Argentina: Exitoso octavo encuentro de capacitación profesional para los abogados del Estado

Se desarrolló con todo éxito el octavo encuentro enmarcado en los de ciclos de “Capacitación y Desarrollo Profesional para Abogados del Estado período 2013”, organizados por la Secretaría Legal y Técnica del PEP.

Desde este estamento estatal que tiene como responsable a la doctora Grissel Insfrán, a través de la Dirección de la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado –ECAEF-, se vienen propiciando estas jornadas, la que en este caso abordó como tema central de debate y reflexión “Contratos Administrativos”, con la disertación del doctor Carlos Alberto Andreucci, magister en Derecho Administrativo, ex presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados FACA, siendo actualmente presidente Pro Tempore del Consejo de Colegios y Ordenes de Abogados del Mercosur.

El encuentro contó con la presencia de más de 250 abogados que cumplen funciones en los distintos ámbitos de la administración pública provincial, quienes forman parte del Cuerpo de Asesores del Estado, como así también con letrados especialmente invitados que prestan servicios en la Legislatura, Tribunal de Cuenta, Defensoría del Pueblo y la Municipalidad. 

En esta oportunidad se destacaron como novedades las siguientes: 1) La obtención del primer premio de ponencias en el IX Congreso de Derecho Administrativo de la AADA, llevado a cabo recientemente en el mes de agosto en nuestra Ciudad, con el tema “Integración en el Mercosur”, por la Dra. Paula Andrea Zucchet- integrante de la Secretaría legal y Técnica 2) La publicación de un artículo titulado “La Ley Nº 26657, desde una perspectiva del Derecho y laPsicología Social”, en el libro del Congreso de Salud Mental de la WorldFederationFor Mental Health –WFMH-, el cual forma parte de los 400 selectos entre los más de 2000 artículos presentados, cuyas autoras son la Dra. Lorena Sánchez, quien forma parte del Cuerpo de Asesores del Estado, cumpliendo funciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano –Programa Incluir Salud- y la operadora en psicología social, Pamela Noemí Peralta 3) Presentación de la ponencia “Guía de Estilo para la Elaboración de Dictámenes Jurídicos Administrativos” realizada en el 7mo Congreso Argentino de Administración Pública, -Liderazgo, Equidad y Sustentabilidad, organizado por la jefatura de Gabinete de Ministros -Presidencia de la Nación-en la Ciudad de Mendoza, por parte del parte del equipo de la Secretaría Legal y Técnica. 

Asimismo, la titular de la Secretaría Legal y Técnica expresó su agradecimiento a todos los presentes destacando que seguirá poniendo el acento en la capacitación permanente de los abogados que presten servicios en distintos ámbitos de la administración pública provincial, por lo que estos encuentros continuarán y ya se está trabajando para el próximo, para seguir tratando temas de Derecho Público y Administrativo, dando cumplimiento así a los objetivos propuestos desde la creación del Organismo. 

Novedades

En tal contexto también fue presentando por la Secretaría Legal y Técnica un nuevo espacio de Novedades, en el cual, los letrados de las distintas áreas podrán dar a conocer y exponer cualquier tipo de actividad e información relacionada con su participación en congresos o jornadas extraprovinciales y/o internacionales, publicaciones de artículos, y cualquier novedad relacionada a la capacitación y actualización en materia de Derecho Público y Administrativo, a fin de que pueda ser socializada con los demás colegas en los Ciclos de Capacitación y Desarrollo Profesional.

Para tal fin los letrados podrán contactarse a los siguientes correos: ecaef.slyt@formosa.gob.ar o ecae.slyt@gmail.com

Fuente: El Comercial

España: Los abogados se oponen a que Interior reabra web para delatar a violentos

El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido hoy que la violencia callejera de grupos minoritarios no justifica recortar derechos sociales, por lo que se opone a que se reabra la web de los Mossos para delatar a ciudadanos porque la cree inconstitucional.

Ante las declaraciones del conseller de Interior, Ramon Espadaler, que ha anunciado la posibilidad de reabrir la web de la Generalitat para denunciar a ciudadanos que aparezcan en las imágenes publicadas cometiendo presuntamente actos vandálicos, la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza la reapertura del portal delator.

Los abogados han reiterado que "la violencia callejera por parte de grupos minoritarios (al aprovecharse de concentraciones y/o manifestaciones legales de la ciudadanía) no justifica ni legitima ninguna reforma legislativa dirigida a reducir los derechos constitucionales de asociación, reunión, expresión, presunción de inocencia, derecho al honor y a la propia imagen que tienen todos los ciudadanos".

"Esto conlleva que la ciudadanía se convierta en víctima no sólo de los ataques de los grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de las reformas legislativas que recortan derechos y endurecen más el Código Penal, que ya prevé penas graves por las actitudes violentas y los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad", añaden los abogados.

Por ello, el Colegio de Abogados de Barcelona opina que "no se debería reabrir la web del Departamento de Interior de la Generalitat mientras no se resuelvan ciertos aspectos que pueden considerarla inconstitucional por atentar contra los derechos de presunción de inocencia, honor y a la propia imagen".

El colegio profesional de los letrados también considera que la difusión de fotografías e imágenes de ciudadanos no imputados judicialmente "no es admisible en un Estado social y democrático de Derecho".

Fuente: ABC.es

España: El Icab acoge una muestra que repasa las leyes que ha tenido Catalunya entre 1481 y 1706

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) acoge desde este jueves hasta el 19 de diciembre una exposición que repasa las leyes y normas que ha tenido Catalunya entre los años 1481 y 1706, una muestra que se enmarca en las actividades de conmemoración del Tricentenario de 1714.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) acoge desde este jueves hasta el 19 de diciembre una exposición que repasa las leyes y normas que ha tenido Catalunya entre los años 1481 y 1706, una muestra que se enmarca en las actividades de conmemoración del Tricentenario de 1714. 

Bajo el nombre 'Las Constituciones (impresas) de Catalunya', la exposición podrá visitarse de forma gratuita en la antesala de la Biblioteca de la sede del Icab en Barcelona, ha informado el ente en un comunicado, en el que ha concretado que la muestra está comisariada por el historiador Toni Soler.

"El derecho es un elemento esencial en la historia de cualquier colectivo, que rige la vida cotidiana de las personas y que es necesario conocer", ha valorado el decano del Icab, Oriol Rusca. 

(EuropaPress)

Fuente: LaInformacion.com

Puerto Rico: Puertorriqueños jamás ejercieron autodeterminación

San Juan, 26 sep (PL) Los puertorriqueños jamás han tenido el derecho a ejercer la autodeterminación, ni bajo el imperio español ni el estadounidense, coincidieron en un foro estudiosos de la realidad política de su país.

El presidente de la Comisión para el Estudio Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, afirmó que el establecimiento del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952 no surgió como una voluntad del pueblo puertorriqueño.

El Congreso (de Estados Unidos) retuvo la soberanía por lo que cualquier paso ahora "obliga a un proceso de consenso sobre fórmulas descolonizadoras", agregó.

Torres expresó que en el proceso constituyente que propone el Colegio de Abogados solo podrán participar los nacionales boricuas, lo que excluye a los estadounidenses o extranjeros naturalizados que residen en la isla.

También sugirió durante el foro, realizado en el municipio de Caguas, en la región central del país, que los puertorriqueños en el exterior o los hijos de padre y madre naturales del país pueden tener derecho a participar en el proceso.

El alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega, no encuentra explicación a que su Partido Nuevo Progresista (PNP), que aspira a la anexión a Estados Unidos, rechace la Asamblea Constitucional de Estatus propuesta por el Colegio de Abogados.

Recordó que los delegados serán seleccionados "por el pueblo, para el pueblo, con un solo propósito".

"Si nosotros decimos que somos mayoría, ¿por qué tenemos miedo al proceso?", preguntó Vega al anticipar el fracaso de cualquier otro mecanismo.

Añadió que el Congreso estadounidense carece de interés en resolver el estatus político puertorriqueño.

En este asunto coincidió el analista político Domingo Emanuelli al expresar que primero con España y después con Estados Unidos los puertorriqueños no han podido decidir su futuro.

El analista político Noel Colón aseguró que el Congreso estadounidense "no mira hacia Puerto Rico, tenemos que trabajar como pueblo, no como partido, somos una nación que hemos estado intervenida por dos imperios" durante cinco siglos.

jf/nrm

Fuente: Prensa Latina

México: Congreso aprueba nueva ley de aranceles de abogados

MEXICALI.- Con el objetivo de dar certeza jurídica a la práctica y al cobro de honorarios referente a la profesión de la abogacía, y evitar abusos en perjuicio de los usuarios de los servicios jurídicos diversos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Aranceles de Abogados para el Estado. 

Una vez que entre en vigor esta nueva norma, de manera automática quedará abrogada la Ley de Aranceles que se encuentra vigente desde 1977, y que ha sido el marco de referencia para que se establezca el cobro de honorarios de los abogados hacia sus clientes. 

La nueva norma fue presentada para debate parlamentario por el Diputado Carlos Murguía Mejía, con el dictamen número 281 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, durante la sesión ordinaria de la Vigésima Legislatura, donde obtuvo 21 votos a favor y ninguno en contra. 

Sobre el particular, el Diputado Murguía Mejía expuso: “la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California fue aprobada el 31 de enero de 1977 y publicada el 10 de marzo de 1977, y desde entonces no ha sido reformada ni actualizada, e incluso, -precisó- no fue actualizada en el año de 1991 cuando se determinó quitarle tres ceros a nuestra moneda mexicana”. 

El Legislador reveló que un grupo de juristas integrantes del Colegio de Abogados Ignacio Burgoa Orihuela, encabezados por el licenciado Joel Pacheco González, presentaron una propuesta respecto a la falta de actualización del arancel de abogados que actualmente rige en la Entidad, misma que fue tomada como base para el estudio y preparación de la iniciativa que dio origen a esta ley. 

Carlos Murguía comentó que esta norma “regulará el intercambio de intereses y actitudes entre los abogados y sus clientes, sobre las bases más satisfactorias para ambas partes, desapareciendo situaciones de cobros injustos o desproporcionados y favoreciendo las sanas relaciones entre los mismos, eliminando así, la figura de la corrupción profesional”. 

“Con nuestra propuesta de Ley de Aranceles de Abogados para el Estado de Baja California, pretendemos generar la norma legal que fije la justa retribución, pero para ser justa debe determinar un pago adecuado, suficiente y proporcional al trabajo realizado por el abogado”, agregó. 

Para rematar, el Diputado Murguía asentó: “La regulación de honorarios a los abogados tiene un significado de gran relevancia en nuestra sociedad, se impiden abusos y cobros indebidos, se percibe lo necesario por el profesionista, se da claridad y certeza a la relación profesional cliente–abogado, se da fluidez al trabajo y se proporciona igualdad de condiciones en el ejercicio de la profesión”.

Fuente: UniradioInforma

Argentina: Un centenario para celebrar

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido cien años caracterizados por la defensa permanente del Estado de Derecho

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una de las instituciones de mayor prestancia del país, cumplió cien años. Los motivos por los cuales este diario se asocia a la celebración central, que tendrá lugar esta noche, se remontan al acto mismo de fundación. Allí se apuntó a jerarquizar la profesión de quienes asumen la defensa y el amparo de los intereses que se les confían, debiéndolo hacer con sentimientos de responsabilidad moral y un rigor destinado a dejar a salvo el decoro con el que actúan. 

Entre los abogados que en 1913 se decidieron a reasumir la obra discontinuada del colegio que había presidido en 1857 Eduardo Acevedo, figuraron personalidades notables de la época: Osvaldo Magnasco, Tomás Le Breton, Juan José Díaz Arana, José María Rosa, Alfredo L. Palacios, Federico Pinedo, Vicente Gallo y Horacio Beccar Varela, entre otros. Algunos de ellos tenían contraídos compromisos políticos definidos, desde los del socialismo y de la democracia progresista hasta los del radicalismo y el conservadorismo, pero todos ellos se encontraban animados por la voluntad de agotar los medios de servir mejor al país. Se trataba en este caso de asociarse a una institución que inculcara principios de conducta ejemplar en la actividad y el magisterio profesional. Sobre esos hombres aún se prolongaba en aquellos años el recuerdo de otro abogado, tan vinculado con el anterior colegio, que en un desempeño excepcional había entregado la vida misma en solidaridad activa con los vecinos de la ciudad asediados por la devastadora epidemia de fiebre amarilla de 1871, José Roque Pérez. 

El nombre de Norberto Piñero, primer presidente del Colegio, es otra constancia de los intereses superiores que encarnaron el nacimiento de la flamante institución, que durante años ocupó para sus actividades un espacio en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, espacio natural de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el presente. En ese lugar realizaba el Colegio actividades culturales, a las que puso fin, en 1948, un reclamo a tono con la politización del Poder Judicial, expresado en el juicio político que, por inspiración del Poder Ejecutivo, se había entablado un año antes contra la mayoría de los magistrados del más alto tribunal. 

Siempre consideró el Colegio un deber ineludible de los abogados aceptar el nombramiento de oficio y defensa de pobres -siendo su consultorio jurídico establecido en 1915 el más antiguo del país-, además de actuar con respeto por los magistrados y sin exposiciones indignas de su condición, como las que a menudo se desnudan hoy con obscenidad en casos resonantes, sobre todo de índole penal, en los medios audiovisuales. Su obra cultural y de interacción con el ámbito universitario en la capacitación de los noveles abogados ha sido inmensa y proporcionada a ella la magnitud de su biblioteca, desde hace tantos años desplegada en innúmeros ámbitos de la casona que ocupa en la calle Montevideo. La labor fecunda de sus comisiones en todas las ramas del derecho ha contribuido al progreso de la ciencia jurídica, de la legislación y a la formación de los abogados. El Colegio también ha interactuado con el Poder Judicial de la Nación para impulsar la digitalización del proceso judicial y ha colaborado con la justicia civil en experiencias piloto para notificaciones y cuestiones de mero trámite, entre otras iniciativas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Justicia. 

La institución cuyo centenario se celebra hoy ha luchado invariablemente por la preservación del Estado de Derecho y por el máximo respeto de la juridicidad, aun en las situaciones de fuerza que con lamentable reiteración plantearon como alternativa el drama de la anarquía y de la potencial ausencia de toda regla, sin lo cual no hay sociedad posible. Se opuso a la ley de agosto de 1983 de autoamnistía de los militares por los crímenes con los cuales el Estado contestó a los crímenes de las agrupaciones terroristas, señalando que ésa era una materia propia del Congreso Nacional, que pronto se reconstituiría. En una acción que reconoce identidad común con el desafío a las pretensiones hegemónicas de la actual administración, en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, condenó el proyecto de legisladores del Partido Justicialista que procuraban enjuiciar a diez magistrados que habían concedido amparos y medidas cautelares ante decisiones del Estado. De igual modo, ha batallado hasta el cansancio, incluso en los días que corren, contra la política gubernamental que ha pretendido avasallar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, los fueros judiciales y la independencia de ese poder, en forma mancomunada con todos lo demás colegios de abogados de nuestro país, en un esfuerzo que se vio coronado por el contundente fallo de la Corte Suprema de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de reformas al órgano que selecciona a los magistrados. 

La defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, convirtiéndose en voz y escudo de quienes entonces sólo hablaban a través de sus sentencias; la exigencia del respeto a la dignidad del abogado; la ética profesional; el arbitraje como modo de solución de conflictos; la formación de los jóvenes abogados y la atención gratuita de quienes no tienen medios a través de un consultorio jurídico han sido algunas de las principales banderas permanentes del Colegio. 

Dice la leyenda que el sello de esta entidad representa una hoja de la encina bajo cuya sombra Luis, el rey santo de Francia, administraba justicia. Esa poesía es una manifestación de las calidades que a lo largo de un siglo ha preservado esta institución tan reconocida entre nosotros como en el exterior y cuyos valores culturales reflejan una línea de tradición argentina. Es la que se abraza al estudio metódico, a la defensa del orden constitucional y de los derechos y garantías individuales en él contenidos, como al espíritu de proteger la inclusión social, extendiéndola a todos los que habitan el territorio nacional, a partir de la igualdad ante la ley y del estímulo generoso a la igualdad de oportunidades.

Fuente: La Nación

Guatemala: Abogados aseguran ser más vulnerables

En el marco del Día del Abogado, juristas guatemaltecos denunciaron la alta vulnerabilidad que afronta el gremio ante el incremento de intimidaciones y asesinatos, 19 durante 2012 y 9 en lo que va de 2013. 

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Francisco Reyes, afirma que ejercer la profesión tiene un alto riesgo, como ejemplo citó las amenazas de muerte, extorsiones y secuestros de las que son objeto los juristas, en especial en el municipio de Mixco. 

“Para nosotros es frustrante que las denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP) no tengan avances en las investigaciones”, afirma Reyes. 

Óscar Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, considera que la profesión siempre ha sido de alto riesgo, afirma que están más expuestos a ser atacados quienes defienden a personas vinculadas con el crimen organizado. 

“La corrupción es una de las problemáticas que hace que el gremio viva en estos momentos una situación de violencia, además de las faltas a la ética profesional”, declaró Francisco Capuano, experto en Derecho Internacional. 

En Guatemala hay 18 mil profesionales colegiados, de los cuales se estima 6 mil ejercen la profesión.

Fuente: Siglo21.com.gt

España: La Abogacía presenta alegaciones contra el proyecto de Colegios Profesionales por sus "prejuicios"

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado -dentro del plazo de audiencia concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 5 de septiembre- alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, mostrando su rechazo total a la división de la profesión de abogado. 

La Abogacía presenta alegaciones contra el proyecto de
Colegios Profesionales por sus "prejuicios"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado -dentro del plazo de audiencia concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 5 de septiembre- alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, mostrando su rechazo total a la división de la profesión de abogado.

La Abogacía explica que el anteproyecto tiene dos partes claramente diferenciadas, como son la regulación de los servicios profesionales y la de los Colegios Profesionales. 

La primera se encuentra ajustada en términos generales a las previsiones comunitarias europeas y a la realidad del mercado de los servicios profesionales; si bien es en la segunda, dedicada a los Colegios Profesionales, "donde existe una regulación que parte de prejuicios injustificados frente a la organización colegial y que introduce normas que llegan a resultar inadecuadas por tratarse de meras prevenciones teóricas frente a los Colegios", según los abogados.

RUPTURA DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

La Abogacía censura en su informe que la colegiación se limite sólo a los abogados que actúen ante tribunales y para los que presten asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado. 

"La norma propuesta en el borrador de anteproyecto es una división y ruptura de la profesión contraria a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo", mantienen, por lo que el Anteproyecto "resulta incoherente y absurdo en la aplicación de la doctrina constitucional para justificar esta división". 

Considera la Abogacía que el asesoramiento jurídico que prestan los abogados ligados al cliente por una relación laboral "no es en sí una actividad diferente de la Abogacía, sino la descripción de una peculiaridad contractual entre abogado y cliente en base a la relación laboral que les une". 

Insisten en que el asesoramiento jurídico resulta esencial para permitir el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por los ciudadanos, así como para la conciliación de conflictos que de otra forma colapsarían los tribunales.

Por ello, el CGAE concluye que la colegiación debe ser obligatoria y defiende en sus alegaciones la Abogacía, para prestar cualquier servicio propio de la profesión y con independencia de la naturaleza jurídica de la relación del abogado con su cliente. 

"La no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, cercenando derechos del cliente -añaden-. La garantía de responsabilidad, eficacia y calidad en el servicio del interés público sólo puede obtenerse mediante la colegiación obligatoria, que ofrece sujeción a códigos profesionales de actuación de reconocida efectividad e imposible sustitución". 

(EuropaPress)

Fuente: La Información

Argentina: Comienzan a elaborar el proyecto definitivo democratización de la Justicia

El Gobierno provincial convocó para este viernes a la Comisión Redactora para concretar un proyecto consensuado y definitivo de modificación del sistema de selección de jueces del Consejo de la Magistratura, que será presentado a la Legislatura. La convocatoria también fue extensiva a los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande, la Asociación de Magistrados, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Participación Ciudadana y entidades gremiales. 

El secretario de Coordinación de Gabinete, Lisandro Fonrradona, precisó que “el decreto establece que la Comisión se autoregulará la forma de funcionamiento y tendrá 45 días corridos para elaborar un proyecto definitivo para elevar al Poder Legislativo”.

“Es importante reforzar la participación de la ciudadanía y de las instituciones para que día a día la democracia se fortalezca”, enfatizó el funcionario, reflexionando que “si la sociedad en su conjunto empieza a discutir el quehacer, no solamente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Judicial es más que importante”.

A su vez, el Secretario remarcó que “estamos contentos porque se dieron una serie de procesos muy interesantes, donde no solamente se participó en términos institucionales, sino también la población en general”.

Del mismo modo, recordó que “se inició con un proyecto presentado por el Ejecutivo que se trató en el Consejo Económico y Social, para luego concretar tres reuniones de comisión donde participaron abogados, juristas, consejeros de otras provincias, entidades gremiales, trabajadores del sector judicial y a partir de allí en una nueva reunión del CEyS se votó y se aprobó por unanimidad llevar adelante tres Audiencias Públicas para seguir profundizando la discusión y el debate sobre una posible reforma del Consejo de la Magistratura”.

“De esta manera inició la etapa de las tres Audiencias Públicas, que fueron de característica federal porque se realizaron en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia respectivamente”, aseveró Fonrradona, informando que “participaron más de 50 expositores, entre ellos ciudadanos en calidad de ciudadanos, vecinos en calidad de vecinos, abogados en calidad de abogados, representantes de instituciones y ONG en calidad de tal, sindicatos y funcionarios”.

Además, subrayó que “en las audiencias se dieron una cantidad exorbitante de material y de aporte a lo que es una discusión seria, democrática y participativa con respecto al quehacer de la democracia día a día y en este caso, tiene que ver con el Poder Judicial y puntualmente con los criterios de selección de jueces”.

“Con esta convocatoria tenemos la posibilidad de discutir con diversos referentes de organizaciones, Colegios de Abogados, Asociación de Magistrados, ONG Participación Ciudadana y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, empezar a discutir la elaboración de un proyecto consensuado de modificación del Consejo de la Magistratura”, concluyó.

Fuente: Actualidad TDF

Perú: Vicepresidenta Marisol Espinoza y Pdte. del Congreso, Fredy Otárola, inaugurarán el II Congreso Nacional de Abogados

.Cita será en Lima el 27 y 28 de setiembre, dice Dr. Raúl Chanamé Orbe 

.Se debatirá la especialización y la globalización en el Derecho

.Asistirán el Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, entre otras autoridades

.El 26 de setiembre se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Juristas

.El 25 de setiembre se presentará la Edición Digital de la Revista del Foro

La acreditación académica, la firma electrónica, la especialización y la globalización en el Derecho son algunas de los temas del II Congreso Nacional de Abogados, denominado Abogacía y Globalización, a desarrollarse en Lima los días 27 y 28 de setiembre del presente y organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, entidades, ambas, presididas por el Dr. Raúl Chanamé Orbe.

El Dr. Chanamé sostuvo que se trata de una cita académica de importancia nacional e internacional. “Vamos a debatir los grandes retos que tiene nuestra profesión, como es, por ejemplo, la especialización. La mayoría de los abogados todavía no ha obtenido la maestría y el doctorado, y en vista que vivimos en un mundo competitivo globalizado e informatizado, necesitamos especializar el ejercicio profesional”, afirmó.

Inaugurarán la cita la Primera Vicepresidenta de la República, Congresista Marisol Espinoza, y el Presidente del Congreso, Fredy Otárola. Estarán presentes en la cita el Presidente del Poder Judicial, Dr. Enrique Mendoza Ramírez; el Ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneyra; el Presidente de la Comisión de Justicia, Congresista Juan Carlos Eguren, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Máximo Herrera Bonilla, y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. De igual modo, los destacados hombres de leyes, Juan Vicente Ugarte del Pino, Javier Valle Riestra, Jorge Avendaño Valdez, Delia Revoredo Marsano y Luis Bedoya Reyes, quienes comparten la Presidencia de Honor de este trascendental evento. Clausurará el encuentro el Fiscal de la Nación, Dr. José Antonio Peláez Bardales.

Se debe señalar que el jueves 26 de setiembre se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Juristas (6 p. m.). El 25 de setiembre se presentará la Edición Digital de la Revista del Foro (6:30 p. m.).

El II Congreso Nacional de Abogados se llevará a cabo, el 27 y 28 de setiembre, en la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Av. Santa Cruz 255, Miraflores. Paralelamente, del 25 al 28 de setiembre, en el mismo local, se presentará la muestra EXPOJUSTICIA, perteneciente al Poder Judicial.

DÍA: VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2013

HORA: 8:45 A. M.

LUGAR: AUDITORIO CAL JOSÉ LEÓN

BARANDIARÁN

AV. SANTA CRUZ 255, MIRAFLORES

Fuente: GatoEncerrado.net

Paraguay: Insisten en que el Jurado destituya a más jueces que liberaron a narcos

Norma Gamarra, jueza. / ABC Color

El Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAP) insiste en que los jueces que liberaron a narcotraficantes sean removidos por el Jurado de Enjuiciamiento. Llamativamente, los magistrados Manuel Trinidad, Wilfrido Velázquez y Norma Gamarra, quienes también favorecieron a procesados por droga, fueron blanqueados por la auditoría de la Corte Suprema, afirman.CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional).Miembros del CAP presentaron una nueva denuncia en contra de jueces que liberaron a procesados y condenados por narcotráfico entre el 2011 y 2012. Esto debido a que la auditoría de la Corte blanqueó a tres jueces.

La nueva denuncia ante el JEM afecta a los jueces Manuel Trinidad, Norma Gamarra y Wilfrido Velázquez. El primero liberó a al menos 12 encausados, la segunda a cuatro y el último a once.

Entre los narcotraficantes liberados por Manuel Trinidad Colmán figura, Aquilino Medina Escobar, detenido el 25 de marzo del 2012 con 115 kilos de marihuana. El mismo salió en libertad el 08 de junio del año 2012, mediante el A.I. Nº 933 de fecha 08 de junio de 2012.

Entre los liberados por la jueza Norma Gamarra figuran: Walter David Benítez Bogado, beneficiado con arresto domiciliario por A.I. Nº 787, del 2 de junio del año 2011; Pablo Ricardo Melgarejo López, a quien se le concedió suspensión condicional y salió en libertad en fecha 8 de julio del año 2011; entre varios otros.

En tanto, el juez Wilfrido Velázquez liberó a al menos 11 procesados, entre ellos Juan Carlos Benítez, quien ingresó en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este en fecha 20 de junio del año 2011, se le concedió arresto domiciliario por A.I. Nº 640, de fecha 8 de julio de 2011.

Los abogados aseguran que los tres magistrados son los más criticados, pero que gracias a los padrinos que tienen en el Jurado y la Corte no pueden ser destituidos.

Remociones y renuncias- El Colegio de Abogados criticó duramente la auditoría de la Corte Suprema, que sugestivamente no encontró irregularidades en las actuaciones de Wilfrido Velázquez, Manuel Trinidad y Norma Gamarra.

- El Jurado había removido a los magistrados Cleto Quintana, Adolfo Genes y Neider Alarcón de Duarte.

- Los entonces jueces César Nider Centurión y Teresita Ricardi presentaron renuncia al cargo ante la inminente remoción.

- La auditoría de la Corte también compromete a más jueces del Este que siguen en el cargo y que están en la mira del Jurado.

Fuente: Diario ABC

Argentina: Un abogado sin título no daña al Colegio Público

Foto: Telán

La Cámara de Casación rechazó que el Colegio de Abogados de la Capital Federal sea querellante en una causa por usurpación del título de abogado. Para los jueces, en el caso no se afectaba a la entidad "en el cumplimiento de sus fines públicos ni de defensa de sus miembros", ni tampoco se vulneraba "la inviolabilidad del ejercicio profesional".

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal recurrió a Casación un pronunciamiento dictado por la Cámara del Crimen, por el cual se rechazó su solicitud de constituirse como parte querellante en una causa en la que se investigaba la maniobra efectuado por una persona que, simulando ser abogado, retiró el testimonio de una escritura de un inmueble. 

 

El imputado, haciéndose pasar por un abogado de la matrícula, habría retirado los testimonios para efectuar una transferencia apócrifa del inmueble en cuestión.

 

El CPACF, al anoticiarse del hecho mediante la denuncia de dos interesados en el asunto, decidió presentarse en el expediente y solicitar que sea tenido como parte querellante. El juez que instruía la causa le denegó esa solicitud, y la Cámara del Crimen confirmó ese decisorio.

 

El organismo se agravió de esa decisión, sobre la base de que los jueces “vaciaron de contenido las funciones asignadas por la ley de colegiación (ley 23.187) a mi mandante (arts. 17 y 21 incs. b) y j), puesto que está expresamente previsto en las funciones del Colegio Público de Abogados, la de controlar que la profesión de abogado sea ejercida por quien tiene título habilitante”.

 

Fundó su legitimación para constituirse como querellante, en que el caso versaba sobre “usurpación de títulos y honores, en el que se investiga la actuación de una persona que habría actuado como abogado sin tener ni el título habilitante ni la habilitación legal para ello”.

 

Por lo tanto, consideró que “esto no afecta a la administración pública en su conjunto como un

todo indivisible, sino que lesiona en particular a aquella área de la misma, sea de la administración central, ente autárquico o cualquier otra forma de organización, que específicamente se ocupe de velar por la ordenación, vigilancia, registro y control de las profesiones autorizadas y avaladas por la autoridad pública”.

 

“Sucede que en el caso de la abogacía, el ente público que tiene a su cargo esa función es precisamente el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y esto es así por expresa delegación legislativa que realizó la ley 23.187”, aclaró a continuación.

 

La parte recurrente concluyó con su argumentación, afirmando que “en estos supuestos, se afecta a los particulares que fueron engañados en su buena fe por falsos abogados, pero siempre va a lesionar en forma directa a la institución que, precisamente, tiene a su cargo vigilar y controlar que ello no suceda”.

 

De manera que “el ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado afecta la credibilidad y prestigio de esta profesión, lo cual va en desmedro de todos aquellos abogados que la ejercen regularmente y esto sí es una afectación mayúscula a la inviolabilidad del ejercicio profesional”.

 

Pese a todos estos argumentos, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, decidió que en los autos “P.M.O. y otros s/ recurso de Casación”, la institución que nuclea a los letrados dentro del territorio de la Capital Federal, no estaba legitimada para constituirse como querellante.

 

Los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, sostuvieron que “no se verifica en el caso ese perjuicio real y directo necesario para legitimar su actuación en los términos del artículo 82 del Código Adjetivo”.

 

Los magistrados aclararon que, si bien no desconocían lo dispuesto por el art. 21 inc. b) de la ley 23.187, en cuanto a las facultades de vigilar que la abogacía no sea ejercida por personas sin título habilitante, ni matriculación,  “dichas funciones de control y vigilancia no alcanzan, siquiera hipotéticamente, para investir a la institución de la calidad de particular ofendido en esta causa, teniendo en cuenta cuáles son los sucesos investigados”, afirmaron a continuación.

 

“Es que aun cuando en el caso se investiga una maniobra en la que presuntamente habría intervenido –entre otras- una persona simulando tener otra identidad y careciendo de título de abogado, ello no resulta suficiente para acreditar la calidad de particular ofendido, exigida en forma expresa por la norma ritual”, precisó el fallo.

 

La apelación a la letra del art. 21 inc. j) de la Ley de Abogacía, en la que se establece que el Colegio “tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos la legitimación procesal para ejercitar la acción pública”, tampoco pudo lograr el fin perseguido por la parte recurrente.

 

Ello, debido a que “la ley reconoce al Colegio legitimación para actuar como querellante, pero exclusivamente en su deber de tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional, único supuesto de legitimación procesal previsto por la norma, que no se verifica en el sub examine”.

 

“Máxime cuando la conducta aquí investigada de manera alguna afecta a la entidad en el cumplimiento de sus fines públicos ni de defensa de sus miembros, ni en la especie se verifica un supuesto donde se vulnere la inviolabilidad del ejercicio profesional”, puntualizó el fallo.

 

La Cámara de Casación indicó que no se dieron ninguna de las causales tales como que “se haya impedido el libre ejercicio de la profesión de abogado, se haya afectado a éstos en su dignidad, o se haya atacado el decoro profesional o la armonía que debe existir entre ellos”.

Por lo tanto, “los argumentos de la impugnante para demostrar la lesión que se habría ocasionado a la institución y a todos aquellos abogados que ejercen regularmente la profesión, aparecen, cuanto menos, difusos e insuficientes para satisfacer con éxito las exigencias previstas en la normativa procesal”. 

Fuente: Diario Judicial

Argentina: APDH pide a Colegio de Abogados platense que suspenda un curso dictado por Vicente Massot

Vicente Gonzalo Massot.

La Plata.- La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH) pidió hoy la suspensión de un curso que el propietario del diario "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca, Vicente Massot, tiene previsto dar mañana en el Colegio de Abogados de la capital bonaerense. "Nos sentimos alarmados por el anuncio de la presencia en nuestro colegio de Vicente Massot, quien ha sido convocado para dar un curso en el marco del Instituto de Derecho Político", explicaron desde la APDH. Recordaron que Massot "es investigado en calidad de partícipe del genocidio, por el secuestro y homicidio de dos obreros gráficos en el marco del terrorismo de Estado, así como por su papel en la connivencia del periódico "La Nueva Provincia" con sectores del ejército durante aquella sangrienta represión". 

Está previsto que Massot diserte sobre "Maquiavelo en clave realista" en el marco de un curso de una serie charlas sobre los 500 años de la publicación de El Principe. 

En una nota dirigida a Fernando Levene, presidente del Colegio platense manifestaron que el diario propiedad de Massot "se ha alineado incondicional e invariablemente con la última dictadura cívico militar no sólo en el período en que aquella gobernó sino también en los últimos años, ubicándose así fuera de los límites del derecho a la libertad de expresión y, sobre todo, fuera de los límites del pluralismo democrático".

Se reanuda el juicio en Bahía Blanca

El Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca continuará mañana con el debate en el marco del juicio oral y público contra siete militares imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico militar. Fuentes judiciales señalaron a Télam que "la audiencia continuará desde las 9, día en el que los imputados tendrán la posibilidad de hablar como así también las partes definirán criterios para los tramos finales". El Tribunal integrado por los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava, lleva adelante el debate de la causa 1067 caratulada "Stricker, Carlos Andrés y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo Marcelo y otros en área controlada operaciones Cuerpo Ejército V". 

Son juzgados José Héctor Fidalgo, Felipe Ayala, Bernardo Artemio Cabezón, Fernando Antonio Videla, Carlos Andrés Stricker, Alejandro Osvaldo Marjanov y Ricardo Gangolfo. "En el marco del juicio, los alegatos por parte de la Fiscalía se realizarán el 8 y 9 de octubre próximo, la querella lo hará el 15 y 16, en tanto que a partir del 22 será el turno de la defensa", agregaron. 

Los detenidos están imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 89 víctimas. También por la apropiación de dos criaturas nacidas en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita" y que todavía no conocen su identidad.

Fuente: Telám

España: El mandato de Sonia Gumpert en el Colegio de Abogados se 'tambalea' tras producirse una nueva dimisión

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid publicó anoche en su web la dimisión de su diputado sexto, Santiago Luengo, quien es, asimismo, el fundador de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).

Los motivos que esgrima Luengo residen en estrictos motivos personales. Aunque, según publica Libertad Digital, la dimisión va más allá de los problemas de compatibilidad de su trabajo en el despacho con las obligaciones del cargo en el Gobierno del Colegio de Abogados.

Fuentes consultadas por el citado diario y conocedoras de los hechos han señalado que Luengo comunicó su dimisión durante la celebración de la Junta de Gobierno del pasado 16 de septiembre. Siempre según estas fuentes, durante la reunión se produjo una fuerte discusión por los gastos de representación de la decana y de los arbitrajes de Javier Íscar. El vicedecano y tesorero del ICAM, Manuel Valero, actual presidente de ALTODO, reclamaba transparencia en los gastos y pidió a Íscar que diera cuenta de los arbitrajes que había cobrado.

ABC publicó que Javier Íscar, diputado del ICAM y mano derecha de la decana, Sonia Gumpert, se había quedado con la Comisión de Arbitraje del ICAM (una de las que más factura), justo antes de iniciar una gira por medio mundo con la decana. Se da la circunstancia de que Íscar es, además, propietario de la corte de arbitraje AEADE, lo que para muchos abogados es competencia desleal.

Durante la discusión, en la que tanto Íscar como Gumpert se mostraron muy combativos con el tesorero, Manuel Valero, su compañero de ALTODO, Santiago Luengo, viendo la presión a la que era sometido su compañero, lanzó una misiva con su dimisión a la mesa de la junta y se marchó de la reunión. 

Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital detallan que durante la pasada semana, tanto Gumpert como Íscar intentaron reconducir la situación sin informar, en la web del ICAM, de la baja de Luengo. Finalmente, accedieron y publicaron anoche la carta formal.

La renuncia de Santiago Luengo se suma a las de la tesorera Elena Ruiz de Angulo, la del primer secretario Francisco Esteban y la del segundo secretario Juan José Sánchez Puig. Si las previsiones se cumplen, el mandato de Gumpert podría tener los días contados, ya que si dimiten 8 miembros de la Junta de Gobierno, el ICAM tendría que convocar nuevas elecciones. Las fuentes consultadas por el diario mencionado dan por hecho que tanto Manuel Valero como Begoña Castro terminarán saliendo de la Junta, lo que dejaría la convocatoria de elecciones a tiro de dos dimisiones más.

Desde que llegó al poder, Sonia Gumpert encadena un escándalo con otro. A las dimisiones tempranas de sus dos secretarios y la tesorera, le siguió el creciente malestar por el incumplimiento de su programa electoral entre diferentes sectores de la abogacía madrileña. Además, pese a criticar en campaña electoral los salarios de la antigua junta, no sólo subió los sueldos en los presupuestos, sino que puso un salario con cargo a las cuentas del ICAM a sus diputados fieles, pese a que lo niega en comunicados oficiales

Fuente: ElBoletin.com

Argentina: Propuesta para cambiar el nombre al Colegio de Abogados

El Co­le­gio de Abo­ga­dos de Vi­lla Ma­ría de­be ana­li­zar la pro­pues­ta de una co­le­gia­da que im­pul­sa el cam­bio de nom­bre de la ins­ti­tu­ción pa­ra que sea in­clu­si­vo pa­ra los le­tra­dos va­ro­nes y las mu­je­res. 

Has­ta el mo­men­to, no hu­bo una res­pues­ta con­cre­ta de la ins­ti­tu­ción a la ini­cia­ti­va que tie­ne an­te­ce­den­tes en or­ga­ni­za­cio­nes si­mi­la­res de otros paí­ses que de­no­mi­nan al co­le­gio “de abo­ga­das y abo­ga­dos”. 

En nues­tro país, hay pro­yec­tos si­mi­la­res pre­sen­ta­dos, en­tre otros lu­ga­res, en Tu­cu­mán y La Pam­pa. En el pri­mer ca­so, las le­tra­das Ma­ría So­le­dad De­za y Te­re­sa Ivan­kow, im­pul­sa­ron el cam­bio de nom­bre por el de "Co­le­gio de Abo­ga­das y Abo­ga­dos", "Co­le­gio de Abo­ga­dos y Abo­ga­das", "Co­le­gio de Abo­gad@s", "Co­le­gio de Abo­gaxs", "Co­le­gio de Abo­ga­da­s/os", "Co­le­gio de Abo­ga­do­s/as" o "Co­le­gio de pro­fe­sio­na­les de la Abo­ga­cía". 

En los fun­da­men­tos, es­gri­mie­ron que al nom­brar só­lo al pro­fe­sio­nal mas­cu­li­no, ca­re­ce “de en­fo­que de gé­ne­ro, re­sul­tan­do así ex­clu­yen­te de las abo­ga­das y por en­de, vio­la­to­rio de las dis­po­si­cio­nes nor­ma­ti­vas en vi­gen­cia que exi­gen la eli­mi­na­ción de to­do tra­to dis­cri­mi­na­to­rio en ra­zo­nes de se­xo". 

"El po­der de nom­brar -es de­cir, de crear y de­fi­nir las pa­la­bras­, crear y de­fi­nir las re­glas gra­ma­ti­ca­les de un len­gua­je de­ter­mi­na­do, de pro­por­cio­nar a las co­sas iden­ti­dad, evo­cán­do­las y es­ta­ble­cién­do­las co­mo pun­tos de re­fe­ren­cia o re­la­cio­na­das unas con otras- es el po­der de con­for­mar una cul­tu­ra de­ter­mi­na­da, es el po­der de es­ta­ble­cer lo que exis­te y lo que no exis­te, lo que se con­si­de­ra na­tu­ral y lo que no lo es, lo bue­no y lo ma­lo. El po­der de la pa­la­bra es po­der es­co­ger los va­lo­res que guia­rán a una de­ter­mi­na­da so­cie­dad". 

"Es la pers­pec­ti­va mas­cu­li­na lo que in­for­ma y de­fi­ne to­do, da­do que los hom­bres­/va­ro­nes han de­ten­ta­do siem­pre "el po­der de nom­brar" en to­da co­mu­ni­dad or­ga­ni­za­da", agre­ga­ron. 

En La Pam­pa la con­ce­ja­la y abo­ga­da Ce­lia As­sel so­li­ci­tó for­mal­men­te a la Co­mi­sión Di­rec­ti­va del Co­le­gio de Abo­ga­dos y Pro­cu­ra­do­res, con se­de en San­ta Ro­sa, el cam­bio de nom­bre y pro­pu­so, en el mis­mo sen­ti­do que en Tu­cu­mán, que la en­ti­dad pa­se a lla­mar­se "Co­le­gio de Abo­ga­dos y Abo­ga­das" o "Co­le­gio de pro­fe­sio­na­les de la Abo­ga­cía". 

"Des­de la mi­li­tan­cia fe­mi­nis­ta con­si­de­ra­mos que uti­li­zar un len­gua­je no se­xis­ta en la vi­da co­ti­dia­na y en las dis­tin­tas ins­ti­tu­cio­nes es muy im­por­tan­te por­que se va cons­tru­yen­do un nue­vo pen­sa­mien­to­", ex­pli­có As­sel. 

Aho­ra, los le­tra­dos y le­tra­das del co­le­gio vi­lla­ma­rien­se de­be­rán ana­li­zar la pro­pues­ta.

Fuente: El Diario del Centro de País

España: Los abogados catalanes se muestran en contra de la prisión permanente revisable

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

Los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, agrupados en el Consejo de la Abogacía Catalana, han mostrado su rechazo a la instauración de la pena de prisión permanente revisable que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como proponía el PP en su programa electoral, una de las pocas cosas que parecen van a cumplir. 

Los abogados catalanes creen que es una medida "contraria al artículo 25 de la Constitución" que dice que las penas de prisión tienen que estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Los letrados aseguran que toda pena que no esté orientada en ese sentido "supone un grave retroceso en los derecho y principios rectores del Código Penal".

Miguel Sàmper, presidente del 'Consell de l'Advocacia Catalana' ha afirmado que "el poder legislativo no tiene que modificar o crear leyes bajo la presión de las fuerzas mediáticas, sino que tiene que actuar siempre bajo el respeto de los principios fundamentales que amparan nuestro ordenamiento jurídico". Algunos de estos abogados no se rigen por los mismos principios cuando hablan de referéndums de independencia, o consultas por el 'derecho a decidir'. 

Para Sàmper, imbuido del espíritu más políticamente correcto, "la prisión constituye el fracaso de la sociedad", y no el fracaso del delincuente de adaptarse a las mínimas normas de convivencia, por lo cual propone "dirigir la política criminal a penas alternativas que faciliten la reinserción", es decir, más dinero en programas de ayuda social y más reos fuera de las cárceles.

Fuente: Diálogo Libre

Honduras: Abogados piden a Policía y al MP que resuelvan muertes de 91 togados

Ante la muerte de 67 abogados en lo que va del año, y 91 desde el 2004, las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se reunieron ayer con el fiscal general, Óscar Chinchilla, para solicitarle la conformación de dos grupos que investiguen los casos.

Roy Urtecho

“Pedimos el informe, respetuosamente al fiscal general, donde nos ha manifestado que deberá fortalecer la unidad de muertes violentas no solo para abogados, sino para la población hondureña”, además hicimos la petición al director de la Policía para que se le dé al Ministerio Público 60 investigadores en Tegucigalpa y 60 en San Pedro Sula, porque son las ciudades más vulnerables para el ejercicio de la profesión”, dijo el presidente del CAH, Roy Urtecho.

La mañana de ayer la junta directiva del CAH, se reunieron con el fiscal general, por espacio de varias horas.

Urtecho manifestó que tanto el Colegio de Abogados como el Ministerio requiere el respaldo de los 16,624 profesionales del derecho.

Para el presidente del CAH, las muertes de abogados en el país no están impunes, puesto que “mientras no prescriba la acción y el delito, no están en impunidad, pero si debemos dar una respuesta no solo al Colegio de Abogados, sino a la humilde señora que salió a buscar el pan para sus hijos, como el taxista que trabaja día a día”.

El 97 por ciento de las muertes están sin resolver, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El fiscal general, Óscar Chinchilla, no salió a brindar declaraciones sobre la reunión y otros temas públicos, tampoco lo hizo el recién juramentado director de fiscales, Roberto Ramírez Argueta.

En el 2012 fueron ultimados en Honduras 13 abogados; en el 2011 fueron 22; mientras que en el 2010, fueron 16, según los recuentos del Conadeh.

Fuente: La Tribuna

Honduras: CAH a reunión con fiscal general para pedir justicia

 Redacción 91 abogados fueron asesinados desde 2004, de estos, 67 se registraron en el gobierno de Lobo Sosa. El 97 por ciento están impunes. El crimen más reciente se cometió el pasado martes en contra de la abogada Dinia Acosta en San Pedro Sula. El crimen más reciente se cometió el pasado martes en contra de la abogada Dinia Acosta en San Pedro Sula. (El Heraldo) Tegucigalpa, Honduras La junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se reunirá mañana con el fiscal general óscar Chinchilla para pedir justicia por la desatada ola criminal contra profesionales del derecho. La cita se acordó para mañana, luego que trascendiera el asesinato de la abogada Dinia Acosta, en San Pedro Sula, suceso que fue condenado por el CAH. “En virtud del último asesinato ocurrido en San Pedro Sula, estamos citados como junta directiva a comparecer con el fiscal general óscar Fernando Chinchilla para que nos informe de la situación de las investigaciones”, informó Roy Urtecho, presidente del CAH. Y es que al no tener respuesta de los móviles de los crímenes, se entenderá que los mismos obedecen al ejercicio de la profesión. En el encuentro, el CAH solicitará al fiscal general promover una reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) para crear una unidad especializada para investigar crímenes de abogados. La misma estaría conformada por policías de investigación, fiscales y miembros del CAH que puedan coadyuvar en las indagaciones. Lo que se pretende es que se judicialicen los casos, que no sigan impunes, expresó. Asimismo, que no se cometan más hechos violentos contra profesionales del derecho. Informó que la Unión Internacional de Abogados, con sede en Francia, envió una nota al presidente Porfirio Lobo, solicitando que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para que se garantice el libre ejercicio de la profesión de los abogados. Este organismo internacional demanda que no se atente la labor de abogados y abogadas. La nota se remitió con copia al ministro de Seguridad, Arturo Corrales, y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Alta incidencia Según registros, desde el año 2004 fueron asesinados 91 profesionales del derecho. De estos 79 son abogados y 12 abogadas, 38 fueron asesinados en Tegucigalpa, 19 en San Pedro Sula, 11 en El Progreso y el resto en otras zonas de el país, detalló. Desde el año 2010 a la fecha, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fueron asesinados 67 profesionales del derecho. El año más violento fue el 2011, con 26 asesinados, lamentó. De acuerdo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre las víctimas figuran fiscales del MP, jueces de Sentencia, así como asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agroindustriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de Tránsito, de la Niñez y de Letras.

Leer más en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/CAH-a-reunion-con-fiscal-general-para-pedir-justicia
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Guatemala: Guizar Abarca, presidente del colegiado, indica que el MP debe informarle a la persona acusada el proceso que se inicia en su contra.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) inauguró el viernes último la sede para sus agremiados de Escuintla, la cual funcionará en el Complejo Regional de Justicia, ubicado en kilómetro 53.5 de la antigua ruta a Palín.

Luis Reyes, presidente del CANG y Aura Palala, presidenta
de la Asociación de Abogados y Notarios de Escuintla

ESCUINTLA -Luis Alfredo Reyes, presidente del CANG, informó que con la sede buscan fortalecer la descentralización, para que los asociados realicen cualquier trámite en ese departamento y no viajen a la capital. 

El profesional resaltó que también tienen previsto abrir otras sedes en Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, Retalhuleu, Izabal y Alta Verapaz. 

Reyes indicó que también les preocupa los hechos de violencia, ya que desde el 2012 a la fecha, al menos 19 abogados y abogadas han sido ultimados en el país, por lo que se han pronunciado y pedido a las autoridades que investiguen. 

Aura Delfina Palala, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Escuintla, dijo que ahora se evitarán viajar a la capital, lo que agilizara la compra de timbres y otros trámites de los agremiados. 

POR ENRIQUE PAREDES / ESCUINTLA

Fuente: PrensaLibre.com

México: Consideran que proceso para desafuero de jueces está viciado

Guizar Abarca, presidente del colegiado, indica que el MP
debe informarle a la persona acusada el proceso que se
inicia en su contra.

GUADALAJARA, JALISCO.- El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco consideró que el proceso para desaforar a dos jueces, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), se encuentra viciado y que no se actuó desde un principio conforme a derecho.

El 20 de agosto de 2013, Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del STJ, informó que tiene dos solicitudes de desafuero de jueces en la Comisión de Vigilancia, y que se encuentran en la etapa de resolución.

Es decir, la FGE señala a uno de los jueces, Miguel Valenzuela González, de haber dejado en libertad de manera irregular a dos personas acusadas de secuestro, cuando era titular de un Juzgado en Puerto Vallarta, actualmente, el funcionario imparte justicia en San Juan de los Lagos.

José Luis Guizar Abarca, presidente del colegiado, explicó que para poder desaforar a un juez, primero debe ser analizado por magistrados y posteriormente por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde se decidirán si son despedidos.

Guizar Abarca detalló que un agente del Ministerio Público debe notificarle a cualquier persona acusada de algún delito, por el proceso que se inicia en su contra, si de no hacerlo, se incurre en la violación de las garantías individuales.

El colegiado indicó que los jueces tienen autonomía para brindar resoluciones en contra de personas acusadas de algún delito, pero la sentencia emitida puede ser analizada en segunda instancia por magistrados, quienes dictan otra sentencia o dejan en libertad al indiciado.

"Si los magistrados consideran en el juez a la hora de dejar en libertad a un sentenciado, cometió graves errores o no debió de haber emitido esa resolución, entonces los magistrados tienen que presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, y también las partes involucradas tienen ese derecho de presentar su inconformidad", dijo el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco.

Explicó que el Consejo de la Judicatura del Estado, de acuerdo en su reglamento, aplica una sanción que va desde un "regaño" hasta la despedida definitiva del trabajo del juez, en discordia. 

"Entonces esa persona (juez) ya no tiene fuero, y ahí sí pueden iniciar un procedimiento judicial, pero tienen que notificarle; todos los jueces que corrieron, los de la Judicatura pasada, se ampararon y ganaron."

"Es la Judicatura la encargada de sancionar (...) entonces si ya corren a un juez, pueden fincar una averiguación previa, y tienen que mandarlo citar para que se defienda y declare, porque si no, a esa persona, se le están violando sus derechos y garantías individuales y sus derechos humanos" dijo Guizar Abarca.

Fuente: Informador.com.mx

España: Los procuradores critican que la Ley de Colegios Profesionales incrementaría hasta 7 años el retraso de la Justicia

Foto: EUROPA PRESS

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los colegios de profesionales de la Región de Murcia han criticado que si el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que actualmente está en fase de información, se aprobara tal y como está redactado supondría un incremento de entre seis y siete años en el retraso que ya acumulan los procesos judiciales y duplicaría el coste de los gastos de representación para el ciudadano.

Así lo han hecho saber los decanos de los Colegios de Procuradores de Murcia y Cartagena, José-Miguel Hurtado y Milagrosa González, respectivamente, quienes se han reunido este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, para trasladarle sus inquietudes acerca del anteproyecto de Ley.

Además, los decanos pretendían conocer la opinión del presidente del TSJ, para saber si cuentan con su apoyo institucional para que "no se apruebe ese anteproyecto tal y como viene redactado", ya que "tendría unas consecuencias nefastas para el ejercicio de la procura" y los procuradores, un colectivo integrado por unos 340 profesionales en la Región de Murcia.

En concreto, Hurtado ha advertido que un abogado "no puede preparar una demanda, recibir a los clientes y hacer lo que hacen los procuradores durante todo el día y llevarlo profesionalmente bien, por lo que supondría un perjuicio para la Administración de Justicia y para el ciudadano".

Por ejemplo, ha explicado que se ha elaborado un estudio que corrobora que, en caso de aprobarse el anteproyecto de Ley tal y como está redactado, la Administración de Justicia "se colapsaría y se incrementaría en seis o siete años los procedimientos".

Actualmente, defiende que los procuradores "hacen que la Justicia se agilice un poco" y, con todo, los procesos acumulan un retraso desde el momento en el que se ha hecho el trámite procesal que señala la vista oscila en función de cada partido judicial, y que supera un año en el caso de Murcia y los seis meses en el caso de Cartagena.

Además, Hurtado subraya que este retraso "se está comprobando en los juzgados de lo laboral y lo contencioso, donde los procuradores no somos preceptivos, y el retraso se está haciendo más patente".

Además, el decano ha lamentado que la aprobación del anteproyecto supondría la desaparición del arancel, por el cual, el procurador cobra 260 euros por la representación que ostenta en un procedimiento. La nueva Ley "implicaría una liberalización de los precios" y si el abogado hiciera lo mismo "cobraría unos 580 ó 590 euros, es decir, el doble", advierte.

La desaparición del arancel "perjudica al cliente porque no sabe qué se le va a cobrar por la actuación profesional". El arancel, recuerda, "especificaba el precio a cobrar", por lo que la nueva ley "supondría una nueva liberalización de precios que iría en contra del propio ciudadano".

OTRAS PROFESIONES AFECTADAS
Además, han aseverado que el anteproyecto "es perjudicial para el ciudadano porque las profesiones afectadas son la gran mayoría, y representa un grave perjuicio para ejercer la libertad del ciudadano, y no solo las profesiones jurídicas, que son las que quizá estén más afectadas".

González ha señalado que el Consejo General de Procuradores de España acordaron en su último pleno extraordinario convocar a todos los colegios de España, darles previamente toda la información relativa a ese anteproyecto y las advertencias de lo que realmente era perjudicial para los colegios profesionales.

Además, se dio a los colegios de procuradores "una serie de recomendaciones y todos los operadores a los que deben dirigirse los colegios de procuradores para solicitar apoyos en contra de ese anteproyecto".

El hecho de que abogados y procuradores "estén al mismo nivel", según González, significa que si se aprobara el anteproyecto tal y como está ahora registrado, "cualquiera podría ejercer como abogado o como procurador".

La única distinción, según la reforma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sería que los abogados no podrían realizar los actos de ejecución y comunicaciones, pero, en definitiva, lamenta que "quedaríamos equiparados".

Por tanto, por el simple hecho de estar colegiado en los colegios de Abogados o de Procuradores "se puede ejercer como abogado o como procurador en cualquier pleito, dependiendo de su elección".

En cambio, González defiende que las funciones de unos y otros "están bien delimitadas y no son compatibles, algo que todos los decanos de la Región tenemos claro". Por ello, se siente extrañados de que el Ministerio de Economía "no sea capaz de ver la labor que efectúa cada uno dentro de un procedimiento".

El Ministerio de Justicia, en cambio "tiene bien clara la diferencia, y si algún operador jurídico puede contribuir a la calidad, la eficacia y la rapidez de la Justicia es el procurador y, especialmente, en actos de ejecución".

En caso de que el anteproyecto de ley sea aprobado, Hurtado avanza que los colegios de procuradores tienen unas directrices a seguir por el Consejo General de Procuradores que se llevarán a cabo a nivel nacional, con medidas "de fuerza" si no se llegara a la modificación del anteproyecto en la fase de informe actual.

Fuente: Europa Press

México: Indeseables licenciados deshonestos

Por José Luis Rico

Pachuca, Hidalgo.- El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del Estado Hidalgo, Francisco Martínez Ballesteros, expresó que esa organización no patrocinará a profesionales de Derecho que se conduzcan de manera deshonesta o esquilmen a sus clientes.

Lamentablemente, por algunos casos penosos se deteriora la imagen de los litigantes, expuso al informar que con la finalidad de que el ejercicio de la abogacía se apegue a lineamientos éticos que permitan a los licenciados en Derecho contribuir a la cultura de la legalidad, se impulsa el Código de Ética, el cual norma su actuar para con las autoridades y los clientes.

El presidente de esta asociación, que agrupa alrededor de 800 abogados, señaló que con la aplicación de estos lineamientos se pretende obtener la confianza de la sociedad hacia el desempeño de su profesión.

"Debemos trabajar en contribuir al logro de mejores condiciones para dicho ejercicio: abogados profesionalizados y actualizados; marco legal que permita su correcta actuación en todo lugar; ejercicio ajustado a las normas de ética profesional y participación dentro de la vida del Colegio".

Explicó que algunos de los elementos generales que contempla este código de ética son: "Cómo debe ser el trato hacia el cliente, cómo se deben llevar los asuntos, cómo se debe cobrar, el deber de confidencialidad, la obligación de lealtad para los colegas, el deber de respeto y exigencia para las autoridades judiciales", entre otros.

La ciudadanía puede acercarse a la Barra para informar sobre casos donde se suscite, por parte de algún abogado, barrista o no barrista, alguna conducta fuera del código de ética, a fin de analizarla y poder establecerse, en caso de proceder, alguna acción que va desde amonestación, suspensión de sus derechos como barrista, en caso de serlo, hasta emitir una comunicación a la Dirección de Profesiones a fin de que actúe conforme a sus facultades..

"Con este código buscamos mejores abogados para la sociedad: abogados honestos, confiables y actualizados, así como establecer sanciones a abogados que realicen actos fuera de la ley".

El actual consejo directivo de la BMA busca propiciar un acercamiento con la ciudadanía; con ese fin y para apoyar a las personas que no cuentan con los recursos económicos, brinda asesorías gratuitas para la gente que se acerque a esta organización.

Reiteró: "Tenemos que trabajar mucho en torno a la imagen y a la conducta ética de los litigantes".

Hoy en día se cuestiona que algunos de ellos, "y lo digo en términos muy llanos, hacen transas y actúan en forma indebida.

"Tenemos previsto un procedimiento mediante el cual se puede sancionar a los malos abogados y no solamente a aquellos que están colegiados, es decir, que pertenecen a alguna asociación".

Fuente: El Sol de Hidalgo

España:Los despachos en quiebra piden ayuda a los colegios Los despachos en quiebra piden ayuda a los colegios

Argentina: Justicia argentina rechaza eliminar expresiones contra abogado

BUENOS AIRES, sep. 9 (UPI) -- La Justicia rechazó una cautelar contra Google para que cierre un blog en el que se calificaba a un abogado de "vampiro", consignó un reporte del Diario Judicial. 

La justicia había dictado una medida cautelar contra Google y le ordenó que precediera al bloqueo de determinadas URL's "por considerar injuriosa la expresión 'abogados vampiros"' que contiene". La expresión impugnada por el actor en la causa "S. G. E. c/ Google Inc. s/ medidas cautelares", lo sindicaba como jefe de un partido político "y de los abogados vampiros del Colegio de (…)". Los letrados del famoso buscador apelaron la medida, argumentaron que "a protección al buen nombre y a la imagen profesional acorada al actor como medida cautelar, no puede utilizarse como una herramienta de censura sobre las opiniones que no le sean favorables o de su agrado, máxime cuando se refieren a su actividad política pública y no personal".

El actor era abogado que también participaba de la política de un Colegio de Abogados cito en la Provincia de Buenos Aires, del cual había sido presidente. Por otra parte, argumentó que el término "vampiro" había sido utilizado "como una forma de llamar a cierto grupo de abogados desde una corriente política opositora" dentro del colegio profesional, por lo que ello no afectaba la esfera personal del actor. La Sala I Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, integrada por los magistrados Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo, consideró, por el contrario, que la conducta impugnada por el letrado estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión. Los jueces recordaron que "el bloqueo involucraba posteos en un blog o mensajes en un foro jurídico publicados por un abogado, los que tendrían relación -según los resultados que arroja el buscador que han sido denunciados- con la actuación del actor en el ámbito de la justicia y del Colegio de Abogados".

En tal sentido, consideraron que la presunta injuria se trataba de una expresión "que claramente no esta relacionada con la vida privada o la esfera de intimidad del actor, sino con su actuación profesional y política en ámbitos públicos del ejercicio de la abogacía, en especial, en el Colegio Publico de Abogados". "Por otro lado, se debe reparar en que el autor del comentario cuestionado es un abogado que, como se dijo, esta identificado (circunstancia que no ha sido controvertida), quien califica a través del término "vampiros" a un grupo de abogados de dicho Colegio, que se denominaría 'M.R.', cuyo jefe -según indica- seria el actor", precisó el fallo.

Además, consideraron que "el carácter injuriante que se le atribuye al término 'vampiros' tampoco justifica el bloqueo cautelar pretendido, habida cuenta del contexto en el cual ha sido utilizado". Los integrantes del Tribunal, entonces, concluyeron que "no puede considerarse la expresión cuestionada como un epíteto denigrante, un insulto o una locución sin relación con el sentido estricto del discurso en el que se inserta". Motivo por el cual la medida cautelar fue revocada, completó la nota del Diario Judicial.

LATAM: Reporte (drm)

Fuente: UPI Español

España: Dos reveses judiciales cercan a la decana de los abogados

La actual decana, Sonia Gumpert, el día de las elecciones en el
Colegio de Abogados de Madrid Gonzalo Pérez 

Gumpert tendrá que explicar al juez los pactos previos a los comicios del Colegio y los incidentes que se produjeron en la noche electoral 

Madrid- La polémica que acompaña a Sonia Gumpert desde el día en el que se proclamó decana de los abogados madrileños parece, al menos de momento, no abandonarla. Tras ocho meses en el cargo, la validez de las elecciones todavía está pendiente de resolución en los juzgados. En este tiempo, además, su equipo ha sufrido tres dimisiones de calado por graves desavenencias con la forma en la que se está gestionando el ICAM y se han hecho públicos pactos secretos que no fueron puestos en conocimiento de la junta electoral y sobre los que deberá pronunciarse la Justicia. 

Circunstancias todas ellas que dibujan un horizonte convulso al que ahora se añaden dos nuevos reveses judiciales sufridos por el equipo de gobierno del ICAM. De un lado, la vía contencioso-administrativa iniciada por el ex decano Antonio Hernández-Gil, avanza. Una vía que tiene su origen el día en el que los abogados fueron llamados a las urnas. Tras la convulsa jornada electoral de aquel 18 de diciembre, Hernández-Gil decidió instar al Consejo de Colegios de la Comunidad –que agrupa al de Madrid y al de Alcalá de Henares– a investigar los posibles pactos entre candidatos «que pudieran existir y que no se hicieron públicos, como obliga la normativa legal», antes de las elecciones por parte de la decana. El Consejo de Colegios recibió en mayo la información relativa a dos de estos acuerdos, cuya firma fue revelada por este diario: uno suscrito con la Agrupación Pro Abogacía y otro con la candidatura del letrado Emilio Ramírez Matos. Con esta información, el Consejo de Abogados debía tomar una decisión al respecto. Sin embargo, la recusación de tres de los miembros de este órgano y el hecho de que otros cinco –en su calidad de miembros de la junta del ICAM– no pudieran pronunciarse sobre este tema, dejaron al Consejo de Colegios sin poder de decisión. Hernández-Gil decidió entonces recurrir a la Justicia y presentar un recurso contencioso-administrativo «contra la desestimación presunta por silencio negativo por el Consejo de Colegios de Abogados del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Comisión Electoral de fecha 22 de diciembre de proclamación de la candidatura presidida por Dª. Sonia Gumpert Melgosa». El recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue interpuesto por el letrado Javier Pérez Roldán, presidente del centro de estudios Tomás Moro, y ahora ha sido admitido a trámite. De esta forma, será la Justicia la que decida por vía de urgencia si anula o no las elecciones del pasado mes de diciembre. 

El último varapalo sufrido por la junta de gobierno del ICAM concierne a la vía penal, iniciada tras las denuncias formuladas por el resto de candidaturas tras los incidentes de la noche electoral, y en la que permanecen imputados por un delito de revelación de secretos la popia Gumpert y todos sus diputados. En este escenario, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha rechazado de plano el recurso presentado por la decana para que no se permitiera la apertura de los ordenadores que la candidatura vencedora utilizó el día de las elecciones y para que el volcado de los mismos no pudiera tenerse en cuenta como prueba. El juez resolvió el día 3 de este mes rechazar la petición de la decana, de forma que el volcado de los ordenadores requisados aquella noche –además de otras circunstancias como la supuesta campaña electoral que esta candidatura realizó el mismo día de las elecciones– será incluido en la investigación. Las candidaturas rivales denunciaron que aquellos ordenadores fueron utilizados para realizar un seguimiento de los colegiados que votaban con el fin de movilizar a los que todavía no habían acudido a su cita con las urnas.

UNA GESTIÓN CON PROMESAS INCUMPLIDAS

RECUPERAR EL SERVICIO MÉDICO

- La Plataforma de Defensa de la Abogacía Madrileña, con Gumpert al frente, tuvo como razón de ser desde su nacimiento la defensa del seguro médico. La actual decana se opuso a la decisión de su predecesor, Antonio Hernández-Gil, de crear una nueva mutualidad, para lo que reunió1.200 firmas. Hernández-Gil tumbó la propuesta de Gumpert. Ahora, sin embargo, la decana no modificará la nueva mutualidad cuya gestión en el futuro podría estar ligada con una compañía privada.

SISTEMA DE VOTO

- La decana también se opuso, durante el mandato de Hernández-Gil, a la limitación a tres colegiados en la delegación del voto en las asambleas. Llegó incluso a denunciar al ex decano por lo que ella definió como una «estafa». Su oposición se fundamentaba en el hecho de que ese sistema de voto beneficia a los grandes despachos, ya que a éstos les es más fácil captar votos de tres en tres por delegación, mientras que los pequeños tienen importantes limitaciones. Este «rodillo» fue el sistema de votación que precisamente se utilizó en la junta general que la ahora decana convocó el pasado 21 de marzo.

PACTOS OCULTOS

- El Consejo de Colegios recibió en mayo información relativa a dos pactos no comunicados a la junta electoral. Uno con la Agrupación Pro Abogacía –de la que la propia Gumpert era secretaria–y otro con la lista encabezada por el letrado Emilio Ramírez Matos.

DIMISIONES Y DESPIDOS

- A pesar de llevar sólo ocho meses en el cargo, la junta ha sufrido ya tres dimisiones. En el mes de mayo, además, el ICAM despedía a su gerente, Javier Rivera, que permanecía en el cargo desde hacía veinte años.

SUELDOS

- Frente a la tradición existente en el Colegio de que los diputados no perciban ningún salario, la junta aprobó en abril retribuciones para dos diputados.

Fuente: La Razon