Para Colombo, el fallo del tribunal tucumano podría encuadrarse como
“denegación de justicia”, lo que pondría al Estado “a las puertas de una
responsabilidad internacional” si el caso se mantiene con ese resultado.
Por Mariana Carbajal
Está conmovido por el veredicto del tribunal tucumano que absolvió a
los 13 imputados por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita
Verón. El fiscal Marcelo Colombo es, probablemente, quien más conoce sobre el
delito de trata en el país. Desde hace varios años conduce la Unidad Fiscal de
Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la
Procuración General de la Nación. Desde ese lugar, realiza el seguimiento de
todos los juicios que se llevan adelante en el país, y brinda asistencia y
acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias prostibularias. En
una extensa entrevista con Página/12, desgranó ese mundo sórdido, donde las
mujeres son convertidas en esclavas sexuales, reveló los prejuicios que
persisten entre jueces para escuchar a las víctimas y que terminan protegiendo
a los proxenetas, lamentó las complicidades político-judicial-policiales que
los amparan, precisó la cantidad de condenas y procesamientos por trata que ya
hay en la Argentina y advirtió que “la denegación de justicia” en el caso de la
joven tucumana “coloca al Estado Argentino a las puertas una responsabilidad
internacional, si el caso se mantiene con este resultado”.
La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente “fueron
introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad”, señaló Colombo
en diálogo con este diario. El estereotipo más frecuente entre los jueces es
que las sobrevivientes de trata “mienten”, apuntó. Para dar una idea del dinero
que mueven las redes prostibularias, el fiscal dio un ejemplo concreto: “Un
prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo
una ganancia neta de 10 millones de pesos”. A su entender, en los casos de
trata “sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por
jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo
y además de un imperativo constitucional”.
–¿Cuál es su opinión del fallo que absolvió a los 13 imputados por
la desaparición y la promoción de la prostitución de Marita Verón?
–El caso es en sí mismo una muestra de cómo el Estado –en este caso
a través de las agencias policiales y judiciales provinciales que
intervinieron– frustró el derecho a acceso a la Justicia de Susana Trimarco y
su familia para averiguar lo que le pasó a su hija y sancionar a los
responsables de su secuestro. Recordemos que es un caso iniciado seis años
antes de la sanción de la Ley de Trata que impuso la federalización del delito
y el establecimiento de dispositivos de investigación del delito y asistencia a
sus víctimas.
–El caso llegó a instancias de un juicio oral luego de diez años de
batallas judiciales...
–Sí, y lo primero que hay que destacar es que si hasta ahí llegó fue
por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, y de los abogados que
la acompañaron en esa tarea. Recordemos, además, que para ello tuvo que
investigar el caso por su cuenta, enfrentando y denunciando a buena parte de
las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas lego-procesales,
le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de
debate, en suma, fue gracias a ella. En lo que hace al fallo, si bien no se
conoce la totalidad de sus fundamentos, las líneas argumentales adelantadas en
el momento de la lectura del veredicto y que el tribunal habría tenido en
cuenta para pronunciarse, sumado al frustrante resultado final alcanzado, nos
muestran la nula relevancia probatoria que les dio a los testimonios de las
otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas
imputadas. Esas chicas, además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus
propios infiernos y padecimientos, mostrando el rostro inhumano del sistema
prostibulario: abuso, violaciones, rotación de mujeres como objetos entre
prostíbulos. Un sistema que aún hoy sigue naturalizado y visto en clave
inocente y edulcorada. Desde la PGN hemos sacado un comunicado, junto a la
responsable del Programa de Políticas Género creado por la procuradora
Alejandra Gils Carbó, en donde enfatizamos que los valientes testimonios de las
mujeres prostituidas habían sido ignorados, malinterpretados o subestimados. O
quizá todo a la vez. La denegación de justicia que implicó este caso, en
primera medida por la gran cantidad de errores e ilicitudes sucedidas durante
la instrucción, y que Trimarco detalló con el rigor de un actuario en el
juicio, y en segundo término por la sesgada interpretación que luego se hace en
el juicio de la prueba testimonial de las mujeres, coloca al Estado argentino a
las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este
resultado.
–De su experiencia en otros juicios de trata, ¿observa que a los
jueces les cuesta creerles a mujeres que han sido obligadas a prostituirse?
–La causa recurrente de ello es el preconcepto sexista y clasista
que, en general, portan los operadores del sistema judicial. Eso conduce a que
no se conciba un testimonio de esas características como un testimonio
especialísimo, y que como tal precisa de recaudos también especiales para su
producción e interpretación. Son personas que soportaron prácticas abusivas
extremas muy lejanas a las historias vitales de quienes integran la rama
judicial. El prejuicio sobre la mujer prostituida se empieza así a construir
sobre la base de una nula empatía con su situación, o una improbable capacidad
del juez de colocarse en el lugar de esa víctima demasiada lejana y ajena a él.
–¿Qué consecuencias tiene esa situación?
–Se traduce en el modo desaprensivo y descuidado en que se las escucha.
Sin el recaudo de retirar del recinto del debate a los imputados que la
sometieron, ni de limitar las preguntas de la defensa a las cuestiones que
hacen estrictamente a los hechos y no a sus vidas, que sea sólo el juez el que
dirige las preguntas previo análisis sobre su admisibilidad, que sea acompañada
en la testimonial con un apoyo psicológico profesional, entre otras importantes
cuestiones prácticas. La segunda consecuencia del prejuicio del operador se
nota en la interpretación de ese testimonio.
–¿Cómo se lo escucha?
–Se lo examina como un testimonio más, sin conciencia ni registro de
la problemática psicológica que enfrentan esas mujeres cada vez que intentan el
recuerdo de situaciones traumáticas. Todo lo cual lleva a muchos jueces a
exigir de sus relatos un grado de precisión, detalle y cronología incompatibles
con aquella traumática situación vivencial. Se acuerdan lo que pueden, pero no
por eso mienten. Y esto se conecta con la responsabilidad internacional que
tiene el Estado para abordar adecuadamente los casos de violencia contra las
mujeres, exigiendo que esa violencia no quede impune, que se respalde a las
víctimas y se reivindique el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –integrado
por expertos internacionales que juzgan los avances y retrocesos en la
implementación por parte de los países de la Convención Cedaw– así lo ha
señalado en reiteradas oportunidades, explicando que la aplicación de
estereotipos en el juzgamiento de hechos que involucran a la mujer como
víctimas afecta el derecho a un juicio imparcial y justo.
–¿Qué obstáculos hay dentro del ámbito de la Justicia para perseguir
este delito?
–En los actuales casos de trata no se podría hablar de una demora
como la que se observó en el caso de Marita Verón porque la ley es de hace sólo
cuatro años. Los casos de trata que más complicaciones tienen para avanzar son
aquellos en los que se encuentran complicidades políticas y en las fuerzas de
seguridad para amparar el delito.
–¿Qué ha sucedido en esos casos?
–Los casos de complicidad policial y política en los que mejor se ha
avanzado fueron investigados, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por la
Justicia de instrucción. En ellos se imputó complicidad a funcionarios que
protegían el funcionamiento de prostíbulos. Hay un caso con procesamiento
confirmado de la plana mayor de una comisaría que marcha hacia el juicio oral,
una investigación en la que colabora la Ufase junto al fiscal Fernando Fiszer,
y recientemente se dictó una condena por delitos cometidos en la comisaría con
jurisdicción en Saavedra fruto de una investigación realizada por el fiscal
José Campagnoli, en donde la protección a prostíbulos aparecía como uno de los
rubros ilegales encubiertos.
–¿Y en el fuero federal?
–En el fuero federal existe otra investigación en la que
participamos junto al fiscal Federico Delgado en la que se ha logrado imputar
encubrimiento y participación de funcionarios públicos en la protección de un
prostíbulo, que se encuentra demorada por una discusión de competencia en la
Cámara Federal.
–¿Se ha llevado a juicio a algún personaje poderoso?
–Si bien la regla general de las condenas no refleja sanciones a
grandes bandas, como señalé, el costado de la connivencia
político-judicial-policial es el más difícil de los casos. Algunas últimas
condenas muestran que algunos personajes condenados son poderosos o peligrosos.
Un último antecedente judicial de Paraná mostró cómo uno de los después
condenados llamaba por teléfono a los jueces del tribunal oral que tenía que
resolver su situación para amenazarlos. Por vía indirecta esa amenaza también
la sufrió nuestro fiscal federal de juicio, Candiotti. De todos modos, ése es
un aspecto a mejorar, llevar a juicio a los tratantes y a los funcionarios
públicos cómplices.
–¿Cómo caracterizaría a las redes de trata en el país? Son grandes o
pequeñas? ¿Cuánto dinero se estima que mueven?
–En lo que hace a la trata con fin de explotación sexual, el negocio
del dinero se produce en el prostíbulo. La ganancia grande la obtiene el
explotador de la red prostibularia. Le doy algunos ejemplos: un prostíbulo de
nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia
neta de 10 millones de pesos. Eso lo acreditamos, estudio pericial mediante, en
el expediente judicial. Las etapas previas a la explotación, la captación y el
transporte no resultan para nada costosas en términos de inversión y de mercado
ilegal, y por eso no son redituables para esos intermediarios. El precio de una
persona captada es muy bajo en comparación con lo que obtiene el explotador con
su explotación. Los tratantes se valen básicamente de la situación de
vulnerabilidad de la víctima, que no es otra cosa que la falta de opciones de
vida dignas y pobreza. También del engaño, engaño que tiene más posibilidades
de éxito cuanto menos educación y acceso a derechos tenga la mujer.
–Se avanzó significativamente en estos últimos años para combatir el
delito de trata: mayor visibilización del delito, una ley, dispositivos de
asistencia a víctimas, divisiones de fuerzas de seguridad especializadas,
cursos de capacitación a funcionarios de la Justicia, normas locales que
prohíben los prostíbulos. Sin embargo, las mafias siguen operando. ¿Qué medidas
se deben implementar o profundizar para que la persecución del delito sea más
eficiente?
–Nuestro rol es ver el medio vaso vacío. La cantidad de
procesamientos y condenas dictados en la Argentina está entre los más altos de
la región. Pero eso hay que mejorarlo, llevando a juicio casos más importantes,
con imputados más poderosos y logrando el decomiso del dinero obtenido por la
explotación de las personas. También debe trabajarse más y mejor por fuera del
caso penal, para que las víctimas tengan la posibilidad de tener asesoramiento
legal gratuito también para demandar civilmente a los tratantes. El escenario
judicial de un reclamo civil tiene menos dificultades que uno penal, es más
sencillo obtener un reconocimiento del daño patrimonial efectuado. Las
organizaciones de la sociedad civil deben tener un espacio más definido para
ser escuchadas, actuar y colaborar en esta materia. El proyecto de reforma a la
ley –que será debatido la semana próxima a partir del llamado a sesiones
extraordinarias por parte de la Presidenta– les otorga un espacio dentro de un
Consejo Federal. De cualquier modo, los funcionarios tenemos que trabajar día a
día en contribuir a un diálogo fluido con ellas, que representan a la sociedad
no política organizada. En fin, hay mucho por hacer.
–¿Qué medidas considera más urgentes?
–Desde el punto de vista de las investigaciones, lo más urgente es
cambiar el Código Procesal Penal de la Nación por un modelo acusatorio que nos
otorgue a los fiscales la obligación y la facultad para investigar todos los
casos de trata de personas. Hoy la investigación está en manos de un juez de
instrucción federal. En los casos de trata sería importante evaluar la
posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de
poder de decisión directo para el pueblo y además un imperativo constitucional.
También establecer un sistema o dispositivo más ágil y eficaz para encontrar
personas desaparecidas.
–¿Sirven las leyes que prohíben los prostíbulos? Mujeres que se
definen como trabajadoras sexuales las rechazan, dicen que las empujan a la
calle, donde son más vulnerables a las coimas de policías y quedan más
expuestas a situaciones de violencia.
–La discusión acerca de lo que representa un prostíbulo para la ley,
la trata de personas y la explotación sexual de mujeres se dio en la Argentina
ya en el año 1937. Se dijo por intermedio de una norma, apoyada en estudios
empíricos de la Liga de las Naciones, que los prostíbulos eran terreno fértil
para la esclavización de la mujer. Eso se replica en nuestros días, exactamente
del mismo modo. Los prostíbulos están llenos de mujeres pobres. Es decir, el
móvil es la necesidad frente a la situación desigual y no la libre elección.
Respondiendo su pregunta, las reglas no escritas del prostíbulo son de por sí
las más violentas. Imposibilidad de rechazar un denominado cliente por la razón
que fuera, dominio de la sexualidad por la exclusividad de tener que hacer
pases para el bolsillo de otro, amenazas, golpes y malos tratos del proxeneta
pero también de los que clientes, “sanciones económicas por no cumplir
horarios, desorden, y faltas nunca bien descriptas y siempre aplicadas”, manejo
del dinero por parte de quien la explota. Hay muchos estudios realizados que
muestran los daños, todavía invisibilizados de la práctica prostibularia. El
consejo para la alternativa de las prostitutas en Portland, Oregon, estableció
en un informe realizado a 179 mujeres que dejaron la prostitución prostibularia
en la década del 90 que el 78 por ciento había sido víctima de violación, el 48
por ciento violada por sus proxenetas en un promedio de 16 veces al año.
–Si tuviera a clientes de prostíbulos delante... ¿qué les diría?
–Que son funcionales a la trata de personas, que la abrumadora
mayoría de las mujeres en situación prostibularia son vulnerables, pobres, no
tuvieron la posibilidad de estudiar y tener un plan de vida al igual que ellos,
que están ahí por necesidad y no por placer, que la mayoría de ellas fueron
introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad, que el dinero
que ellos pagan va a los bolsillos de los explotadores y los cómplices
públicos. No hay nada naïf y divertido en eso.
Fuente: Página/12
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