El Tribunal Supremo, los jueces de otras instancias y los colegios de abogados agravan las multas a los letrados que perjudican al cliente porque no actúan con diligencia en el pleito o asesoramiento.
Las tasas judiciales ya se unen a la crisis como elemento de presión de clientes, tribunales y colegios sobre el desempeño profesional de los abogados. Este tributo encarece aún más los pleitos por lo que se está incrementando el número de denuncias contra presuntas negligencias de abogados, según refrendan estos organismos. El Tribunal Supremo, por su parte, acaba de dictar dos sentencias que ratifican y endurecen las multas sobre letrados negligentes con los plazos.
Las quejas que reciben las comisiones de deontología de los colegios de Madrid y Barcelona, los que reúnen a más abogados, se incrementaron entre un 80% y un 100% en 2012 respecto a 2011. A la espera de contar con más datos de 2013, aunque el total de pleitos se ha reducido un 5,2% de momento por efecto de las tasas, asegura el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las quejas contra letrados no se rebajan.
El ciudadano que decide acudir hoy a los tribunales demanda un servicio de calidad por parte del abogado, más cuando tal acción le exige un importante esfuerzo económico (honorarios de profesionales, tasas, depósitos por recursos, etcétera) sin olvidar el riesgo de una imposición de costas en el caso de que pierda.
Jorge Jiménez, abogado de Estudio Jurídico Olivares, bufete especializado en Responsabilidad Civil (RC) que asesora a veinticinco colegios de abogados en este asunto, considera que "el Supremo está siendo especialmente riguroso con la profesión ante la coyuntura económica y procesal que vivimos, castigando con dureza aquellas actuaciones profesionales negligentes que han derivado en acciones frustradas en donde el perjuicio era evidente".
El incremento de pleitos y quejas está modificando los procesos de los abogados. Cada vez es más habitual que estos profesionales incorporen cláusulas y documentos en los que sus clientes adviertan haber sido informados del proceso, de sus riesgos y de los posibles resultados. Al igual que ocurrió en el sector médico con el "consentimiento informado", algo similar sucede en la Abogacía, donde cada vez es más habitual el informar por escrito al cliente de todo lo acontecido en un proceso judicial.
Jiménez explica que la obligación del abogado es de medios y no de resultado, y corresponde al reclamante demostrar la negligencia que se le imputa al letrado. Una vez que se acredite la existencia de error profesional, se debe analizar si el mismo es susceptible de generar el daño por el que se reclama, pues no todo fallo da derecho a la obtención de una indemnización. Si se establece el nexo, se ha de valorar el perjuicio sufrido, lo que se conoce como la "pérdida de oportunidad" derivada de la frustración de la acción judicial.
La Jurisprudencia determina que no se puede fijar el daño con base en la cantidad que se reclama pues el daño por una pérdida de oportunidad es hipotético y pude que no dé lugar a indemnización cuando no hay certidumbre de la probabilidad de resultado.
Son los juzgados y tribunales quienes deben valorar el daño moral (pérdida de oportunidad) en atención a los elementos que confluyen en la acción frustrada y las posibilidades de éxito de la misma.
Así, si bien la obligación del abogado es de medios y no de resultado, lo difícil de su control es que las reglas por las que se rige la profesión de abogado no están recogidas ni legalmente (salvo los requisitos procesales) ni jurisprudencialmente, si bien en los últimos años se están dictando sentencias que sientan estas reglas técnicas.
Si el cliente decide presentar su queja al Colegio, éste realiza una tarea de mediación. En el caso de que estime oportuno sancionar al abogado, el Estatuto de la Abogacía estipula que las sanciones por infracciones muy graves consisten en suspensión en el ejercicio de la abogacía por más de tres meses y hasta dos años, y para "muy determinadas" infracciones muy graves, la sanción puede ser de expulsión.
Son infracciones muy graves la comisión de delitos dolosos, en cualquier grado, como consecuencia del ejercicio de la profesión; la embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión, o el intrusismo.
También lo es apropiarse de honorarios profesionales abonados por terceros y que no le hubieren sido previamente satisfechos o cobrarse en demasía de una indemnización cuando se gana un pleito. Muchas de las quejas que reciben los colegios se deben a este último asunto.
Las sanciones por infracciones graves consisten en suspensión de hasta tres meses, y las leves, en apercibimiento por escrito.
Si el cliente no queda satisfecho con la mediación del colegio de abogados, acude a los tribunales.
Baremos de honorarios y coste real
El Tribunal Supremo acaba de establecer que es legal que una empresa de seguros –en este caso La Estrella y Grupo Generali– establezca baremos de honorarios por debajo de los que fija el Colegio de abogados e, incluso, el coste real. Letrados del sector cuentan que es cada vez más habitual que las aseguradoras impongan baremos de honorarios a los abogados que contratan y que se guíen por los que marcan los colegios.
Sin embargo, esta práctica no impide que en ocasiones los honorarios sean más bajos que los que estipula el Colegio, como en la sentencia del Alto Tribunal, que los avala por haber sido aceptado por los abogados y, en casos de elevada cuantía o complejidad, estas compañías permiten a determinados abogados minutar por encima del baremo.
Los grandes bufetes que hace unos años eran reacios a trabajar con aseguradoras al ver ello incompatible con sus honorarios se están prestando ahora cada vez más a trabajar con las aseguradoras aunque ello les lleve a aceptar minutar aplicando los baremos.
