Redacción
91 abogados fueron asesinados desde 2004, de estos, 67 se registraron en
el gobierno de Lobo Sosa. El 97 por ciento están impunes.
El crimen más reciente se cometió el pasado martes en contra de la
abogada Dinia Acosta en San Pedro Sula.
El crimen más reciente se cometió el pasado martes en contra de la
abogada Dinia Acosta en San Pedro Sula. (El Heraldo)
Tegucigalpa,
Honduras
La junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se reunirá
mañana con el fiscal general óscar Chinchilla para pedir justicia por la
desatada ola criminal contra profesionales del derecho.
La cita se acordó para mañana, luego que trascendiera el asesinato de la
abogada Dinia Acosta, en San Pedro Sula, suceso que fue condenado por
el CAH.
“En virtud del último asesinato ocurrido en San Pedro Sula, estamos
citados como junta directiva a comparecer con el fiscal general óscar
Fernando Chinchilla para que nos informe de la situación de las
investigaciones”, informó Roy Urtecho, presidente del CAH.
Y es que al no tener respuesta de los móviles de los crímenes, se
entenderá que los mismos obedecen al ejercicio de la profesión.
En el encuentro, el CAH solicitará al fiscal general promover una
reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) para crear una unidad
especializada para investigar crímenes de abogados. La misma estaría
conformada por policías de investigación, fiscales y miembros del CAH
que puedan coadyuvar en las indagaciones.
Lo que se pretende es que se judicialicen los casos, que no sigan
impunes, expresó. Asimismo, que no se cometan más hechos violentos
contra profesionales del derecho.
Informó que la Unión Internacional de Abogados, con sede en Francia,
envió una nota al presidente Porfirio Lobo, solicitando que el Estado de
Honduras tome todas las medidas necesarias para que se garantice el
libre ejercicio de la profesión de los abogados.
Este organismo internacional demanda que no se atente la labor de
abogados y abogadas. La nota se remitió con copia al ministro de
Seguridad, Arturo Corrales, y a la ministra de Justicia y Derechos
Humanos, Ana Pineda.
Alta incidencia
Según registros, desde el año 2004 fueron asesinados 91 profesionales
del derecho.
De estos 79 son abogados y 12 abogadas, 38 fueron asesinados en
Tegucigalpa, 19 en San Pedro Sula, 11 en El Progreso y el resto en otras
zonas de el país, detalló.
Desde el año 2010 a la fecha, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa
fueron asesinados 67 profesionales del derecho. El año más violento fue
el 2011, con 26 asesinados, lamentó.
De acuerdo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre las
víctimas figuran fiscales del MP, jueces de Sentencia, así como asesores
legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del
Estado, de empresas agroindustriales, organizaciones campesinas,
especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de
Tránsito, de la Niñez y de Letras.
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