Argentina: Abogados critican una guía impulsada por Sbdar

La consulta previa debió ser más amplia, según el Colegio. La entidad lamentó la no inclusión de asociaciones vinculadas a la problemática del maltrato de menores

Sábado 11 de Mayo de 2013

VOZ DISIDENTE. García Posse (foto)
envió una nota crítica a Sbdar.
LA GACETA / FOTO DE HECTOR PERALTA
(ARCHIVO)

Un sector significativo del universo involucrado en la lucha contra el maltrato de los menores de edad quedó afuera del documento que impulsó Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Dicha reflexión resume la opinión de las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital respecto del Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. Si bien la entidad intermedia adhirió a la necesidad de mejorar la atención, reducir la victimización, y garantizar los derechos y libertades de los chicos, a renglón seguido lamentó que esa guía haya sido elaborada puertas adentro del Estado, entre agentes de los poderes Ejecutivo y Judicial. 

"Observamos con desánimo la no inclusión en la confección de este documento a otras asociaciones que también interactúan con la problemática de la infancia y la adolescencia", dice la nota que la entidad presidida por Francisco García Posse envió a la Corte el 2 de mayo pasado. La misiva, que hizo suyo un dictamen de la consejera Mariana Rey, precisa que no fueron consultados ni los servicios jurídicos gratuitos del Colegio de Abogados de la Capital, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán ni las ONG ligadas a la atención de víctimas de la violencia doméstica. "Todos ellos tienen actuaciones autónomas, pero pueden articular y diseñar mecanismos para la detección, notificación, evaluación y seguimiento de casos de maltrato o abuso infantil", añade el texto. 

Segunda vez 

El protocolo generado con el asesoramiento de Unicef y de la Asociación por los Derechos Civiles contiene directivas generales y especificaciones para las fiscalías de Instrucción; las defensorías de Menores; la Oficina de Violencia Doméstica (Poder Judicial); los médicos forenses y psicólogos, y el sector sanitario, policial y educativo. El Colegio considera que, sin perjuicio de ello, existen otras fuentes de detección del maltrato, como los profesionales que están en contacto con los menores de edad (servicios sociales comunitarios, estudios jurídicos particulares, educadores privados, clubes deportivos y entidades asimilables, etcétera). "Ellos también deberían tener herramientas para evitar la revictimización. En este tipo de documento resulta decisiva la participación las colegiaturas, asociaciones, sindicatos, clubes... y el enunciado de prácticas que orienten la actuación de quien detecte el maltrato y la violencia", apunta la nota. 

Los letrados sugirieron ampliar el alcance de la iniciativa con medidas informativas de tipo general como una línea telefónica gratuita y un portal digital. "Adicionalmente aconsejamos que cada sector involucrado con la infancia y la adolescencia tenga un protocolo propio que pueda ser complementario del que generó la Corte Suprema", manifiesta el Colegio. 

No es la primera vez que la guía promovida por Sbdar recibe reparos. El 11 de marzo, día en que esta fue presentada oficialmente, Antonio Gandur y Antonio Estofán, respectivos vocal y presidente de la CSJT, expresaron en público sus disidencias por medio de la carta que leyó la funcionaria Ana María Gollán. Entre otras observaciones, dijeron que el documento no había sido discutido en el interior del alto tribunal. Al día siguiente, Sbdar precisó que el 18 de febrero pasado había entregado el protocolo a sus pares del alto tribunal, según la Secretaría de la Superintendencia, y que este asunto había integrado el temario de la única reunión de la Corte celebrada hasta ese momento. 

Previamente, la vocal había asegurado que el protocolo estaba sujeto a revisión y a ajustes, y añadido: "este trabajo interinstitucional empezó en 2009 y refleja el consenso de los funcionarios que trabajaron en él. No es mi opinión ni la de la Corte, sino la de los actores involucrados en la investigación de delitos contra niños, niñas y adolescentes".

Fuente: La Gaceta