viernes, 10 de mayo de 2013

Argentina: Los colegios de abogados también impugnarán la ley K

La entidad que los nuclea considera inconstitucional la reforma.
POR LUCIO FERNÁNDEZ MOORES
Rechazo. La Federación Argentina de Abogados.
a la Justicia./DIEGO WALDMANN
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 colegios de abogados de todo el país, anunció ayer que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia por las reformas impulsadas por el Gobierno en el Consejo de la Magistratura y la tramitación de medidas cautelares.

La presentación, en una sola demanda, será presentada apenas sea publicada en el Boletín Oficial la ley aprobada el miércoles por el Senado y que amplía de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, lo que le otorgará la mayoría para suspender a un juez al kirchnerismo o al Gobierno que lo suceda.

“¿Por qué es tan grave esta reforma?”, le preguntaron al abogado Maximiliano Toricelli, autor de la demanda, junto con otros abogados. “Porque se pierde la independencia que debe tener un juez. Ahora va a depender del gobierno de turno”, respondió.

Esto es por la modificación de las mayorías necesarias para iniciar el proceso de remoción de un magistrado, que antes era de 2/3 de los consejeros de la Magistratura y ahora alcanzará con la mitad más uno de sus miembros. Y el diseño kirchnerista da esa mayoría al Gobierno de turno, explicaron.

Rodeado de medio centenar de presidentes de colegios de abogados de todo el país, el titular de la FACA, Ricardo de Felipe, sostuvo que “esta reforma vulnera la Constitución ”. Además, destacó que los colegios se comprometieron a formular más demandas en sus distritos, de acuerdo a los estatutos de cada uno de ellos. Y que recurrirán, en caso de fracaso, a la OEA.

“Uno de cada tres abogados del país es bonaerense y la colegiación de esa provincia acompañará institucional y personalmente las acciones que emprendió la Federación”, adelantó el presidente del Colegio de Abogados bonaerense, Bienvenido Rodríguez Basalo.

Toricelli explicó que la demanda apuntará a la nueva composición y representación política en el Consejo y pedirá la aplicación de una medida cautelar que frene la aplicación de la ley y, por ese caso concreto, se pedirá la invalidez del nuevo régimen de las cautelares.

En concreto, se dirá que se viola el “equilibrio” del que habla la Constitución entre los representantes de los sectores que integran el organismo y se objetará que con la nueva ley los únicos estamentos que tendrán representantes son el Poder Ejecutivo y las cámaras de Diputados y Senadores, ya que a los jueces, abogados y académicos se los elegirá por el voto popular en las elecciones generales, dentro de las listas partidarias.

Fuente: Clarín

España: Curso del Colegio de Abogados de Madrid en materia de extranjería

“La doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 343/2011 respecto del Reglamento de la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros”
El Colegio de Abogados de Madrid, dentro del Programa de Formación continua del Turno de Oficio, organiza esta jornada sobre la Sentencia del recurso 343/11, de la Secc. 3ª, Sala de lo Contencioso Administrativo sobre el Reglamento 557/11 de desarrollo de la LO 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, resolución judicial que anula determinados preceptos de dicho Reglamento por su disconformidad a Derecho.

Para esta ocasión, cuenta con la colaboración del Ilmo. Sr. D. Pedro Escribano Testaud, Magistrado adscrito al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que desarrollará la visión de la Sala al respecto.

Por otra parte contarán con D. José Moreno Díaz, abogado responsable del Área de Inmigración de CCOO, desarrollará su punto de vista como letrado al respecto de esta jurisprudencia y el alcance de la misma.

La jornada se celebra hoy 9 de mayo en horario de 16:30 a 19:30 hroas en el Salón de Actos del ICAM.

El coste de la inscripción es de 15€ para los letrados adscritos al Turno de Oficio y de 25€ para el resto de los colegiados en el ICAM. El aforo está limitado a 80 plazas.

La inscripción puede realizarse a través de la página web, mediante correo electrónico en la dirección cei@icam.es; por fax en el número 91 431 71 91; o en las dependencias del Centro de Estudios de 9:00 a 20:00 horas.

Argentina: Judiciales advierte por el pedido de Abogados

El sindicato reflexiona ante el "insólito planteo a tratarse en Asamblea del Colegio de Abogados de Rosario, para considerar la solicitud de que se forme Tribunal de Enjuiciamiento a Magistrados del Fuero Laboral".

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Prov. de Santa Fe se ve en la obligación de transmitir algunas reflexiones, pues la gravedad de lo planteado lo amerita absolutamente.

Todos quienes conocemos la gravísima situación del fuero laboral rosarino sabemos que la causa central y fundamental es el abandono presupuestario que sufre desde hace años. También sabemos que lo que funciona, a pesar de ese abandono, se hace en función al esfuerzo personal de magistrados, funcionarios y trabajadores que en situaciones adversas desde todo punto de vista intentan suplir el desinterés del poder político por remediar esta situación.

Lo más grave de lo planteado es la hipótesis de que avance. Cualquiera puede imaginarse el escenario que este novedoso e inédito planteo de " jury al por mayor" lograría. No creemos que nadie se puede beneficiar de ese caos, pero los trabajadores seguro que no.

Por eso, como integrantes de un estamento importante para el funcionamiento del Poder Judicial, instamos a que todos reflexionemos, generemos ámbitos de diálogo, tendientes a resolver la gran cuestión que nos agrede a todos: la ya obscena falta de recursos humanos y materiales que sufre nuestro fuero laboral.

Fuente: Sin Mordaza

Perú: Decano de Abogados formaliza denuncia contra presidente regional de Pasco

09 MAYO 2013 | PASCO -
Fotos: Gunder Gómez
El decano del Colegio de Abogados de Pasco, Armando Ríos Cervantes, formalizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Pasco, contra del presidente regional, Klever Meléndez Gamarra y el Comité Especial Ad Hoc, por el presunto delito de colusión desleal en el proceso de selección licitación pública: "Contratación para la elaboración del expediente técnico y ejecución del mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión".

Refirió que en la licitación pública existirían presuntas irregularidades por parte del comité especial, debido a que la buena pro fue otorgada a un consorcio que no tendría experiencia en la construcción de este tipo de edificaciones en el sector salud. Dejando entrever que se habría favorecido a empresas sin experiencia.

Pese a que el comité conocía que no podían participar empresas sin experiencia, se otorgó al buena pro, con ello se demostraría que se habría comedido el ilícito penal", resaltó.

Fuente: Diario Correo

jueves, 9 de mayo de 2013

España: Gumpert, en la cuerda floja por un «pacto secreto»

P. Gómez. 
El culebrón en torno a las elecciones al Colegio de Abogados celebradas el 18 de diciembre de 2012 parece estar lejos de vivir su último capítulo. Tras la imputación de la actual decana y de toda su junta por las posibles irregularidades de la noche electoral, ahora es el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad el que se ha lanzado a investigar a fondo los posibles pactos electorales secretos suscritos por el entorno del actual equipo de Gobierno.

Se trata de una investigación iniciada a raíz del recurso presentado ante este órgano por el anterior decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil. Tal y como informó «Expansión» el pasado 11 de abril, Hernández Gil pidió entonces al Consejo de Colegios estudiar los posibles pactos «que podrían existir y que no se hicieron públicos como obliga la normativa legal».

En este contexto, y según ha podido confirmar LA RAZÓN, el Consejo de Colegios ha recibido ya toda la documentación relativa a un pacto previo que Gumpert no comunicó al resto de candidatos. El citado acuerdo lo suscribió la actual decana con la Agrupación Pro Abogacía (APRA). A través de los dos escritos que han sido presentados –con fechas del 25 de octubre de 2011 y del 16 de mayo de 2012– APRA se comprometió a dirigir la campaña electoral, a redactar el programa, a sufragar económicamente la candidatura y a elegir a los miembros de la misma. En esos escritos, a los que ha tenido acceso este diario, APRA designa asimismo a Sonia Gumpert como candidata a decana del ICAM. En ambas reuniones, las personas que dan contenido y firman los documentos son los letrados Alejandro Pintó, Jorge Tomás Pintó, Juan José Sánchez Puig y la propia Gumpert. Al fin y a la postre, el acuerdo con APRA fue el que aupó a la «Candidatura Sonia Gumpert» –así fue designada también por APRA la lista– a la victoria en las urnas.

Precisamente toda esta documentación ha sido entregada esta semana y ha sido admitida como prueba, tras la providencia del pasado 22 de abril en la que el secretario del Consejo de Colegios de la Comunidad instaba a aportar los expedientes relativos a dicho pacto.

Este pacto no fue comunicado a la comisión electoral, después de que ésta solicitara a todos los candidatos poner en conocimiento «los acuerdos electorales a los que se haya llegado para dar también publicidad a los mismos». Fue entonces cuando la candidatura de Gumpert se vio obligada a hacer público el pacto que había alcanzado con la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Esta comunicación se produjo tras la denuncia del anterior decano a la comisión electoral. El acuerdo Gumpert-Altodo sólo se había comunicado hasta ese momento a través de la propia web de Altodo. Finalmente, el 14 de diciembre se colgó en la web del ICAM el acuerdo. En el documento firmado por ambas partes, Altodo se comprometía a aportar a la candidatura que resultó ganadora un total de 900 votos. Una vez recibida esta información, el Consejo de Colegios de Abogados –formado por 15 miembros ligados en su mayoría Scon el ICAM– deberá resolver el contencioso en los próximos meses. En el caso de considerar que el pacto con APRA debería haber sido comunicado, podría resolver la anulación de los resultados y la convocatoria de nuevos comicios.

Las elecciones más polémicas
El pasado 18 de diciembre los abogados madrileños eligieron a su decano para los próximos cinco años. La ganadora en las urnas fue, por primera vez en la historia del ICAM, una mujer. Sonia Gumpert doblaba en votos al actual decano, pero la noche electoral quedó marcada por los incidentes. Varias de las candidaturas acusaron entonces a miembros de la lista encabezada por Gumpert de llevarse unos ordenadores que habían utilizado durante todo el día para hacer un seguimiento informatizado de los comicios y valorar los porcentajes de participación. La tensión fue en aumento y tuvo que poner orden la Policía. Tras varios días de deliberación, Gumpert era proclamada decana. Sin embargo, las denuncias de sus rivales desembocaron en abril en la imputación de los miembros electos de la junta por un posible delito de revelación de secretos. A este frente judicial abierto, Gumpert ha tenido que hacer frente a tres importantes dimisiones en su junta en pocos meses. Dos secretarios y la tesorera renunciaron por importantes desacuerdos con el actual equipo de gobierno.

Fuente: La Razón

Paraguay: EFE 08/05/2013 El Colegio de Abogados de Cáceres y el Colegio de Procuradores firman un convenio con Instituciones Penitenciarias mediante el cual los condenados por delitos que no conllevan penas de privación de libertad, sino trabajos en beneficio de la comunidad, podrán cumplir éstas con trabajos en ambas entidades colegiales. Los decanos de los dos colegios, Carmelo Cascón y Antonio Roncero, respectivamente, y el director del centro penitenciario de Cáceres, José Pedro Reyes, han presentado este convenio. Según lo acordado, en el Colegio de Abogados se va a recibir a tres penados para colaborar en diferentes servicios, de los cuales uno ya se ha incorporado, y en el de procuradores de momento va a ser uno. El director del centro penitenciario señala que en la actualidad hay 506 penados en la provincia que están cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad y explica que para cumplir con esta cantidad de sanciones se ven obligados a acudir a instituciones públicas, privadas y ONGs. En total, cuentan con 283 entidades colaboradoras, de los cuales 231 son ayuntamientos y el Consistorio de Cáceres es el que más plazas tiene en convenio, de 22, de las cuales están ocupadas 12. Reyes se ha mostrado satisfecho por estas colaboraciones, pero también ha hecho un llamamiento a las instituciones y ONGs ya que se necesitan más recursos. El decano del Colegio de Abogados, Carmelo Gascón, recuerda que desde hace muchos años se preocupan por los temas relacionados con los derechos humanos y, sobre estas personas "normales y corrientes que cometen un desliz en su vida", destaca que tienen derecho a una rehabilitación lo más inmediata posible. Por su parte, Antonio Roncero indica que abogados y procuradores son de los pocos colectivos profesionales que, no solo en este caso, sino desde hace tiempo prestan servicios públicos notables a la ciudadanía como el turno de oficio, servicio de orientación jurídica o servicios de notificaciones

ANAHÍ CORONEL
El 2 de julio próximo, el Colegio de Abogados de Alto Paraná estaría presentando a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, el abogado Paraguayo Cubas, miembro del Colegio, expresó que presentó una moción al gremio, de modo a que éste sea el encargado de preparar los fundamentos para un eventual juicio político a todos los ministros de la Corte y, posteriormente, presentar esos motivos a Diputados, como cámara acusadora, para que el proyecto sea patrocinado por algunos legisladores, especialmente por los de Alto Paraná, “si es que tienen los pantalones bien puestos”, aclaró Cubas.

“No podemos empezar un nuevo gobierno con una Corte que está totalmente tomada por el cáncer de la injusticia”, afirmó el abogado.
Según Cubas, el Colegio de Abogados de Alto Paraná analizará su moción el jueves de la próxima semana.

spaña: Penados con trabajos comunitarios podrán hacerlos en los colegios de abogados y procuradores de Cáceres

EFE 08/05/2013
El Colegio de Abogados de Cáceres y el Colegio de Procuradores firman un convenio con Instituciones Penitenciarias mediante el cual los condenados por delitos que no conllevan penas de privación de libertad, sino trabajos en beneficio de la comunidad, podrán cumplir éstas con trabajos en ambas entidades colegiales.

Los decanos de los dos colegios, Carmelo Cascón y Antonio Roncero, respectivamente, y el director del centro penitenciario de Cáceres, José Pedro Reyes, han presentado este convenio.

Según lo acordado, en el Colegio de Abogados se va a recibir a tres penados para colaborar en diferentes servicios, de los cuales uno ya se ha incorporado, y en el de procuradores de momento va a ser uno.

El director del centro penitenciario señala que en la actualidad hay 506 penados en la provincia que están cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad y explica que para cumplir con esta cantidad de sanciones se ven obligados a acudir a instituciones públicas, privadas y ONGs.

En total, cuentan con 283 entidades colaboradoras, de los cuales 231 son ayuntamientos y el Consistorio de Cáceres es el que más plazas tiene en convenio, de 22, de las cuales están ocupadas 12.

Reyes se ha mostrado satisfecho por estas colaboraciones, pero también ha hecho un llamamiento a las instituciones y ONGs ya que se necesitan más recursos.

El decano del Colegio de Abogados, Carmelo Gascón, recuerda que desde hace muchos años se preocupan por los temas relacionados con los derechos humanos y, sobre estas personas "normales y corrientes que cometen un desliz en su vida", destaca que tienen derecho a una rehabilitación lo más inmediata posible.

Por su parte, Antonio Roncero indica que abogados y procuradores son de los pocos colectivos profesionales que, no solo en este caso, sino desde hace tiempo prestan servicios públicos notables a la ciudadanía como el turno de oficio, servicio de orientación jurídica o servicios de notificaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz