Es por la denuncia por enriquecimiento ilícito del Colegio de Abogados de Alto Paraná. Agentes dijeron que la pesquisa tardará varios meses. En días más se presentan resultados de auditoría de 135 causas.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República un dictamen de correspondencia de los bienes e ingresos de los jueces y fiscales del Alto Paraná que fueron denunciados por el Colegio de Abogados de este departamento por supuesto enriquecimiento ilícito.
La denuncia del gremio de abogados del Este del país es en contra de los magistrados Wilfrido Velázquez, Cantalicio Ávalos, Norma Gamarra y Manuel Trinidad Colmán, además de los fiscales Nilda Cáceres, Arminda Rivas, María Graciela Colmán y Carolina Gadea.
El Ministerio Público ya solicitó a distintas entidades públicas y privadas informes para conocer el patrimonio real de cada uno de los denunciados.
Algunas de las instituciones que deberán informar sobre los bienes de los jueces y fiscales son la Dirección de Registros Públicos y el Registro Único del Automotor, así como empresas del sector privado.
Sobre este punto, la fiscala Liliana Alcaraz explicó que la totalidad de estos informes serán remitidos a la Fiscalía en los próximos meses. La agente aclaró que una investigación por enriquecimiento ilícito tarda bastante debido a la cantidad de datos que se deben cruzar y verificar.
Los fiscales a cargo de indagar a sus colegas y los jueces del Este del país son Alcaraz, Aldo Cantero, Claudia Crisicioni y René Fernández, quien coordina el equipo investigador. Este último comentó ayer que los cuatro agentes pidieron el dictamen de correspondencia a la Contraloría.
AUDITORÍA. Paralelamente, el fiscal Jorge Lebedich informó ayer que la próxima semana entregará a la Fiscalía General los resultados sobre la auditoría de gestión de 135 causas de los fiscales que fueron denunciados por enriquecimiento y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño.
Por un lado, la auditoría se centra en 110 causas de exposición al peligro en el tránsito terrestre en Alto Paraná. Esto es debido a que la denuncia de los abogados agremiados dice que los fiscales de la zona se enriquecieron con coimas de personas procesadas por dar positivo al alcotest.
Las otras 25 causas auditadas son de las fiscalas Liz Carolina Alfonzo, Carolina Gadea, María Adelaida Vázquez -ya destituida-, Nilda Cáceres y Fátima Burró. Lebedich explicó que el Jurado remitió estos procesos al Ministerio Público y son por narcotráfico, hurto y lesión de confianza, entre otros delitos.
Lebedich aclaró que la auditoría de gestión verifica si las decisiones que tomó el Ministerio Público son correctas o si se tomaron decisiones que no se ajustan a la ley.
LA DENUNCIA. En febrero pasado, el Colegio de Abogados del Alto Paraná presentó la denuncia en cuestión ante el Jurado. El documento pide que se indague a prácticamente todos los jueces del departamento por sus actuaciones en 189 casos en donde fueron liberados presuntos narcotraficantes.
Además, los abogados acompañaron sus denuncias con fotografías de las residencias de varios agentes y jueces de la zona. Según los denunciantes, las imágenes muestran que los magistrados y fiscales viven en mansiones que no pudieron haber comprado con sus sueldos del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La disputa entre los abogados y los fiscales y jueces del Alto Paraná data de hace varios años. En octubre del año pasado, todos los fiscales de Ciudad del Este decidieron inhibirse de las causas donde esté involucrado Mauro Barreto, presidente del gremio de abogados. Paraguayo Cubas, otro dirigente del Colegio, también mantuvo una disputa pública con el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
Fuente: Ultima Hora
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