LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FUE SOMETIDA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo
El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD), respaldó la acción de inconstitucionalidad directa contra dos artículos de la Ley 2334 sobre registro de los actos judiciales y extrajudiciales que impone un impuesto en muchos casos oneroso e incosteable para retirar sentencias de los tribunales, provocando la indefensión de muchos ciudadanos que abandonan procesos legales por carencias económicas.
El presidente de la entidad, doctor José Fernando Pérez Volquez, dijo que la disposición legal viola los principios constitucionales de gratuidad de la justicia, tutela judicial y el debido proceso.
En ese sentido, el presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho sostiene que se une a la acción de inconstitucionalidad presentado por ante el Tribunal Constitucional, por el abogado y dirigente político Ángel Lockward.
Pérez Volquez expresó que en muchas ocasiones ocurren casos de personas de escasos recursos que no tienen para pagar las tasas impuestas por la Dirección de Registro de Civil para retirar las sentencias y pierden oportunidades para apelar, ejecutar o interponer cualquier otro recurso, por lo que a su juicio lamentablemente pierden los plazos para hacerlos.
Manifestó que una justicia accesible, oportuna y gratuita, es la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ambas garantías establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la Republica.
Garantizó que el gremio que preside seguirá la lucha a fin de que el Congreso haga una nueva legislación sobre pago de derechos de registro que esté acorde con la Constitución de la República.
De su lado, Lockward aclaró que la acción de inconstitucionalidad lo que busca es declarar contrarios a la Constitución los artículos 13 y 41 de la Ley 2334, referentes al llamado derecho proporcional, específicamente al pago de las tasas para retirar las sentencias de la Dirección de Registro Civil, que resultan muchas veces onerosas para los ciudadanos envueltos en procesos judiciales.
Manifestó que el peor de los casos, después de pagar tasas tan altas las cuales son deducidas proporcionalmente sobre los montos envueltos en las sentencias, la Corte de Apelación baja el monto o la revoca o anula, por lo que el ciudadano pierde el dinero pagado por las tasas.
Dijo que en torno al recurso de inconstitucionalidad que interpuso, la Procuraduría General de la República, dictaminó acoger dicha acción, a los fines de viabilizar el acceso a la justicia, garantizando de esa manera los derechos y garantías fundamentales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la justicia.
Fuente: Listin Diario
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