Perú: “COREDE no será manipulado”, afirma Decano del Colegio de Abogados

El decano del Colegio de Abogados de Ayacucho (CAA) Victor Oriundo, dijo que la junta directiva del Consejo Regional de Decanos (COREDE), no se dejará manejar por intereses subalternosy que por el contrario su interese es fomentar la solución de los problemas más álgidos que atraviesa la región. “Hemos recibido algunos ataques desleales, pero esto no ha debilitado al COREDE” afirma.

QUEREMOS MAYOR PARTICIPACIÓN

La primera tarea que emprenderá el COREDE es la de instar a los Decanos de cada uno de los Colegios Profesionales de Ayacucho, a asistir a las reuniones, además Oriundo Medina opina que los mismos profesionales deben exigir a sus decanos a que tengan participación activa en el COREDE, señaló.

DEFENSA DE LOS PROFESIONALES

Una acción que ya coordinaron los integrantes de este consejo, es la de la intervención a las farmacias que no cuentan con el respectivo regentado, tema que fue especialmente solicitado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Ayacucho, también se evaluará el asunto de la representación que debe tener el COREDE en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho (EPSASA).

“NO SE DEBE ABUSAR DE LOS VISITANTES”

El Decano del Colegio de Abogados se refirió también, al problema de los cobros excesivos que se presentan por Semana Santa, dónde los precios de los servicios se elevan a sumas realmente exorbitantes “no se puede permitir que se esquilme a nuestros hermanos” señala Victor Oriundo.

Fuente: diariolavozdehuamanga.com

Puerto Rico: A Fortaleza proyecto que restituye facultades del Colegio de Abogados

Una de las medidas restituiría al CAPR la facultad de expedir fianzas notariales y administrar el Fondo de Fianza Notarial

Por Gerardo Cordero

Tres proyectos de ley para restituirle al Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) facultades que le fueron eliminadas durante el pasado cuatrienio serán referidos para la firma del gobernador Alejandro García Padilla, después que las medidas fueron aprobadas por Cámara y Senado.

Una de las medidas aprobada por el Senado el pasado jueves en la noche, el proyecto del Senado 358, enmienda la Ley Notarial para restituir al CAPR la facultad de expedir fianzas notariales y administrar el Fondo de Fianza Notarial.

Además, otro de los proyectos (el proyecto del Senado 357) establece que los expedientes de los letrados pertenecen al CAPR, mientras un abogado esté colegiado.

Ajustes adicionales a la Ley Notarial para que se otorgue a esa organización el importe del producto de la venta del arancel del Impuesto Notarial, que por ley vienen obligados a cancelar en los documentos o instumentos públicos autorizados para fines diversos, también queda ahora pendiente de la firma del gobernador. Esa enmienda, incluida en el proyecto del Senado 359, fue la tercera medida aprobada por el Senado el jueves, tarde en la noche.

El Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico establece que ninguna persona puede ejercer la práctica de la notaría sin tener vigente una fianza que responda por el buen desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio.

La Ley 158 de 2011, eliminó la facultad concedida al CAPR para expedir fianzas notariales, pero lo legislado en Cámara y Senado le otorgaría nuevamente ese poder a la organización que supone la administración del Fondo de Fianza Notarial.

Al presente, esa facultad ha sido desempeñada por el Comisionado de Seguros.

La Ley 158 "creó un evidente conflicto de intereses al autorizar a la entidad reguladora a participar de la misma actividad económica que sus regulados", precisó una de las justificaciones de la actual acción legislativa que cambia las disposiciones del Artículo 79, entre otras modificaciones.

El nuevo ajuste a la Ley Notarial propiciaría que el CAPR reciba nuevamente fondos para programas de servicios a la comunidad, como de asistencia legal gratuita a indigentes o programas de educación legal para los letrados.

Previo a la aprobación de la Ley 158 de 2011, con los ingresos que el Colegio recibía producto de los ingresos provenientes del sello notarial, asignó de manera consecuente recursos económicos a Pro-Bono, Inc., al Instituto de Educación Práctica, al Instituto del Notariado Puertorriqueño, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a diferentes comisiones para ayudarles a cumplir con sus objetivos programáticos.

“Con estas medidas le devolvemos al Colegio funciones y fondos que le fueron retirados el pasado cuatrienio, en un acto de justicia”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, en un comunicado de prensa tras aprobarse las medidas.

Contra las aseguradoras 

Los proyectos sobre el CAPR fueron aprobados en la misma sesión del Senado en la que

se aprobó un proyecto de ley para prohibir a las aseguradoras de servicios de salud coartar hospitalizaciones que son producto de una recomendación médica.

La prohibición, contenida en el Proyecto del Senado 217, sometido por el novoprogresista Ángel Martínez y suscrito por Ramón Luis Nieves, del Partido Popular Democrático (PPD), fue aprobada con los reparos del presidente senatorial Eduardo Bhatia.

Durante el debate de la medida, Bhatia expresó que aunque en principio favorece frenar la "barbaridad" de que se pueda negar una hospitalización justificada por un médico, preferiría incluir esa medida como parte de una reforma de salud que frene el protagonismo de las aseguradoras privadas para garantizar mejores servicios para los pobres.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago, por su parte, auguró que ese proyecto será frenado por la Cámara y por la rama ejecutiva, así como por "los buitres de las aseguradoras", aunque tiene el fin noble de evitar "el atropello y la marginación de un derecho humano" de servicios de salud y que tiene que ver con atenciones "que definen que la gente viva o muera".

Santiago destacó, además que resulta "asqueante" que empleados de aseguradoras privadas "sin cualificaciones" intervienen en los hospitales para agilizar la salida o el alta de hospitalizados debido al reprochable "negocio de la salud" que impera en la Isla.

A reestructurar juntas 

En la sesión del Senado, los legisladores también aprobaron un proyecto para reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El Proyecto del Senado 323 modifica,a demás, el término de los nombramientos en la junta directiva de esa corporación pública.

También resolvieron enmendar la Ley de de Telecomunicaciones, para aumentar el número de miembros asociados de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a través del Proyecto del Senado 217,

La minoría novoprogresista repudió las medidas para modificar juntas directivas de corporaciones públicas y ante los reproches el vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo, entre otros planteamientos que en el caso de la AAA, la medida "mejorará el funcionamiento de la Junta según dictan las casas acreditadoras" y subrayó que la acción es necesaria "si queremos que el crédito (del país) mejore".

Dalmau minimizó críticas del PNP en el sentido de que la legislación sobre las juntas supone acomodar nuevos miembros que respondan al PPD al cuestionar que "si así fuera, ¿sería malo?". De inmediato, sentenció que en el pasado cuatrienio, hicieron nombramientos en esos organismos teniendo en cuenta el elemento la ideología política.

Agregó que en las medidas, se frena el capricho para sacar a los miembros, al incluir, entre otras disposiciones razones para "justa causa" como incompetencia, depravación moral, abuso de autoridad o comisión de delitos u abandono de deberes. Concluyó que se trata de legislar para "lograr la profesionalización de las Juntas".

Fuente: elnuevodia.com

España: Fuerte división en el Colegio de Abogados de Madrid

El secretario, Juan José Sánchez, y la tesorera Elena Ruiz de Angulo, dimiten en la junta general de ayer por discrepancias con la política de la nueva decana. El anterior secretario también cesó en enero.
Carlos García-León.

Las aguas vuelven a estar revueltas en el Colegio de Abogados de Madrid (Icam). Poco ha durado la calma tras las polémicas elecciones al decanato del pasado mes de diciembre, que acabaron con la intervención de la policía y con el asunto en los tribunales por posibles infracciones del equipo electoral de la actual decana, Sonia Gumpert.

Apenas dos meses después de la investidura de la nueva junta de gobierno en un multitudinario y mediático acto, el Icam vive otra crisis por lamarcha de tres de sus diputados. En la tarde de ayer, durante la celebración de la junta general ordinaria –la primera con el nuevo equipo de gobierno–, dos de los miembros con más peso en la directiva, el secretario, Juan José Sánchez, y la tesorera, Elena Ruiz de Angulo, presentaron su dimisión como diputados “por no estar de acuerdo con la política de la nueva decana”.

Estas dos renuncias efectuadas ayer se suman a la que en el pasado mes de enero, pocos días después de tomar su acta como miembro de la junta, llevó a cabo el anterior secretario Francisco de Asís Esteban Gómez. El Icam explicó varios días después en un pequeño comunicado que su marcha se debía a razones personales, aunque fuentes consultadas aseguran a EXPANSIÓN que “De Asís tuvo problemas con algunas de las primeras decisiones de la decana al frente de la institución y tampoco quería perjudicar a su empresa por el daño de imagen que podía ocasionar estar en una junta cuestionada en los tribunales por hacer supuestamente trampas en los comicios”. El entonces diputado más joven ocupó su lugar, según los estatutos.

Fuentes próximas al Icam afirman que “no se descartan más dimisiones próximamente, pues la junta de gobierno está muy dividida, ya que no todos comparten la gestión que está liderando la decana Sonia Gumpert apoyada en algunos de sus diputados más afines”.

Nuevos presupuestos

El abandono de los dos nuevos diputados se hizo efectivo ayer con una carta oficial dirigida a la decana que Sánchez y Ruiz de Angulo dieron entrada en el registro del Colegio y donde expresaban su renuncia expresa, tajante e irrevocable a sus puestos. Los propios dimisionarios, por voz del secretario -ya que la tesorera no estuvo presente-, hicieron pública ayer tarde su decisión durante la celebración de la junta general, que tenía como principales cuestiones en el orden del día aprobar las cuentas relativas al ejercicio 2012, que lideró en su mayoría el anterior decano Antonio Hernández-Gil, y la propuesta de presupuesto para 2013.

Según ha podido saber este diario, en el transcurso de la tensa junta general de ayer, se produjeron varias críticas a la decisión de la junta de gobierno actual de presentar unos presupuestos iniciados por el anterior equipo directivo, y también por conceptos y partidas presupuestarias que no se entendían, o con las que no se estaba de acuerdo.

Como ayer informó EXPANSIÓN, la nueva decana presentaba un presupuesto para 2013 poco austero, que deja sin superávit el Icam y que pone fin a la política financiera de la junta anterior, que apostaba por mantener un excedente de tesorería para posibles imprevistos.

Policía y juzgados en unas elecciones muy polémicas

La nueva decana, Sonia Gumpert, tomó posesión de su cargo el pasado 15 de enero después de unas elecciones con mucha controversia, que vinieron precedidas de una intensa campaña electoral.

Gumpert consiguió en los comicios un total de 6.426 votos frente a los 3.293 votos logrados por el anterior decano, Antonio Hernández-Gil, y los 2.769 de Javier Cremades.

Pero la victoria fue agridulce, ya que los altercados producidos la tarde noche electoral –en los que tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones la Policía Nacional–, derivó en que siete candidaturas acusaran a Gumpert de presunto fraude electoral ante la comisión electoral, que suspendió la proclamación de la candidatura ganadora e interpuso una demanda ante el juzgado de instrucción nº 9 –luego desestimada–.

Nueve días después proclamó a la nueva decana tras desestimar las alegaciones presentadas, pero tras reconocer que hubo algunas irregularidades.

Fuente: Expansión.com

México: Obligatoria la colegiación de abogados

por Gerardo Francisco López Thomas

Analizando la edición publicada “Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica para México”, editada en Junio del año 2011 por iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como por la Asociación de la Barra Americana (American Bar Association Rule of Law Initiative) (ABA ROLI) que presenta una serie de declaraciones y análisis expresados por diversos sectores sociales, principalmente los relacionados con la materia jurídica. Edición en la que se realizó un estudio en tres entidades federativas en cuanto a su Ley de Ejercicio Profesional, relacionada a la colegiación de los profesionales del derecho, principalmente litigantes, llegando a la conclusión que solo existe un número reducido de colegios serios, o aquellos que están verdaderamente enfocados en el desarrollo técnico y ético de sus miembros, así como de sus intereses y que en base a las entrevistas realizadas, los consultados sugirieron que incluso en el caso de los esfuerzos realizados por las instituciones más respetadas, es raro que las autoridades tomen en cuenta las opiniones que emiten estos colegios y menos aún que las sujeten a un procedimiento legislativo. 

El texto en consulta reconoce que existen en el país, pocos colegios que estén seriamente comprometidos con el proceso de la reforma jurídica procesal penal, siendo éstos: el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM); la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE). Poniendo como ejemplo de su participación activa lo relacionado con la Propuesta de Reforma Constitucional Federal presentada en octubre de 2010 para hacer una enmienda a su artículo 5º, que tiene como finalidad la introducción de la afiliación obligatoria a un colegio para los abogados litigantes, mientras que en dichos colegios recaería responsabilidad de certificar las cualidades profesionales de sus miembros ya que su admisión se debería de basar en la aprobación de un examen justo, riguroso y transparente, así como la realización de una pasantía supervisada. Para tener tal facultad los colegios tienen que estar legitimados por la autoridad pública para cumplir con dicha función. 

El análisis de la situación actual de los colegios de abogados según este estudio, es que el ingreso a los mismos es voluntario, aunado, a que no existe la obligación del abogado titulado de estar afiliado a un colegio como condición para que obtenga su cédula profesional para la práctica de la profesión jurídica. Situación real, bastante equivocada para los tiempos modernos de justicia procesal penal, ya que es una obligación profesional, ética y moral del abogado que encabece la defensa de un imputado: que ésta sea técnica y adecuada. Y no debemos entender por estas dos exigencias el hecho de que se posea una cédula profesional, ya que por desgracia, en nuestro país, para obtener dicha cédula como patente para ejercer la carrera de licenciado en derecho, únicamente se requiere de un trámite administrativo, sin exigencias mayores. Lo que se traduce en que el profesionista a pesar de contar con cédula profesional en infinidad de ocasiones no está apto ni preparado para el ejercicio profesional. 

Dentro de esta temática, también y con un punto de vista contrario a la creación de colegios, digamos, civiles, sería recomendable que existiera una institución pública que tuviera las funciones de un colegio público de abogados que reúna los requisitos y características de una típica entidad de derecho público, que por sus funciones y las atribuciones que les otorgue la Ley, ejerza funciones de autoridad para el control de la legalidad del ejercicio profesional de los abogados, esto es que todos y cada uno de los abogados litigantes tuviéramos una supervisión como vigilancia de nuestro actuar, sin que se entienda esto que se violara la garantía de libre asociación a que se refiere el artículo 9º de nuestra Constitución Federal por el hecho de exigir como requisito para el ejercicio de la carrera su ingreso obligatorio a dicho ente público. Esto porque, al crearse un colegio público de esta naturaleza y por la razón de la función del abogado litigante, dicho órgano ejercería el control en un debido ejercicio profesional del abogado. Se trataría, de la actividad propia de un ente público con carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público que actuaría en nombre y representación del estado democrático. 

La colegiación obligatoria ya fue analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución número 17/84, caso número 9178 Costa Rica de fecha 3 de octubre de 1984, en la cual esta Comisión consideró la naturaleza y alcance del derecho de asociación de los profesionistas. Y en este aspecto reafirmó que a la luz del artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a la libertad de asociación, que no toda colegiación obligatoria puede estimarse violatoria del derecho de libre asociación, puesto que nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de los profesionistas, se cumpla, bien directamente por organismos oficiales, o bien indirectamente, mediante una autorización o delegación que para ello haga el Estado, en una organización o asociación de profesionistas, bajo su vigilancia y control , puesto que éstas, al cumplir su misión deben siempre someterse a la Ley. 

Además que constituye un medio de regulación y de control de la ética a través de la actuación de los abogados litigantes. Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, esto es, como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de la profesión de licenciado en derecho, está implicada en ese orden. 

La colegiación obligatoria, puede que no resuelva todos los problemas que se enfrenta el abogado; sin embargo, puede ser una medida para iniciar con una verdadera profesionalización jurídica y se cumpla con todos los principios básicos sobre la función de los abogados, adoptada en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente firmado en la Habana el 07 de septiembre de 1990 entre los que se encuentran el acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos; salvaguardias especiales en asuntos penales; Competencia y preparación; Obligaciones y Responsabilidades, inclusive penales; Garantías para el Ejercicio de la Profesión; Libertad de expresión y Actuaciones Disciplinarias 

Quedo de ustedes.

Mtro. en D. C. Gerardo Francisco López Thomas.

Fuente: nssoaxaca.com

Uruguay: Dura respuesta del Colegio de Abogados a los dichos de Mujica

Por El Diario

El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un duro comunicado en respuesta de las manifestaciones que el Presidente José Mujica en distintos ámbitos, radiales y periodísticos.

Las manifestaciones del Presidente tratando a los abogados como “picapleitos” y “parásitos”, además de otras consideraciones críticas de estos profesionales, sumadas a los ataques a escribanos, economistas (como Oddone) y periodistas, han movilizado a las distintas gremiales a protestar por el destrato del mandatario.

El comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay, resuelto en su reunión de Directorio de este lunes 18 de marzo expresa lo siguiente:

A la Opinión Pública

El Colegio de Abogados del Uruguay, ante los dichos del Sr. Presidente de la República, referidos a los Abogados se permite recordar:

1.- Que todo trabajo que se realice con convicción, honestidad y vocación merece el mayor de los respetos, ya se trate de trabajo manual o intelectual.

2.- Que aunque parezca obvio e innecesario destacar, por cada Abogado que defiende a su cliente contra el Estado existe otro Abogado que defiende los intereses de ese Estado. Y ambos tienen la misma formación, los mismos principios y deben cumplir las mismas obligaciones, fundamentalmente la lealtad al cliente y la defensa de sus derechos, en el marco jurídico vigente en nuestro país.

3.- Y aunque también parezca obvio debe destacarse que las sentencias, a favor y en contra del Estado, o de cualquier particular, son dictadas por Jueces independientes en el marco de un sistema que ofrece amplias garantías para todos los involucrados.

Por todo ello el Colegio de Abogados del Uruguay deplora las expresiones agraviantes y el tono utilizado por el Sr. Presidente para referirse a ciudadanos que legítimamente ejercen su profesión en defensa de los intereses de sus clientes, ricos o pobres, encumbrados o humildes.

Montevideo, 18 de marzo de 2013

Fuente: eldiario.com.uy

Uruguay: “Picapleitos” que roban al Estado y “enferma libertad de prensa”, los temas de Mujica en la radio

Por Ana De Salvo

Como todos los jueves, el presidente José Mujica hizo uso de su espacio radial en M24; en esta ocasión, la artillería presidencial se disparó contra los “picapleitos que quieren robarle fortunas al Estado”, en referencia a la multimillonaria demanda del empresario Fernando Barboni, que le reclama al Estado una indemnización de US$ 1.000 millones por no haberle entregado en tiempo y forma la estación General Artigas de AFE, y la playa de maniobras.

Mujica afirmó que hay “reclamaciones contra Estado que equivale a todo el capital del Banco República”, para seguir diciendo que hay pleitos en marcha que se van “a llevar millones y millones de garrón”.

“Invirtieron 250 millones de dólares en algo que no encaminó, y ahora con pleitos, terminan pidiendo un pedazo del país”, afirmó el mandatario y sostuvo también que “estos todavía opinan de la democracia, hablan en sesudos programas, y no son otra cosa que parásitos jurídicos que tratan de medrar.”

Estas referencias son hacia el Proyecto Fénix, impulsado por el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, que no prosperó en el siguiente mandato de Jorge Batlle.

También hubo algunos palos para la prensa, en especial a “nuestra enferma libertad de prensa”, asegurando que se cae en el “libertinaje, que es la deformación de la libertad”.

“Pululan verdades a medias, por lo tanto no es verdad, falta por todas partes el esfuerzo para ratificar la veracidad de las noticias, hay una enorme credibilidad al Twitter, al medio extranjero y a cualquier bolazo que anda en la vuelta”, continuó el presidente.

Terminó su alocución manifestando que “el trabajo de ratificar la información debiera ser el esfuerzo principal de los medios de comunicación.”

Fuente: eldiario.com.uy

El ICAM crea vínculos con otros colegios de abogados de Iberoamérica

Una delegación del Colegio de Abogados de Madrid encabezada por su decana, Sonia Gumpert se encuentra de viaje por Uruguay, Argentina y Brasil para firmar diversos convenios y estrechar los lazos con éstos países iberoamericanos.
Integran la comisión del ICAM el diputado de la Junta de Gobierno, Javier Iscar y el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) y ex decano del ICAM, Luís Martí Mingarro. La apretada agenda contempla entre otras actividades:
• Firma de un convenio con el Colegio de Abogados de Uruguay.
• Reunión de trabajo con el Centro Iberoamericano de Arbitraje (Tras la firma la semana pasada en Madrid del convenio marco de cooperación con el ICAM para la promoción del Centro).
• Encuentro con miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con el presidente del Colegio de la Plata y de la COADEM.
• Reunión con el presidente de la Orden dos Adrogados do Brasil (OAB).
• Asistencia a la toma de posesión del presidente Marcus Vinicius Coélho y la Junta directiva del Consejo Federal de la Orden de los abogados de Brasil.
• Reunión con el Embajador de España en Brasil, Manuel de la Cámara.

MADRID, 13 de MARZO de 2013 - LAWYERPRESS

España: El Colegio de Abogados sancionará al letrado que calificó a los 'sintecho' de "cáncer"

• Ángel Pelluz aseguró que indigentes son "parásitos" y una "plaga".
• El letrado defiende a uno de los cuatro neonazis acusados de dejar en coma a un hombre que dormía en un fotomatón en Madrid.
• El juez decano de Madrid, Rodríguez Armengol, 'invita' a los ciudadanos a denunciarle por un posible delito de incitación a la violencia.

El Colegio de Abogados de Madrid (Icam), ha solicitado a la Audiencia Provincial que le remita el escrito presentado por el letrado nonagenario Ángel Pelluz en el juicio a cuatro neonazis a fin de revisar el texto y abrirle un expediente por posible mala praxis profesional.

El abogado, que defiende a uno de los acusados de patear y dejar en coma a un hombre que dormía en un fotomatón en 2009 en Madrid, aseguraba en su documento de defensa que las personas sin hogar "no son personas humanas", sino una "plaga de nuestras ciudades" y "cánceres de la sociedad que deberían ser extirpados".

Para el Icam, estas palabras "atentan gravemente contra la dignidad de las personas y de la abogacía", por lo que piensa remitirlas a su Comisión de Deontología. El expediente informativo que se abra a tal fin puede acabar con una sanción que puede ir desde el apercibimiento, la suspensión o la expulsión definitiva del Colegio, lo que haría que Pelluz no pudiese ejercer.

La Comisión de Deontología estudiará si apercibe, multa, suspende o expulsa a Ángel PelluzEste jueves, en el programa 'Cada mañana sale el sol' de ABC Punto Radio, Pelluz trató de maquillar sus palabras asegurando que los indigentes "son personas" y que su escrito se había sacado de contexto, ya que solo buscaba conseguir la mejor defensa para su representado.

Ello no ha convencido al Icam, que le ha recordado en una nota pública que "no todo vale" en el ejercicio de defensa. Tampoco al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que advirtió en el mismo programa que la incitación a la violencia es un delito público, por lo que cualquier ciudadano podría querellarse contra Pelluz.

Además de insultar al colectivo de los 'sintecho', el abogado justificaba que "la vagancia" y "el constituirse un parásito de lo decente" llevan a la repulsión y a añorar con "nostalgia de tiempos pasados" la Ley de vagos y maleantes de 1933. Este jueves, reiteraba que a él no le gustaría ver en el portal de su casa a una persona "llena de piojos".

Ángel Pelluz fue inspector nacional del Ministerio de Información y Turismo durante la dictadura franquista y funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil. En 1971 se presentó a procurador en las Cortes. En 2009 fue juzgado por una presunta estafa inmobiliaria cometida junto a otras personas en complejo Ciudad Antena de Benidorm, pero fue absuelto.

Niegan la paliza
En el juicio por este caso de agresión, Mykhaylo T., alias 'el Ruso' y Javier R. B. se enfrentan a una petición fiscal de doce años de prisión. Para María Leticia G. D. e Iván L. G. se solicitan diez años de prisión. La acusacion quiere que, entre todos, satisfagan una indemnización conjunta de 300.000 euros.

Una pareja presenció desde su coche como un grupo rodeaba a un hombre mientras un cabeza rapada le golpeabaSegún la acusación, sobre las 3.00 horas del 23 de agosto de 2009, los procesados empezaron a propinar patadas en la cabeza a Rafael Santamaría, un hombre que pasaba la noche en un fotomatón en la calle de Arcipreste de Hita (distrito de Moncloa-Aravaca).

A consecuencia de la agresión, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó un coma y por el que estuvo ingresado 541 días. Como secuela, a Rafael le quedó una alteración cognitiva que le limita para cualquier actividad compleja en su vida diaria, según recogió la agencia Efe.

Javier R.B. ha acusado a 'el Ruso' de ser el autor de la paliza, cosa que este ha negado. También rechaza pertenecer a ningún grupo neonazi. Iván ha declarado que "jamás haría ni permitiría" que nadie hiciera algo así, mientras que María Leticia ha asegurado que no estuvo presente en el lugar. Los dos únicos testigos presenciales, una pareja que observó la escena desde su coche, aseguró que vio un grupo de gente en el que una persona propinaba patadas a otra que estaba en el suelo.

Este jueves, el agredido explicó que no es un sintecho, sino que tuvo que pasar la noche en la calle debido a que la grúa se llevó su coche y no tenía dinero, ya que él reside en Zamora donde tiene casa y trabajaba como masajista antes de la agresión.

Fuente: 20minutos.es

El Consejo General de la Abogacía Española acoge desde hoy las Jornadas 'El derecho de defensa también en crisis'

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebrará este jueves y el viernes las Jornadas 'El derecho de defensa también en crisis', en las que se analizarán las dificultades de los letrados en su trabajo diario, los servicios de traducción en comisarías y juzgados o la situación del turno de oficio.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) organiza, con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Madrid, este seminario que reunirá a abogados, jueces, fiscales, intérpretes, secretarios judiciales o representantes de los Ministerios de Justicia y del Interior.

Las jornadas arrancarán a las 16.00 horas con la mesa redonda 'El abogado defensor bajo sospecha' en la que se debatirá la identificación del letrado con el delito imputado a su cliente, el uso de micrófonos en locutorios o los atestados "secretos" para los abogados. Intervendrá el abogado José Luis Galán, la juez de lo Penal número 3 de Madrid Blanca Rodríguez, el fiscal Francisco Javier Comyn o el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía David Agorreta.

Posteriormente, se celebrará el coloquio 'Desigualdad de armas: (mal)trato al abogado' para examinar si su trato en comisaría, en el juzgado o la prisión es igual al destinado al Ministerio Fiscal. La abogada Begoña Lalana, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 María José González, el fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda o el secretario judicial Emilio López analizarán esta cuestión.

El debate sobre la 'Interpretación y traducción con justiciables extranjeros' contará con la participación del intérprete Hassan Saharaui, el abogado Fernando Piernavieja y Pilar Luna, titular del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, que abordarán desde las 10.00 el estado de los servicios de traducción y la selección y calidad de los intérpretes.

La mesa redonda 'Turno de Oficio' cerrará las Jornadas con la intervención de Begoña Castro, del Colegio de Abogados de Madrid, Luz Elena, de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, Teodoro Mota, de la Asociación Libre de Abogados, y Concepción Gómez Bermúdez, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.

Fuente: Yahoo Finanzas

Panamá/ Martinelli no atendió al colegio de abogados ni a la Alianza Ciudadana

Foto: Archivo / La Estrella

El Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia reclamaron al presidente Ricardo Martinelli por la sanción de la sanción del proyecto que posterga la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio. 

Este miércoles 6 de marzo, el mandatario panameño sancionó la ahora Ley 8 del 6 de marzo de 2013 que modifica los artículos 555, 556 y 557 del Código Procesal Penal en lo relativo a su vigencia, y señala que la implementación progresiva de este sistema se hará programada. 

En cambio, los dos grupos de la sociedad civil expresan que "no hubo debate" en la Asamblea de diputados y "tampoco fuimos escuchados por el presidente" Martinelli. 

"Ahora lo que queda es acudir a la Corte Suprema de Justicia en una demanda de inconstitucionalidad y acudir a los organismos internacionales de derechos humanos", manifiestan. 

Agregan que con esta sanción el presidente de la República interrumpe de manera abrupta la implementación del sistema acusatorio y "afecta la buena marcha de la justicia", condenando al país a tener dos sistemas de justicia penal en un país de 3 millones y medio de habitantes. 

Igualmente, hicieron pública una carta que le enviaron a Martinelli el lunes 4 de marzo, día que fue aprobado el proyecto en su tercer y último debate. 

Allí, expresaban que la discusión y aprobación de la propuesta de ley que propone interrumpir la implementación del Sistema Penal acusatorio en nuestro país, es motivo de gran preocupación para distintos gremios organizados, abogados, empresarios y otros sectores de la población en general. 

Indicaron que preocupa no sólo por la ausencia de debate técnico y sustentación jurídica, sino por la vulneración a derechos y garantías fundamentales que implica mantener dos sistemas de justicia en Panamá. 

"Es por esto, que con el debido respeto, le solicitamos de manera apremiante nos conceda una cita, previa a la sanción o veto del proyecto de ley discutido, de forma que algunos representantes de sectores interesados podamos presentarle los argumentos técnicos y de viabilidad respecto a la necesidad e importancia de reformar el sistema de justicia y de mantener la aplicación progresiva del Sistema Penal Acusatorio", dijo la nota dirigida a Martinelli. 

La carta, firmada pr César Ruiloba, presidente del Colegio Nacional de Abogados y Victor Lewis, presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresaba que la intención es propiciar un diálogo, discusión y análisis.

Fuente: La Estrella Online

Argentina: Dura crítica del Colegio de Abogados de Rosario a la Corte Suprema de Justicia

En una carta abierta a la Corte Suprema de Santa Fe, el Colegio de Abogados de Rosario enumeró reclamos pendientes sobre el funcionamiento del sistema. Los letrados le endilgan a los cortesanos "silencio y quietismo". "Aceleren las respuestas, restablezcan derechos, alimenten esperanzas; no estamos sólo para controlar la matrícula", advirtieron. 

Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Como para matizar la solemnidad del acto de apertura del año judicial, que se realizará hoy en Santa Fe, el Colegio de Abogados de Rosario emitió una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia en la que difunde y enumera reclamos pendientes sobre el funcionamiento del sistema que el máximo tribunal ha desoído. El planteo puede sonar a ajustes de cuentas muy específicos de jueces y abogados; sin embargo, tienen relación directa con la suerte de cualquier hijo de vecino cuando le toca o necesita acudir a Tribunales. Los letrados le endilgan a los cortesanos "silencio y quietismo", y les demandan: "Aceleren las respuestas, restablezcan derechos, alimenten esperanzas". 

La declaración lleva la firma de los 14 directores de la entidad que nuclea a los abogados rosarinos. "No estamos sólo para controlar la matrícula", advirtieron y remarcaron su "preocupación por la falta de respuesta a una serie de inquietudes sobre el funcionamiento del Poder Judicial" que ya le plantearon a la Corte sin respuesta alguna. La demanda también atañe al Ejecutivo provincial, como ocurre con el pedido de creación de cinco juzgados laborales para descomprimir la saturación de trabajo que registra ese fuero, donde el año pasado cada uno de los 9 juzgados debió abrir 3.000 causas nuevas cada uno. 

"El documento expresa el malestar cotidiano que vemos en los colegas todos los días en el tribunal", resumió el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio. El primer reclamo a la Corte es que anule o declare inconstitucional una orden emitida por ocho de los nueve jueces laborales que hay y que exige más requisitos a la hora de arribar a un acuerdo de partes. "Son exigencias arbitrarias e infundadas que no están en el Código de Procedimiento --explicó Del Vecchio--. Esto provocó que bajara un 80 por ciento los acuerdos laborales en materia de accidentes de trabajo, y que a esos mismos jueces se le acumulen las causas para dictar sentencia por la dificultad para realizar acuerdos". 

La carta también denuncia "la falta de operatividad del Registro de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales", donde a diario se amontonan extensas colas que sorprenden a los que transitan la planta baja de Tribunales. "Uno de esos requisitos absurdos de los jueces laborales es completar un oficio sobre enfermedades ocupacionales, pero eso ya no tiene sentido desde la nueva ley de riesgos de trabajo, porque de eso se encarga la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Sin embargo, ese trámite persiste con toda ineficiencia, y no sólo repercute en nuestro trabajo, sino en la respuesta del sistema que esperan los justiciables: los ciudadanos", cuestionó el titular del Colegio. 

El planteo público al órgano que preside María Angélica Gastaldi deja expuesto que la Corte duplicó en un año el costo de los trámites que la gente debe realizar cuando toma parte en un juicio. Se trata de los tickets de mandamientos y cédulas de notificación judicial que el sistema emite de a cientos cada día. Hace un año costaba 7 pesos, pasó a valer 10, y ahora aumentó 50% de un solo golpe: 15 pesos que debe pagar el ciudadano de a pie cada vez que debe empujar su expediente judicial. "Dos veces le pedimos al tribunal supremo en enero que revirtiera ese aumento y explique sus razones. Eso compromete el acceso a la Justicia y la transparencia de la gestión pública, y puede derivar en verdadera denegación de justicia si el elevado costo la torna inaccesible", planteó Del Vecchio. 

El último ítem del rosario de reclamos alude a deficiencias estructurales de los juzgados de Cañada de Gómez y de Casilda, con falencias edilicias y de personal. "Retardar decisiones fundamentales para la marcha judicial es contrario al deber funcional de sus responsables", remataron los abogados en su declaración. Quizás hoy la carta se comente por lo bajo en el salón de actos de la Corte, en la capital provincial, cuando Gastaldi declare la apertura del año judicial junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, Daniel Aníbal Erbetta, y el procurador general Jorge Barraguirre. Estos son los destinatarios del mensaje.

Fuente: AgenciaFe.com

Argentina: El Colegio de Abogados porteño dijo que sería inconstitucional la elección popular de consejeros

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró hoy que sería inconstitucional la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, tal como planteó la presidenta Cristina Kirchner.

"Si a pesar de todo este razonamiento, resultara aprobada una ley con las características esenciales que manifestara la Presidente nuestro recuperado Colegio Público de Abogados de la Capital Federal planteará de inmediato una acción declarativa de inconstitucionalidad, por considerar que se aniquilarían disposiciones inequívocas de raigambre constitucional", adelantó la entidad en un comunicado al que accedió Noticias Argentinas.

"Nuestra Institución advierte la inviabilidad constitucional de la promocionada elección popular de los Consejeros provenientes de los ámbitos de nuestra profesión y la judicatura, en orden a que el texto del artículo 114 de la Carta Magna es lo suficientemente claro por cuanto habla de representaciones estamentarias", sostuvo la entidad que agrupa a los abogados de la Ciudad.

En ese sentido, en el comunicado firmado por el presidente del Colegio, Jorge Rizzo, aseguraron que "los representados deben ser elegidos por sus representados", puesto que "cada estamento elige a quienes serán sus representantes ante el Consejo".

Noticias Argentinas

Fuente: Terra.