Argentina: Un centenario para celebrar

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido cien años caracterizados por la defensa permanente del Estado de Derecho

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una de las instituciones de mayor prestancia del país, cumplió cien años. Los motivos por los cuales este diario se asocia a la celebración central, que tendrá lugar esta noche, se remontan al acto mismo de fundación. Allí se apuntó a jerarquizar la profesión de quienes asumen la defensa y el amparo de los intereses que se les confían, debiéndolo hacer con sentimientos de responsabilidad moral y un rigor destinado a dejar a salvo el decoro con el que actúan. 

Entre los abogados que en 1913 se decidieron a reasumir la obra discontinuada del colegio que había presidido en 1857 Eduardo Acevedo, figuraron personalidades notables de la época: Osvaldo Magnasco, Tomás Le Breton, Juan José Díaz Arana, José María Rosa, Alfredo L. Palacios, Federico Pinedo, Vicente Gallo y Horacio Beccar Varela, entre otros. Algunos de ellos tenían contraídos compromisos políticos definidos, desde los del socialismo y de la democracia progresista hasta los del radicalismo y el conservadorismo, pero todos ellos se encontraban animados por la voluntad de agotar los medios de servir mejor al país. Se trataba en este caso de asociarse a una institución que inculcara principios de conducta ejemplar en la actividad y el magisterio profesional. Sobre esos hombres aún se prolongaba en aquellos años el recuerdo de otro abogado, tan vinculado con el anterior colegio, que en un desempeño excepcional había entregado la vida misma en solidaridad activa con los vecinos de la ciudad asediados por la devastadora epidemia de fiebre amarilla de 1871, José Roque Pérez. 

El nombre de Norberto Piñero, primer presidente del Colegio, es otra constancia de los intereses superiores que encarnaron el nacimiento de la flamante institución, que durante años ocupó para sus actividades un espacio en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, espacio natural de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el presente. En ese lugar realizaba el Colegio actividades culturales, a las que puso fin, en 1948, un reclamo a tono con la politización del Poder Judicial, expresado en el juicio político que, por inspiración del Poder Ejecutivo, se había entablado un año antes contra la mayoría de los magistrados del más alto tribunal. 

Siempre consideró el Colegio un deber ineludible de los abogados aceptar el nombramiento de oficio y defensa de pobres -siendo su consultorio jurídico establecido en 1915 el más antiguo del país-, además de actuar con respeto por los magistrados y sin exposiciones indignas de su condición, como las que a menudo se desnudan hoy con obscenidad en casos resonantes, sobre todo de índole penal, en los medios audiovisuales. Su obra cultural y de interacción con el ámbito universitario en la capacitación de los noveles abogados ha sido inmensa y proporcionada a ella la magnitud de su biblioteca, desde hace tantos años desplegada en innúmeros ámbitos de la casona que ocupa en la calle Montevideo. La labor fecunda de sus comisiones en todas las ramas del derecho ha contribuido al progreso de la ciencia jurídica, de la legislación y a la formación de los abogados. El Colegio también ha interactuado con el Poder Judicial de la Nación para impulsar la digitalización del proceso judicial y ha colaborado con la justicia civil en experiencias piloto para notificaciones y cuestiones de mero trámite, entre otras iniciativas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Justicia. 

La institución cuyo centenario se celebra hoy ha luchado invariablemente por la preservación del Estado de Derecho y por el máximo respeto de la juridicidad, aun en las situaciones de fuerza que con lamentable reiteración plantearon como alternativa el drama de la anarquía y de la potencial ausencia de toda regla, sin lo cual no hay sociedad posible. Se opuso a la ley de agosto de 1983 de autoamnistía de los militares por los crímenes con los cuales el Estado contestó a los crímenes de las agrupaciones terroristas, señalando que ésa era una materia propia del Congreso Nacional, que pronto se reconstituiría. En una acción que reconoce identidad común con el desafío a las pretensiones hegemónicas de la actual administración, en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, condenó el proyecto de legisladores del Partido Justicialista que procuraban enjuiciar a diez magistrados que habían concedido amparos y medidas cautelares ante decisiones del Estado. De igual modo, ha batallado hasta el cansancio, incluso en los días que corren, contra la política gubernamental que ha pretendido avasallar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, los fueros judiciales y la independencia de ese poder, en forma mancomunada con todos lo demás colegios de abogados de nuestro país, en un esfuerzo que se vio coronado por el contundente fallo de la Corte Suprema de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de reformas al órgano que selecciona a los magistrados. 

La defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, convirtiéndose en voz y escudo de quienes entonces sólo hablaban a través de sus sentencias; la exigencia del respeto a la dignidad del abogado; la ética profesional; el arbitraje como modo de solución de conflictos; la formación de los jóvenes abogados y la atención gratuita de quienes no tienen medios a través de un consultorio jurídico han sido algunas de las principales banderas permanentes del Colegio. 

Dice la leyenda que el sello de esta entidad representa una hoja de la encina bajo cuya sombra Luis, el rey santo de Francia, administraba justicia. Esa poesía es una manifestación de las calidades que a lo largo de un siglo ha preservado esta institución tan reconocida entre nosotros como en el exterior y cuyos valores culturales reflejan una línea de tradición argentina. Es la que se abraza al estudio metódico, a la defensa del orden constitucional y de los derechos y garantías individuales en él contenidos, como al espíritu de proteger la inclusión social, extendiéndola a todos los que habitan el territorio nacional, a partir de la igualdad ante la ley y del estímulo generoso a la igualdad de oportunidades.

Fuente: La Nación