretensión de que ha estado bajo un "estado de emergencia desde 1948" y está por lo tanto justificada la suspensión o "derogación" de ciertos derechos, incluido el derecho a no ser detenido arbitrariamente. [2]

El uso por Israel de la Detención Administrativa

* La detención administrativa, detención sin cargos ni juicio, ha sido utilizada como una forma de castigo colectivo por el ejército israelí contra los palestinos, esta forma es ilegal en virtud del derecho internacional. Por ejemplo, durante el período de marzo 2002 - octubre 2002, fuerzas de ocupación israelíes arrestaron a más de 15.000 palestinos durante campañas de arresto masivo, deteniendo a hombres entre los 15 y 45 años, en ciudades y aldeas. En octubre de 2002, había más de 1.050 palestinos en detención administrativa. A principios de marzo de 2003, Israel puso a más de mil palestinos en detención administrativa. En 2007, Israel mantuvo un promedio mensual de 830 detenidos administrativos, cien más que en 2006. Además, durante las elecciones de Parlamento Palestino (Consejo Legislativo Palestino) de 2007, Israel colocó a decenas de candidatos del islámico ‘Partido Cambio y Reforma’ en detención administrativa. Algunos de los cuales siguen encarcelados en la actualidad. Luego a varios electos los ha arrestado sin cargos.

* A lo largo de los años, sólo nueve ciudadanos israelíes de los asentamientos en la Cisjordania Occidental han sido detenidos por períodos de hasta seis meses. Se ha detenido para interrogar al concejal jerosolimitano de izquierda Meir Mergalit -inmigrante argentino que lidera un movimiento anti demolición de casas de palestinos en Jerusalén Oriental-, quien desconoció la autoridad y dada la trascendencia pública del caso fue liberado.

Condiciones de Detención

* La detención administrativa no debe ser de carácter punitivo. Además, como se consagra en el artículo 10 de la ICCPR, todas las personas privadas de su libertad serán tratadas con humanidad y con respeto a la inherente dignidad de la persona humana. Esto implica no sólo el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a castigos, sino también que las personas privadas de libertad deben ser mantenidas en condiciones que tengan en cuenta su situación y necesidades.

* Los detenidos administrativos no están separados del resto de la población carcelaria y tienen que soportar severas restricciones a su derecho a la educación, derecho a comunicarse con las familias y recibir visitas, y derecho a un tratamiento médico adecuado.

Los hechos de un vistazo

Los detenidos administrativos en los estados de excepción deben tener garantizados como mínimo, los siguientes derechos y garantías:

* El derecho a ser llevado ante una autoridad judicial con prontitud después de la detención;
* El derecho a recibir una aclaración de derechos tras la detención, o poco después, en su propio idioma y ser informado de las razones concretas de la privación de libertad;
* El derecho de acceso inmediato a la familia, un abogado y un médico;
* El derecho a comunicarse y ser visitado por un representante de una agencia humanitaria internacional, como el ICRC (Comité Internacional de la Cruz Roja);
* El derecho a impugnar, en una audiencia justa y periódicamente si fuera necesario, la legalidad de la detención y ser puesto en libertad si la detención es arbitraria o ilegal;
* El derecho a quejarse ante una autoridad judicial sobre malos tratos;
* El derecho a solicitar y obtener una indemnización si la detención resulta arbitraria o ilegal.

Testimonios de Addameer indican que ninguna de las anteriores normas mínimas es respetada por Israel. Por el contrario, consigna ADALAH que Israel utiliza la detención administrativa de una manera muy arbitraria, como una forma de castigo y opresión en toda la Cisjordania.
Comité de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos (1962) a cargo del estudio sobre el derecho de toda persona a estar libre de detención arbitraria, el encarcelamiento y el exilio.

Acción Judicial
Urgente liberación sin condiciones ni negociación referida al establecimiento de dos Estados.
Acudir con el caso de estas sistemáticas violaciones a la jurisdicción internacional, tras la suscripción del tratado de Roma, para enjuiciar y lograr reparaciones ante el Tribunal Penal Internacional.
Esta probado y pueden desarrollarse cientos de teorías sobre el abuso del derecho. Jamás sobre el abuso de Justicia. Que con la verdad sin los factores para la paz y la reconciliación.

Notas:
ADALAH: Nombre de la Asociación “The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel”: Centro Legal por los derechos de las Minorías Árabes en Israel.
Amnistía Internacional describe la detención administrativa en Israel como "... un procedimiento en virtud del cual los detenidos son recluidos sin cargos ni juicio. No se inicia juicio, y no hay ninguna intención de llevar a un detenido a juicio. Mediante la orden de detención, se da al detenido un período específico de detención. En o antes de la expiración del plazo, la orden de detención se renovará con frecuencia. Este proceso puede continuar indefinidamente". (2003) Presentación a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PDF) Adalah (22 de julio de 2003). Disponible en línea en: www.adalah.org
(¶) Ricardo José Ferrer Picado - miembro Cátedra Libre Artigas para la Integración de la UNLP y secretario Asociación Dialogo por la Paz.
Desde Bagdad, y en su calidad de invitado especial a la Conferencia Internacional en Solidaridad con los detenidos y prisioneros árabes y palestinos por la Ocupación Israelí que organiza y auspicia la ONU y la Liga Árabe.