Bolivia: Abogados se pronuncian contra proyecto de ley

POSICIÓN. Colegios de Abogados esperan que
sus observaciones sean atendidas

Los colegios de abogados de Bolivia rechazan el proyecto de Ley del Ejercicio de la Abogacía que pretende imponer el Órgano Ejecutivo por ser atentatorio para la colegiatura cuando propone el registro obligatorio de los abogados en el Ministerio de Justicia y optativo para los colegios.

“La aprobación de ese proyecto significaría el tiro de gracia de los colegios de abogados”, señaló la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, quien lamentó que se haya desestimado el proyecto de ley casi consensuado en una comisión de Diputados y que ahora se tramite otro proyecto en Senadores.

Salame reveló que las observaciones de los colegios de abogados fueron atendidas por una comisión de Diputados y sólo restaba dos artículos para consensuar pero sorpresivamente el tratamiento fue remitido a Senadores dejando de lado todos los puntos acordados.

Aseguró que el proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, propone que el Tribunal de Honor esté en manos de ese Ministerio y se desconocía la personería jurídica de los colegios de abogados para que estén en las mismas condiciones que las nuevas asociaciones creadas por el Gobierno.

La abogada sospecha que la Ministra de Justicia logró que en el Consejo de Ministros se apruebe el proyecto propuesto por esa cartera y lo eleven a la Cámara de Senadores para que se constituya en cámara de origen.

La ex magistrada dijo que los colegios de abogados se declaran en estado de emergencia en rechazo de ese proyecto y en caso de que no se atiendan sus observaciones no descartan iniciar medidas de presión.

“Si es preciso saldremos a las calles, no vamos a permitir jamás que se considere a la profesión de la abogacía como si fuera cualquier cosa sin una garantía para la sociedad”, afirmó.

Asimismo, asegura que no es evidente que el plazo para presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa sea el 18 de junio porque el plazo de un año otorgado por el Legislativo para que se apruebe una nueva ley de la Abogacía corre desde el día de la notificación con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fue en agosto de 2012.

Fuente: CorreodelSur.com