Dirigentes del Colegio de Abogados presentaron formal denuncia contra jueces y fiscales de Alto Paraná que beneficiaron con medidas alternativas a la prisión a procesados por narcotráfico, homicidios y otros crímenes. También piden investigar los ingresos económicos de magistrados y representantes del Ministerio Público, exponiendo fotografías de sus lujosas viviendas. Los profesionales hablan de expedientes puntuales que, demandan, sean investigados. Ciudad del Este. Agencia Regional.
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| La mansión de la fiscala Arminda Rivas, sobre quien también pesa la denuncia. |
El documento contiene fotografías, nombres de jueces y fiscales y casos puntuales en los cuales, supuestamente, se obró de manera irregular. Fue presentado por los dirigentes del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Mauro Barreto, Nidia Silvero de Prieto y Antero Prieto; en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Embajada de Estados Unidos en Asunción.
Barreto explicó que el documento que presentaron contiene casos concretos en los cuales la actuación de jueces y fiscales resulta llamativa. “Presentamos una lista de casos puntuales en los cuales jueces dan medidas alternativas a la prisión a narcos o procesados por homicidio, crímenes en los que la Ley es muy clara respecto a que no se puede. También hacemos relatos de algunos hechos, como por ejemplo un hombre que tiene 8 antecedentes penales y fue beneficiado con una medida alternativa”, comentó.
“El juez Adolfo Genes, por dar otro ejemplo, concedió unas 18 libertades en casos que no corresponderían y por eso pedimos que se revisen esos expedientes, se investigue”, añadió el abogado.
Los profesionales del foro cuestionan igualmente las mínimas penas que reciben los narcotraficantes en Alto Paraná. “En los juicios orales los narcotraficantes están recibiendo penas máximas de 5 años, cuando en Asunción se imponen penas de 14 años o más. Es raro, acá todas las condenas no pasan de 5 años de cárcel. Pedimos que se investigue”, puntualizó Barreto.
Igualmente, los documentos presentados van acompañados de fotografías de las casas de jueces y fiscales de Alto Paraná “para demostrar efectivamente cómo viven” y solicitando se indague sobre el origen de sus ganancias. Entre esas imágenes están las viviendas de las fiscalas Arminda Rivas de Monges, ubicada en el barrio La Blanca; Liz Carolina Alfonso; Nilda Cáceres; Fátima Burró y la jueza de Garantías Norma Gamarra de Martínez.
LA IMPUNIDAD TOTAL
El reporte también incluye el caso de un empleado procesado por el asesinato de una comerciante china, cuyo cuerpo se encontró escondido en una caja y en medio de sus propias mercaderías que habían sido robadas. El caso ocurrió en el 2010 y el 14 de diciembre pasado, en juicio oral el procesado fue absuelto de culpa y pena pese a las evidencias existentes en su contra y sin que la fiscala, Fátima Burró, apele la sentencia. “Es la impunidad total la que tenemos”, aseveró Mauro Barreto.
SI NO DAN MEDIDAS, LOS JUECES PUEDEN SER PROCESADOS
Días atrás, abogados “pasilleros” protestaron porque por culpa de las denuncias contra jueces realizada por el Colegio de Abogados ante la prensa y debido a las sanciones decididas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, los magistrados ya no otorgan medidas alternativas y hay superpoblación en la cárcel.
Al respecto, el presidente del gremio, Mauro Barreto dijo que recién esta semana ellos presentaron denuncias concretas, pero que de igual modo, “los jueces no dan más libertades en casos de homicidio, narcotráfico, robo y otros crímenes porque la Ley no permiten las medidas sustitutivas. En todo caso, si la Ley les permite y los jueces no están dando en cuestiones que corresponden, están cometiendo mal desempeño en sus funciones”.
Fuente: La Nación.
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